Todas las elecciones de Estados Unidos pasan por Pensilvania. También las legislativas de mitad de mandato del próximo martes.

En el centro del Estado disputado por antonomasia, el comisionado Justin Douglas contenía el aliento el jueves pasado en su oficina de Harrisburg, en el condado de Dauphin, ante lo que pueda pasar ese día y en los que le sigan hasta la composición en enero del nuevo Congreso.

Douglas es uno de los cientos de miles de empleados electorales en primera línea de la defensa de la democracia frente a la campaña de ataques sin precedentes lanzados por el presidente Donald Trump y sus aliados. Estos llevan meses presentando demandas, sembrando dudas sobre la integridad de esos trabajadores y amenazándolos con la presencia de agentes federales en los colegios electorales; también con multas y hasta penas de cárcel si no se pliegan a los deseos de la Administración. Preparando el terreno, en suma, para subvertir el resultado de las urnas llegado el caso.

En mitad de la tormenta, el comisionado Douglas es responsable de garantizar una jornada electoral sin sobresaltos. Después, de certificar el resultado junto a los otros dos miembros de la junta electoral del condado.

Y si ese último paso le suena a plácido trámite administrativo, es que no ha seguido desde hace una década las elecciones en este país.

No hace falta ir muy lejos: en las de 2020, un comisionado republicano se negó a validar el resultado aquí mismo, porque se sumó a la “gran mentira” difundida por Trump, entonces presidente, de que los demócratas habían hecho trampas para desalojarlo de la Casa Blanca.

Las legislativas de mitad de mandato son las primeras que celebra Estados Unidos con aquel negacionista electoral en jefe al mando de nuevo del país, tras las relativamente tranquilas de 2022 y 2024, dos citas en las que los problemas no fueron tantos porque ambas las ganaron los republicanos. Pero esta vez las encuestas vaticinan una victoria demócrata, así que la tensión ha vuelto a sus máximos entre los que se dedican a un trabajo que solía ser anodino.

“Antes, la gran amenaza provenía de agentes exteriores que querían influir en nuestras elecciones; esta es la primera vez que la principal coacción viene del Gobierno federal intentando subvertirlas”, advierte la profesora de Ciencia Política Dari Tran, autora de un libro sobre la nueva normalidad electoral en Estados Unidos. “Los ataques carecen de precedentes, y obligan a los funcionarios a un esfuerzo adicional para hacer lo que les pide la Constitución. Es inaudito: les amenazan con cárcel por una labor que llevan haciendo años”.

En el último año y medio. Trump ha expresado su deseo de “nacionalizar” las elecciones, pese a que la ley dice que esta es competencia de las autoridades locales y estatales. Y ha puesto todo el aparato federal para, con escaso éxito, rediseñar mapas en favor de su partido, presionar a los Estados para que compartan información de votantes, poner en duda la limpieza del sistema y amenazar con multas o hasta penas de cárcel a las personas implicadas en la gestión.

Un juez federal tumbó el miércoles la penúltima de esas tretas al negar la petición del Departamento de Justicia de que no se cuenten en California unas 20.000 papeletas por las sospechas de que provienen de indocumentados. Lo hizo con un duro auto en el que argumentó que “si el Ejecutivo puede amenazar un proceso en curso basándose en acusaciones no probadas, entonces la democracia está en peligro”.

El viernes, una jueza ordenó al Departamento de Justicia que desista hasta el 16 de noviembre en su hostigamiento a los trabajadores electorales. “Cuando hacen su labor”, dice la orden, “no están violando la ley penal federal”.

Registro por error

Douglas se dedica estos días a desmontar bulos (“cuando descubrimos que alguien que no es ciudadano se ha registrado para votar, concluimos que lo ha hecho por error”) y a aparentar tranquilidad. “Siempre, en cualquier elección, tratamos de prepararnos para cualquier imprevisto; y esta no es una excepción”, explicó en su despacho. Hacen ejercicios de simulación, por ejemplo, sobre qué hacer si hay una amenaza de bomba o mal tiempo, o si un apagón obliga a detener el martes el funcionamiento de las máquinas de recuento durante unas horas.

Todas esas eventualidades se comparten después con quienes van a estar a pie de urna. Son ciudadanos como Mike Mirer, que lleva una década participando, “por convicción”, dice, en elecciones en el condado de Greenville, en Wisconsin. Es uno de los que tuvo que volver a contar papeletas en 2020 por insistencia de Trump, y obtuvo casi idénticos resultados.

Mirer explicó el viernes al teléfono que el curso que recibió esta semana tenía una “preocupante” novedad. Además de repasar asuntos como dónde aparcar el día de la votación, le contaron qué hacer si la Administración de Trump manda agentes federales a su colegio. “En ese caso, debemos llamar a la policía, pero si vienen hombres armados a llevarse las máquinas de conteo, poco podremos hacer para evitarlo”, dijo.

