En verdad, Kohen y Rodríguez tampoco lo hacen. Dan por descontado que la posición argentina es sólida como una roca y dedican su texto a destacar falacias e inconsistencias de los británicos. Pero, en mi opinión, las hipotéticas falacias e inconsistencias que mencionan los profesores están afectadas por la irrelevancia.
Es decir, puede que las supuestas trapacerías y debilidades jurídicas que Kohen y Rodríguez imputan a los británicos, puede que no lo sean, pero estas discusiones son superfluas puesto que no alteran en nada la índole política y jurídico política del problema.
La inanidad de las cuestiones escogidas para hacer patente una falacidad británica se pone de manifiesto si examinamos la primera, el referéndum malvinense de 2013; a ella le dedican el mayor espacio. Para los profesores el referéndum fue un simulacro: “ciudadanos británicos votaron casi unánimemente para seguir siendo un ‘territorio británico de ultramar’, con la presencia de observadores sin representatividad… sin fiscalización ni aval de las Naciones Unidas”.
Palabra más, palabra menos. Pero lo asombroso es el remate de esta sección, que nos hace patente, precisamente, que no vale la pena gastar mucho tiempo ni palabras en algo tan baladí. Porque Kohen y Rodríguez dicen, tal vez distraídos: “A pesar de los esfuerzos de la propaganda británica, el referéndum no cambió un ápice la situación jurídica de las islas.” Los profesores se han refutado a sí mismos. Si el referéndum no cambió (y así parece) un ápice la situación jurídica de las islas, ¿para qué ocuparse de él? Es muy fácil lapidar a un hombre de paja, pero es perfectamente inútil.
El referéndum, a mi juicio, no pasó para nada por un meridiano jurídico, tuvo un sentido redondamente político, una cierta ceremonia de afirmación identitaria – nosotros los argentinos sabemos hasta demasiado de esas ceremonias – para sí mismos y para el planeta: somos malvinenses, somos británicos, y este es nuestro lugar en el mundo. Lo de Kohen y Rodríguez parece una indignación sobreactuada, un esfuerzo titánico por demostrar lo que es inútil discutir: que los malvinenses quieren seguir siéndolo.
Tirando del hilo del referéndum de 2013, los profesores abordan la espinosa cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Como principio y derecho, sostienen, no es aplicable a los isleños. Mi posición es muy diferente, pero ni la posición de Kohen y Rodríguez ni la mía importan aquí. Los argentinos podremos creer que nuestros títulos son inmaculados y que los isleños no son pueblo alguno que se pueda auto determinar.
Pero, en estas materias, pesan otras cosas: un ambiente internacional dado, y los tribunales de justicia internacional. En el plano internacional, las cosas han cambiado mucho desde los tiempos de la Resolución 2065 de Naciones Unidas (la década del 60) que, aunque no “da la razón” a Argentina (como reza la sabiduría convencional por estos pagos), reconoce a Malvinas como un caso especial de colonialismo (con una población estable pero con una disputa de soberanía) e insta a las partes a negociar.
Los vientos territorialistas dominantes entonces en la Asamblea General han amainado perceptiblemente: arrecian ahora los vientos de la autodeterminación de los pueblos, con los que hinchan sus velas los británicos y malvinenses. Tendencia que no afecta exclusivamente a Malvinas, sino al mundo.
En suma, el ambiente internacional nos es adverso (lo es también debido al eficaz empeño político de los isleños y a la desastrosa ocupación de 1982). Ni siquiera nos es favorable el ambiente latinoamericano, en el que se acompaña el reclamo de soberanía, pero con entusiasmo cada vez más tibio, ignorando las pretensiones argentinas de fijar restricciones a los movimientos entre las islas y el continente y haciendo caso omiso a las esperanzas de nuestros gobiernos de “malvinizar” la integración regional.
Esta mudanza sustancial tiene la mayor relevancia, porque los que se mojan el dedo para comprobar la dirección de los vientos son los estados, por un lado, y los jueces de los tribunales internacionales, por otro. Sería de lo más ingenuo – chuparse el dedo, valga el retruécano – creer que una mutación tan importante no afecta el cuadro en que Argentina puede definir sus intereses. Y esto me conduce, precisamente, al remate del artículo de los profesores Kohen y Rodríguez.
Que cierran afirmando, crípticamente, que “si algún gobierno argentino está dispuesto a utilizar todas las herramientas que el Derecho Internacional y las relaciones internacionales ofrecen, más temprano que tarde, se demostrará que el Reino Unido aquí también está equivocado y que una vez por todas deberá cumplir con sus obligaciones internacionales”. No son claros, me atrevo a decir, sencillamente porque no quieren serlo.
Si fueran más claros dirían: si algún gobierno argentino estuviera dispuesto a llevar el caso a Naciones Unidas y a la Corte de La Haya. No hay nada más ni nada menos para “utilizar todas las herramientas”. Teóricamente hay dos caminos alternativos, pero, en verdad, hay uno solo. El primero, es la instalación del diferendo en la Corte. Dos estados, ambos convencidos de tener razón, llevan el caso al tribunal y se atan las manos. El fallo es el punto final. No hay apelación.
Pero este camino está cerrado: Gran Bretaña no aceptaría recorrerlo (si considera perfectos sus títulos, si Argentina arrasó el derecho internacional y si los isleños no quieren cambiar su estatus, ¿por qué habría de hacerlo estando en posesión de las islas?).
Pero queda un camino, que Argentina podría activar por sí solo. Esta ventaja es engañosa, puede salir el tiro por la culata. Cualquier estado miembro puede presentar una solicitud, para abrir un procedimiento consultivo en La Haya. Aunque el dictamen no obliga a nadie, si fuera a favor o en contra constituiría una enorme victoria o derrota jurídico-política. Pero hay un obstáculo previo: el pedido debe ser hecho ante la Asamblea General, que votará dar o no vía libre hacia la Corte. Es todo esto lo que Kohen y Rodríguez – que por supuesto lo conocen mejor que yo – omiten con su retórica –. Mientras los cuadros de la Cancillería – inteligentemente – se cruzan de brazos.
No es nada seguro que la Argentina consiga reunir en la Asamblea el número de estados necesario para una solicitud ante la Corte. Si no alcanzara ese número, nuestra Resolución Áurea (la 2065) quedaría seriamente dañada y el impacto político sería desastroso. La otra cara de la moneda es que también se teme, fundadamente, las consecuencias de un eventual (y muy improbable) éxito en convencer a la Asamblea General de llevar un pedido de acción consultiva.
En el marco del sentido común jurídico político y las pautas culturales internacionales de hoy, y para una corte influida por los vientos de hoy, la posición argentina quizás no resulte tan simpática como en 1965. ¿Acaso hay alguna forma menos imperfecta de respetar los intereses de los isleños que preguntarles qué es lo que quieren? Un juzgamiento por parte de un tribunal internacional no se parece con dos más dos son cuatro. En un fallo intervienen multitud de imponderables y consideraciones muy diversas. Esto se llama incertidumbre. El estado que invoca el juicio de la Corte se expone a un proceso en el que los dados serán arrojados al aire.
Así, nos hemos colocado en una situación imposible. Creemos ciegamente en tener razón, pero el mundo sigue andando. Es muy injusto.
(*) Politólogo. Socio del Club Político Argentino
https://www.clarin.com/opinion/malvinas-complejo-vinculo-derecho-politica_0_mfhYdXNT89.html
