De este modo, el Poder Ejecutivo puso fin a la concesión de la Hidrovía, que desde 1995 estaba en manos de las compañías belga Jan de Nul y la argentina Emepa.

La Hidrovía es clave para las exportaciones: comprende 3.500 kilómetros de extensión, por donde pasa el 85% del comercio exterior argentino.

Según el decreto, ese organismo "también podrá asumir la concesión de obras y la administración de las vías navegables que se le otorguen o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter".

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, había adelantado que se estaba "trabajando para asegurar el mantenimiento del servicio de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante un año".

Ahora, con la estatización, el Poder Ejecutivo logra "tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad", destacó Guerrera. En ese sentido, el ministro aseguró que hay "un trabajo conjunto, desde el Consejo Federal de la Hidrovía, con la participación activa prevista de las provincias vinculadas con la vía navegable", para diseñar la licitación.

Por otra parte, en el Gobierno evalúan la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país, con el objetivo de regular las próximas licitaciones a empresas extranjeras. Sería un organismo que estará bajo la órbita del Ministerio de Transporte y que comenzaría a funcionar luego de la administración de la Hidrovía por parte de la AGP.