Hay derrotas políticas que se producen en una elección, en una crisis económica o en una guerra: el partido de gobierno es responsable y carga con la culpa pública. Otras derrotas ocurren cuando una tradición ideológica descubre que una parte importante de lo que defendió durante años pasa vergüenza en su contraste con la realidad. Para una parte de la centro-izquierda democrática, 2026 puede adquirir este segundo carácter, porque una serie de hechos parecen tener el valor de dejar sin sentido su voz ético-política, como lo hizo la caída del Muro de Berlín con el comunismo.
Algo de eso ocurre ahora con Venezuela y con quienes, durante años, ofrecieron cobertura política, diplomática o discursiva al chavismo. El problema no es haber sostenido una estrategia gradualista, ni haber creído en algún momento que el diálogo con Chávez o Maduro podía abrir una salida. El problema es más grave: las revelaciones sobre el rol de José Luis Rodríguez Zapatero, si se confirman, sugieren que lo que durante años fue presentado como mediación, “contención”, pragmatismo o resistencia al imperialismo podía convivir y confundirse con negocios privados alrededor de una dictadura criminal. Hace medio siglo, la novedad detrás del Muro de Berlín no fue que hubiera represión o que los alemanes del Este odiaran vivir en un Estado policial. Eso ya se sabía. La novedad fue que se volvió imposible, para la izquierda occidental, seguir diciendo que todo aquello era una exageración de los enemigos.
Durante más de una década, Zapatero fue una figura central de la “mediación” entre el régimen venezolano y la oposición. Con el tiempo, sin embargo, su imparcialidad fue cada vez más cuestionada por dirigentes opositores venezolanos, entre ellos María Corina Machado. Durante las elecciones presidenciales de 2024 estuvo en Venezuela, pero no denunció con claridad el fraude ni exigió la publicación de las actas con la contundencia que la situación requería. Después participó en la salida de Edmundo González hacia España, una operación en la que se sospecha que impuso condiciones de silencio a un perseguido político. Un modo de operar que no se habría limitado a este caso. Para sus defensores, preservaba un canal útil con Maduro; para sus críticos, su silencio funcionaba como legitimación del régimen.
El oro de Caracas
Hasta ahí, podía parecer una discusión política sobre los límites del diálogo. Pero la investigación del caso Plus Ultra cambió la naturaleza del problema. La Audiencia Nacional española, similar a nuestra justicia federal, investiga el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra y sus posibles conexiones políticas. Medios españoles han informado que la pesquisa apunta a transferencias de empresarios venezolanos a sociedades del entorno de Zapatero, a pagos a entidades vinculadas a él y a sus hijas, y a operaciones con ramificaciones en Venezuela, China, petróleo y oro.
Un presidente que había terminado su gestión con logros políticos de carácter democrático indudable, como el fin del grupo terrorista ETA o el matrimonio igualitario, era creíble para el conservador Rajoy, el liberal Obama o el popular papa Francisco. Todos ellos apoyaron su rol de broker del diálogo en Venezuela. Tenía sentido. Las revelaciones judiciales y periodísticas , sin embargo, muestran otra cosa, algo que quizá maduró con los años: bajo el ropaje de la mediación humanitaria, funcionó como puente reputacional y político de negocios asociados al ecosistema chavista. El problema pasó entonces de una discusión política a la sospecha de captura.
El caso de Zapatero interpela a la centroizquierda porque Venezuela fue durante demasiado tiempo un test de honestidad democrática. Algo así como preguntarle aun kirchnerista en 2010 o 2014 de cuánto era la inflación en Argentina, Venezuela no era un caso difícil de leer. Había presos políticos, persecución, cierre del espacio cívico, manipulación electoral, exilio masivo y violaciones sistemáticas de derechos humanos, documentadas, inclusive, por líderes progresistas como Michelle Bachelet cuando fue comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, buena parte de la izquierda democrática aceptó discutir el caso en el marco que más le convenía al régimen: soberanía contra intervención, pueblo contra imperio, América Latina contra Estados Unidos. Ese encuadre fue funcional al chavismo porque desplazó la pregunta central sobre autoritarismo y derechos humanos hacia una épica geopolítica donde las víctimas quedaban siempre en segundo plano.
En la última década, la derrota del pueblo venezolano fue la derrota del sistema regional: hubo OEA, sistema interamericano, gobiernos democráticos con capacidad de presión y mecanismos diplomáticos, pero todo fue neutralizado por ambigüedades, cálculos e intereses. La región se habituó a resoluciones que no tenían consecuencias, a las dudas y a las dilaciones. En 2024, cuando la OEA intentó aprobar una resolución que exigía la publicación de actas electorales y una verificación independiente, Brasil, México y Colombia se abstuvieron y el texto cayó por un voto.