Esa amenaza es tal vez la más extrema de las que hay sobre la mesa y, aunque no se materialice, puede ser exitosa si logra el efecto de disuadir a los votantes, especialmente a los hispanos, de participar. Nadie duda de que un despliegue de ese tipo sería ilegal, ni de que un juez pararía esa confiscación. Así que la preocupación es otra para los defensores de los derechos civiles: algo así interrumpiría la “cadena de certificación”, y esas papeletas podrían ser manipuladas lejos de quienes están encargados de su supervisión.

“Los procesos están muy definidos, y los trabajadores electorales, que son los funcionarios más abnegados, se limitan a cumplir la ley”, explica Kathy Boockvar, que en 2020 era secretaria de Estado de Pensilvania y, por tanto, su funcionaria electoral de mayor rango. “Todas esas intimidaciones son antiamericanas. Es inconcebible lo que está sucediendo antes de la votación”.

Boockvar experimentó hace seis años lo que puede pasar después, cuando recibió amenazas, personas armadas rondaron su casa y la policía tuvo que escoltarla. Fue una experiencia compartida por muchos otros empleados electorales, que se vieron en el punto de mira de quienes creyeron las mentiras de la Casa Blanca.

“Algo está claro: la elección estará lejos de haber terminado el martes”, advierte Boockvar, que define las coacciones de la Administración como maniobras para “sentar las bases para impugnaciones poselectorales”. Y ahí incluye demandas judiciales “sin base” como la de California, o la que presentó el Departamento de Justicia para no aceptar los resultados en Alaska dada la posible confusión de dos candidatos apellidados Sullivan. “Con esa actitud, el Gobierno inspira a hordas de ciudadanos que a su vez se dedicarán a intimidar a quienes se limitan a hacer su trabajo”, asegura Boockvar.

A la difusión de esa desconfianza también está contribuyendo un ejército de influencers MAGA −unos 600, que han esparcido estas semanas cerca de 7.000 mensajes en redes sociales y pódcasts, según un cálculo de The Washington Post− u organizaciones como Protejamos el voto. Se trata del brazo dedicado a la “integridad electoral” del Comité Nacional Republicano, que ha convocado zooms para instruir y animar a ciudadanos conservadores para que trabajen como “observadores electorales” el martes.

Por el otro lado, entidades como Popular Democracy llevan tiempo capacitando a voluntarios para actuar durante una jornada que promete ser animada en los colegios. Como parte de esa operación, Isaías Romero, uno de sus miembros, tiene previsto pasar los próximos días en Pensilvania para asegurarse de que no hay presencia de agentes federales o que la “migra” no intimida a los votantes latinos. “Una vez que pase el martes”, añade, “tocará estar atentos a ver cómo actúan los negacionistas electorales y sus intentos de subvertir el resultado”.

Entre ellos, hay funcionarios tan destacados como la vicefiscal general Harmeet Dhillon o el director del FBI, Kash Patel. También, candidatos republicanos como Scott Perry, que busca revalidar su puesto en el Congreso como parte del distrito décimo de Pensilvania, que incluye el condado de Dauphin. En 2020, Perry se sumó a los bulos de Trump.

Douglas, el comisionado de esa circunscripción, explicó el jueves en su oficina en Harrisburg que la tranquilidad de las elecciones que le toca supervisar dependerá de “cómo le vaya a Perry”. “Si gana, no pondrá objeciones”, aclaró. Por lo demás, sus vecinos tienen una papeleta mucho más corta que en otros lugares: solo votan por el gobernador (vencerá de calle el actual, el demócrata Josh Shapiro) y para renovar el Parlamento estatal.

La lucha por Pensilvania

El Estado elige gobernador, y Josh Shapiro lidera con claridad las encuestas.

Cada punto es una encuesta y cada línea, el promedio de las encuestas de los últimos 60 días, con la más reciente de cada encuestadora. Los sondeos encargados por partidos o campañas no entran en el promedio; son los círculos huecos.

La participación, con todo, promete ser alta. Y Pensilvania, a diferencia de otros Estados, no admite el voto por anticipado (que, con más de 45 millones de sufragios emitidos, está batiendo récords en el resto del país), por lo que todo el trabajo se concentrará en este Estado en la jornada electoral.

El martes es también el día en el que, a partir de las 7.00, se pueden empezar a abrir los sobres del voto por correo, según dictan las leyes de Pensilvania, distintas de otras en un país inabarcable con unas 9.000 circunscripciones electorales y casi otros tantos conjuntos de reglas. Douglas cuenta que mucha más gente de lo normal se ha organizado para poder participar por correspondencia.

Gente como Nilva Wright, demócrata registrada, o Karen Ritenbach, votante republicana que esta vez ha cambiado de bando, “harta de Trump”. Ambas se acercaron el jueves a sendos buzones electorales de Harrisburg para asegurarse de que su voz será escuchada. Nada garantiza a estas alturas que el pandemonio electoral del martes, la jornada de votación más impredecible que se recuerda en Estados Unidos, deje oír nada más.

Fuente:  https://elpais.com/us/2026-10-31/agentes-armados-coacciones-de-trump-y-carcel-los-funcionarios-electorales-se-preparan-para-la-jornada-mas-dificil.html