Después de las increíbles liberaciones de Boudou, de Vido y otros que delinquieron en la función pública, una estampida de asesinos y violadores fue lanzada a la calle. Estos últimos – que, sueltos, preocupan a todos – son, con todo, arena que se nos echa a los ojos, para alejar nuestra visión de las múltiples causas de corrupción en pleno trámite, por delitos cometidos en el alto poder estatal. Y es desde ese centro del poder, que se nos arroja esa arenisca. ¿Pandemia?: pretexto ocasional. Esto está cuidadosamente planeado. De no existir la nueva peste, otro sería el pretexto que hubieran elaborado los inventores del “Vatayón Militante”.
Por otra parte, campea en nuestros fueros penales un mal llamado “garantismo”, que tanto ha sido funcional a las masivas sueltas, como lo viene siendo, desde largo tiempo atrás, a todo ilícito. Porque, entre el delincuente y la sociedad, el “garantismo” toma partido por el primero.
Considera que el malhechor es una víctima de la sociedad y, también, que - cuando éste la daña – sólo le está devolviendo parte del mal que de ella ha recibido. Así, la idea del delito, se disuelve. Cosa curiosa – pero no casual – esta corriente de la ciencia penal no se limita a aquellos que, por hambre, roban un pedazo de pan, como aquel Jean Valjean de Víctor Hugo. Su manto de benevolencia cubre, muy cuidadosamente, a quienes roban a un Estado indefenso, porque son – tan luego - los encargados de administrarlo.
Y esto no es un “daño colateral” de una teoría ingenua. Se apunta a que el ciudadano se quede en su casa, cuidándose del malón liberado. Que no vaya a salir a expresar su descontento en las calles o en las plazas. De suerte tal, que reina entre nosotros un infortunio presagiado por Dostoyevski: “Sería la mayor desgracia que podría ocurrirnos, el que el pueblo les dijese a los delincuentes: Eres inocente, pues no existe el delito.” (“Diario de un Escritor”). Este es el resultado del “garantismo”. Para nuestros jueces, el delito dejó de existir.
Todo ello encaja, como aceitada pieza de engranaje, con otros actos del gobierno. Uno de los cuales ha sido la reciente ley de jubilación de magistrados, que, al desmejorar el nivel de sus retiros, provocó una masiva renuncia de ellos. El oficialismo, adujo proponerse la eliminación progresiva de las jubilaciones de privilegio. Tras tan atractivo cebo – la desigualdad de nuestro sistema previsional es aberrante – subyace el verdadero fin de la norma: llenar las vacantes que así se produjeron con jueces afines.
La tercera pata de la mesa – es decir, de los estrados que se procuran - la constituye el proyecto de ley que prevé el aumento del número de los juzgados federales en lo penal de esta Capital. También este proyecto, intenta revestirse con aristas atractivas: se argumenta que así se licuaría el poder de los actuales jueces de ese fuero, casi siempre ciegos ante la corrupción. En ello estaría trabajando Béliz, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, quien intentara un proyecto similar cuando fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
Puede convenirse que, por entonces, no se conocían los puntos que calzaba Kirchner. Y también puede aceptarse que, en aquella oportunidad, la intención de ese proyecto era la de licuar el poder de los jueces “de la servilleta de Corach”, quienes, desde sus estrados, habían asistido impasibles a los ilícitos del menemismo.
Ahora bien, la cosa es que esos mismos jueces – y los que reemplazaron a algunos de ellos – también guardaron silencio ante la corrupción K (que superó toda marca anterior). Fueron, así, partícipes necesarios de ella. Y Béliz, no puede ignorarlo. Como tampoco puede ignorar, que los jueces federales por llegar serán serviles con este gobierno. En otras palabras, en Béliz ya no hay inocencia que valga. El papel de “Mi pobre angelito”, que interpretó al alejarse de los gobiernos de Menem y de Kirchner, ya no resulta creíble. Ni para el más ingenuo.
Como si todo esto fuera poco, la cuarta pata de los malos estrados comienza a tornearse, bajo la forma de un “mejor funcionamiento de la Corte Suprema”, de cuyo estudio se encargará una Comisión, que habrá de integrar el abogado Beraldi, defensor de CFK en distintas causas penales. Beraldi no sería será juez y parte. Sería digitador de jueces y parte. Que es exactamente lo mismo.
Sobre estas cuatro patas, se apoyan los estrados ante los cuales CFK espera ser juzgada. Mejor dicho, a los cuales confía su impunidad. Y, como no, la de otros funcionarios de su gobierno, también encausados por actos de corrupción.
(1) Abogado y analista político.
