La situación de los migrantes en el Mediterráneo se ha “deteriorado aún más y es motivo de gran alarma”, considera la comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. En un informe, señala que las decisiones de los Estados miembros del organismo, con el fin principal de limitar -por la fuerza policial y militar- las llegadas, han contribuido a “un mayor sufrimiento humano”.

El documento analiza las prácticas en el último año y medio y señala que la respuesta “a los refugiados y migrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo es uno de los ejemplos más evidentes de cómo las malas políticas migratorias socavan la legislación en materia de derechos humanos y han costado la vida a miles de seres humanos”. Los naufragios en este período suman más de 2.600 muertes.

Para colmo de males, las restricciones y demás violencias impuestas con la excusa de “la pandemia” han tenido un impacto directo en los derechos de refugiados y migrantes, como la flagrante obstrucción de las actividades de rescate de las ONG, junto con las decisiones de retrasar el desembarco y la imposibilidad de asignar puertos seguros por parte de las autoridades.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las autoridades de los países europeos han continuado apoyando a la Guardia Costera de Libia y más de 20.000 personas han sido devueltas a ese país entre 2019 y 2020 y, de este modo, han sido expuestas a horribles vulneraciones de los derechos humanos que, es sabido, allí ocurren.

“Algunas situaciones son críticas, como la de las islas del Egeo y la de Canarias, cuya ruta es particularmente mortífera [más de 600 fallecidos en 2020, según la OIM

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