Casi toda la clase política ha naturalizado estas prácticas. Surgen de ella justificaciones tan manidas como falsas. Por ejemplo: “son unas pocas manzanas podridas”. No, la evidencia de muchos años de escándalos (que son solo una pequeña parte de lo que realmente sucede) muestra que estas prácticas son la regla, no la excepción.
Los cuerpos legislativos, los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales (incluyendo empresas públicas y universidades) y los órganos judiciales, están corroídos por las designaciones de militantes, familiares y “ñoquis”, por la contratación de empresas “amigas”, y por la concesión de prebendas a sindicalistas y “líderes sociales” que, como Marcelo Balcedo o Emerenciano Sena, gozan de inexplicable opulencia.
Un segundo tipo de justificación es auto-incriminatoria: “de alguna forma hay que financiar la política” o, quizás peor, “es que todos lo hacen”. Estos argumentos admiten, con candidez o cinismo, el robo de recursos públicos, e intentan ocultar que buena parte de los recursos malversados se destina al beneficio privado de los funcionarios. De todas formas, sea para “hacer política” o para comprar mansiones y autos, el robo es robo. Punto.
Un aspecto central de los hechos de La Plata ha sido el silencio, no ya de las autoridades provinciales peronistas, si no de los legisladores y otros líderes de la oposición bonaerense. Tristemente, nadie puede tirar la primera piedra. La colusión es ya constitutiva de nuestra política. Quienes ingresan a ella con objetivos idealistas, rápidamente aprenden los “códigos”, incorporan los “sobreentendidos” y racionalizan las prácticas que venían a combatir.
Que la fuerza gobernante en la nación y en la provincia impulse y convalide la corrupción no sorprende. Se trata de un partido que alumbró al menemismo y al kirchnerismo, que llevaron al paroxismo el uso del estado para fines privados.Indigna en cambio la complicidad de las principales fuerzas opositoras, que llenan sus discursos de promesas de institucionalidad y ética republicana.
La participación en prácticas corruptas por parte de partidos como la UCR, el PRO o La Libertad Avanza, no solo implica un más alto nivel de hipocresía, sino un mucho mayor nivel de vulnerabilidad electoral: sus votantes los apoyan en buena medida por sus promesas de conducta ética. Hechos que apenas afectan a partidos “fisiologistas”, pueden ser letales para fuerzas que se jactan de sus estándares morales republicanos.
Sí, la vara es más alta para los partidos que enarbolan banderas éticas. Es razonable que los votantes, los medios y las organizaciones de la sociedad civil preocupados por la podredumbre moral de la política argentina exijamos más de quienes prometen transparencia y decencia.
Hace 23 años estalló el escándalo de las “coimas del Senado”. Estas habrían sido pagadas por el gobierno de la Alianza –constituida por dos fuerzas muy críticas de la corrupción menemista–y cobradas por varios senadores peronistas.
Al poco tiempo ese gobierno colapsó, la UCR y el Frepaso fueron electoralmente diezmados, y la política enfrentó su peor crisis de legitimidad. El peronismo en cambio salió indemne, recuperando la presidencia a fines de 2001 y conservándola hasta 2015. Las fuerzas que dicen oponerse a la corrupción kirchnerista tienen mucho para aprender de esta historia.
