Si el gobierno de Isabel era malo – después los hubo mucho peores - en marzo del 77 se debían celebrar elecciones presidenciales. En ellas, las cuales la ciudadanía hubiera podido votar por otro partido, Que, seguramente, hubiera sido el radical. Partido éste que, por aquel entonces, no hubiera trepidado en mantener el combate contra la insurrección marxista.
Hechas las precedentes aclaraciones, acerca de mi postura - como de los motivos que la inspiraron - paso al tema de hoy.
El cual sorprende, aún en la triste y querida Argentina por la que transitamos, en la cual nada debería ser sorpresivo. Todos sabemos que, tiempo ha, se ha corrido el fiel de la balanza. Que los peores crímenes de la guerrilla han quedado impunes, mientras que los uniformados que la enfrentaron, son pasibles de las más injustas y severas penas.
También sabemos que cualquier real o supuesto perseguido político – entre los cuales no faltan soleados artesanos de Ibiza – recibe las más jugosas “indemnizaciones”. Y que, entre las “víctimas” de la represión - cuyos herederos perciben tales recompensas - se encuentran sujetos que perecieron al atacar cuarteles, asesinando a mansalva.
Pero ahora se superó todo lo imaginable. Resulta que el ejército iba a homenajear a dos oficiales y a un soldado asesinados por el ERP. Lo pensaba hacer por la insignificante vía de un tuit, cuando debió haberlo hecho mediante las debidas formaciones y con los merecidos honores militares.
Los tributarios de tan módico recuerdo, iban a ser el Coronel Duarte Ardoy, asesinado en el asalto al Comando de Sanidad, el subteniente Berdina y el soldado Maldonado, ultimados en Tucumán. Hechos, todos – vale reiterarlo – sucedidos bajo un gobierno constitucional de signo peronista.
Resulta que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó que se borraran tales tuits, para no “sensibilizar” a organizaciones que reivindican la acción de la guerrilla. Difícil encontrar una orden tan canallesca como contraria a la Constitución (que esos soldados defendieron). Que también cubre de oprobio al presidente Fernández, incapaz de poner en caja a su ministro y al comandante en jefe del Ejército, que debió renunciar antes de acatarla.



