Las personas con discapacidad tienen derecho (Ley 24.901) a recibir diversas prestaciones a lo largo de su vida, así como medicación referida a su discapacidad y los apoyos necesarios (sillas de ruedas, audífonos, elementos, etc.).
Las prestaciones son brindadas por diversas instituciones (centros de estimulación temprana, centros de rehabilitación, escuelas especiales, centros de apoyo a la inclusión educativa, centros de día, centros terapéuticos educativos, hogares, residencias, centros de formación laboral), profesionales individuales (fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, etc.) y transportistas (que los llevan de su casa a recibir estas prestaciones a personas que no pueden hacer uso del transporte público ya sea por su necesidades o porque este no existe o no es accesible).
Estas prestaciones son cubiertas, según establece la Ley, por las Obras Sociales, el Pami, el Programa Federal Incluir Salud para las personas que tienen pensiones no contributivas y las Prepagas.
Los prestadores tienen que cumplir con una serie de exigencias establecidas por el Estado Nacional para poder ser aceptadas como tales y es el mismo Estado quien fija su arancel en un Nomenclador que se va adecuando anualmente.
Se calcula que alrededor de unas 160.000 personas con discapacidad hacen uso de estas prestaciones. Es importante aclarar que no todas las personas con discapacidad necesitan de estos servicios.
Es aquí donde actualmente está la dificultad. El Gobierno de Macri dio un último aumento, que no respondía a los aumentos de sueldos y costo de vida, en Noviembre del 2019. Y el Gobierno actual dio recién en Diciembre de 2020 un aumento del 10%, que se imaginará era nada con la inflación que hubo en ese tiempo. Esto implica un atraso de los aranceles del 80% en relación a la inflación.
Se prometió que, en febrero de 2021, luego de un estudio de costos que se iba a realizar, se iba a dar un aumento justo para todo el año. El 24 de febrero tuvimos una reunión con funcionarios de la Secretaria de Presidencia de la Nación de quien depende la Agencia Nacional de Discapacidad, planteando un aumento del 30% de emergencia a febrero y en Julio volver a ver un nuevo aumento. Esto no les pareció mal, nos dijeron que era lógico y que estaban trabajando alrededor de ese número.
Ha pasado el tiempo y las respuestas que se dan es que se está evaluando en Hacienda dicho aumento.
Nos dijeron que la gran dificultad es la postura de las Obras Sociales que dicen no contar con recursos para cubrir este aumento y que sus recursos económicos (Fondo Solidario de Redistribución) se encuentra en una situación difícil.
La situación de los prestadores es muy complicada ya que el arancel que se recibe no llega a cubrir los costos, los organismos citados tienen deudas de años anteriores de meses no pagados y los pagos de Incluir Salud y las Obras Sociales suele hacerse a los 90 días.
Los sindicatos han establecido aumentos de sueldo que al día de hoy van del 10 al 20% y que van a llegar al 30%. Antes de fin de año van revisar nuevos aumentos.
Los transportistas tienen aumentos de costos (solamente pensar en la nafta) que ya son imposibles de enfrentar.
Por estos motivos es muy necesario hacer conocer esta realidad a la población y generar presencia para llegar a lo más alto del gobierno, si bien seguimos insistiendo ante la Secretaría de Presidencia de la Nación.
Agradeceríamos nos brinde Ud un espacio para ampliar sobre esta situación a los fines de concientizar sobre esta gravísima situación que afecta directamente a las personas con discapacidad.
Muy agradecidos por su atención
Sara Arazi/ Ricardo Saldaña (Celular: 15-5626-9070)
Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de las Personas con Discpacidad.
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