Porque esa la solución “intermedia”, sería mortal para la República. Así de claro. Así de sencillo.
Hace pocos días, saludamos en estas páginas la cautelar dictada por la Corte en el caso de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli.
Y ahora nos anoticiamos por los medios de que el tribunal daría, al fondo del asunto, una solución que, sin un exceso de obediencia, no la dejaría mal parada ante la verdadera titular del Ejecutivo.
Ella consistiría en que dichos jueces vuelvan a sus cargos, pero sólo hasta que tales cargos sean cubiertos mediante un nuevo concurso (¿porqué – en cambio - no convocar a concurso para los cargos realmente vacantes, es decir los que ellos dejaron al ser trasladados?).
Recordemos que los magistrados en cuestión fueron trasladados desde otros tribunales a aquellos en los que actualmente se desempeñan. Cosa perfectamente legal – sin que haga falta nuevo acuerdo del Senado – cuando se cuenta ya con él y, además, el traslado se dispone en el mismo fuero y con igual jerarquía.
No son sólo estos tres jueces; son muchísimos más los que han sido trasladados de un tribunal a otro. De hecho, uno del trío en cuestión fue objeto de un traslado anterior, dispuesto nada menos que por la Gran Titiritera, cuando ella desempeñaba la presidencia. Claro que lo que ella haya dispuesto, o disponga, será siempre constitucional.
Lo que no lo es, en cambio, es el hecho de que algún magistrado ose ser imparcial en causas en las que ella esté acusada de severos ilícitos (aunque el caudal probatorio en su contra sea convincente).
Por si piensa llegar a la solución que ha trascendido, advertiríamos a la Corte - como lo hicimos desde aquí en una oportunidad anterior que la República la perderíamos todos. Incluidos los señores ministros de la Corte.
Las fieras no se apaciguan con los alimentos de la mochila: con ellos, sólo se les abre el apetito.
El máximo Tribunal no goza de mucho prestigio. Pero puede recuperarlo, en parte, si se planta ahora, antes que la división de poderes, ya resentida, sea triturada.
Y puede hacerlo, acogiendo el recurso extraordinario planteado por los jueces desplazados. Para lo cual, le bastaría recurrir a sus propios precedentes. Que dan a tales jueces la más plena razón.
A partir de allí, si el gobierno quisiera llevar adelante - de todos modos - sus propósitos de impunidad, debería actuar por fuera de la Constitución.
De ser así – y el gobierno cargara contra ella - la Corte se inmolaría con honor. Por ejemplo, como la caballería polaca que cargó contra los tanques del nazismo o como Lisandro de la Torre, que hasta el último día luchó contra la venalidad.
Lo otro, la solución “política”, equivaldría a suicidarse sin el honor del combate previo. Tal vez, los insólitos pedidos de juicio político que se han echado a rodar, la despabilen. Bueno sería; para ella misma y para todo el país.