La degradación venezolana fue posible, en parte, porque demasiadas personas que sabían hablar el idioma de los derechos humanos decidieron hablar otro idioma cuando las víctimas eran venezolanas y el victimario se decía de izquierda.
Ese fracaso no ocurrió en abstracto. Tuvo actores, gobiernos, intelectuales, diplomáticos, empresarios e intermediarios. La degradación venezolana fue posible, en parte, porque demasiadas personas que sabían hablar el idioma de los derechos humanos decidieron hablar otro idioma cuando las víctimas eran venezolanas y el victimario se decía de izquierda. “La izquierda da fueros”, dice Julio Bárbaro que le dijo Néstor Kirchner.
La Argentina conoce bien esa zona que supo ser de confort y hoy es una cama de clavos. La alianza política entre el kirchnerismo y el chavismo fue presentada durante años como integración regional, autonomía frente a Washington, cooperación Sur-Sur o solidaridad latinoamericana. Pero alrededor de ese vínculo se acumularon demasiados episodios opacos: la valija de Antonini Wilson, los negocios del fideicomiso bilateral, los circuitos de intermediación comercial, los sobreprecios, las sospechas de financiamiento político y la diplomacia paralela. Investigaciones periodísticas y judiciales describieron esquemas de negocios entre funcionarios, empresarios y operadores vinculados a ambos gobiernos.
Ese es el punto incómodo para la centroizquierda democrática. Durante años se le pidió que diferenciara sus valores de sus alianzas. Los presidentes de la región tuvieron la oportunidad de ayudar al pueblo de Venezuela y salvar al sistema interamericano, pero eligieron no cruzar la frontera ideológica, no crear sospechas de complicidad con “la derecha” o con Estados Unidos. Así, la represión se desató sin frenos inhibitorios, los mecanismos internacionales se presentaron como impotentes y, frente a la acción armada de Estados Unidos al imponer su fuerza y llevarse a Maduro, no pudieron contraponerse citando esfuerzos reales de proteger al derecho internacional.
Los que creemos en la convivencia de capitalismo y democracia, los que aún sostenemos el pluralismo democrático como el modo de vida que queremos, sabemos cuánto se necesitan progresismos creíbles.
Ese reflejo condicionado tuvo un costo altísimo. Mientras la centroizquierda regional no usaba su capacidad de interpelarlo, el chavismo destruía una sociedad, robaba elecciones, encarcelaba opositores, millones de venezolanos emigraban. Mientras Zapatero y Lula llamaban al diálogo, le daban oxígeno al poder desenfrenado de la dictadura.
Los que creemos en la convivencia de capitalismo y democracia, los que aún sostenemos el pluralismo democrático como el modo de vida que queremos, sabemos cuánto se necesitan progresismos creíbles. Es imprescindible que una izquierda democrática sea una opción válida capaz de defender el acceso a los servicios públicos, los derechos sociales, los sindicatos, los impuestos progresivos, sin relativizar la corrupción ni el autoritarismo de los que dicen compartir algunos de sus valores. Cuando esa voz se debilita, también se debilitan las expresiones de derecha y centro derecha pluralistas, se fortalecen la antipolítica y los populismos de cualquier signo que ven en el pluralismo un enemigo.
La caída del Muro de Berlín no destruyó toda idea de igualdad, pero sí destruyó la pretensión de defenderla negando la libertad, la represión y la verdad sobre el bloque soviético. La caída del mito venezolano debería hacer algo parecido: liberar a la izquierda democrática de sus peores lealtades, de sus reflejos tribales y de sus negocios privados.
Explicaciones políticas
Para eso hace falta pagar costos públicos. Por ejemplo, admitir que Zapatero, su partido y su gobierno deben explicaciones políticas, además de judiciales. También es necesario que los líderes y los partidos que mitigaron las acciones diplomáticas contra el chavismo acepten públicamente que los negocios con el régimen no fueron un detalle de la integración regional, sino una parte del problema. Y no sólo un problema de individuos ambiciosos, sino una estrategia política de financiamiento electoral y cultural.
La centroizquierda necesita volver a ser creíble porque la democracia necesita que lo sea. Es imprescindible una voz que discuta los esquemas impositivos y la realidad de la igualdad de oportunidades, y, en algunas de sus expresiones, al menos, nuevas formulaciones en el territorio de los derechos y valores. Es igual de necesaria que una derecha que promueva las libertades en la economía y el valor del derecho de propiedad, e inclusive, en algunas de sus expresiones, valores sociales tradicionales. Es imprescindible que izquierda y derecha democráticas, simultáneamente, sostengan los valores del pluralismo, se reconozcan en ese suelo común, y compitan por representarlos mejor. La voz progresista todavía puede reconstruirse, pero sólo si se acepta que algunas de sus viejas certezas no fueron derrotadas por la derecha. Fueron víctimas de sus propios actos.
