Sábado, 06 Marzo 2021 18:02

Por una licitación, la oposición denunció penalmente a Marcelo Saín

La semana pasada, la Justicia frenó a último momento una licitación por la compra de armas para la policía santafesina, porque una empresa argentina interpretó que las condiciones de competencia eran tendenciosas y beneficiaban a un proveedor determinado. La Legislatura pidió explicaciones, y como no las obtuvo, diputados del Frente Progresista y la Unión Cívica Radical decidieron denunciar penalmente al ministro de Seguridad de Santa Fe. 

La figura del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, no es muy querida entre los políticos opositores -y algunos oficialistas- y hacen notar sus diferencias cada vez que tienen oportunidad.

Esta vez, el conflicto se originó por una licitación. La semana pasada, la empresa Bersa S.A. -la única que fabrica armas en el país, con sede en Ramos Mejía- cuestionó una cláusula en la licitación por la compra de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, seis fusiles semiautomáticos para francotirador y seis fusiles para francotirador de cerrojo manual, requeridas por Marcelo Saín.

Según Bersa, la cláusula en cuestión beneficiaría a una fábrica de origen israelí, ya que exige que una misma empresa provea todas las armas requeridas, lo que impediría a la firma argentina poder postularse a la licitación.

Bersa también sostiene que la convocatoria para comprar los productos fue publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero pasado, e indicaba que las ofertas serían recepcionadas hasta las 12 horas del día 2 de febrero de 2021 y que la apertura de pliegos se realizaría el día 5 de febrero a las 10, algo que según trascendió, no sucedió. Según una resolución de la secretaría de Contrataciones, el 2 de febrero decidieron finalizar con los plazos y la apertura.

La Justicia dio lugar al reclamo de Bersa, suspendió el proceso y ordenó la revisión de la contratación.

Por ese motivo, los legisladores opositores pidieron que el ministro de Seguridad de una explicación. Sin embargo, esto no sucedió y los diputados provinciales de la UCR y el Frente Progresista, Juan Cruz Cándido y Lionela Cattalini, decidieron presentarse esta mañana al Centro de Justicia Penal de Rosario y radicar una denuncia contra Marcelo Sain para “que se investigue la posible comisión de un delito penal”.

La compra de armas por 1.400 millones está suspendida por irregularidades en la licitación, donde se sospecha que se quería beneficiar a una empresa en particular. Hoy, con legisladores pedimos a la Justicia que se investiguen posibles delitos en esta maniobra. pic.twitter.com/CQBePAYiX7

“Nos presentamos en el Centro de Justicia Penal para profundizar la denuncia por una licitación de armas de la provincia, una compra por 1.400 millones pesos. Hay irregularidades en el proceso licitatorio. Una sola empresa proveía todas las armas que se licitaban. El pliego técnico copia textualmente el catálogo de la empresa que se sospecha “cumplía” con todos los requisitos para acceder a la licitación pública como única proveedora” expresó ante la radio rosarina LT8 el legislador por la UCR, Juan Cruz Cándido.

“La licitación se armó para una sola empresa beneficiaria. Queremos que se investigue penalmente, hablamos de 12000 pistolas, fusiles de asalto y armas para francotiradores. No estamos conformes con que el ministro de Seguridad, Marcelo Saín no se haya presentado, y haya hecho una declaración por escrito. Con el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman tenemos prevista una reunión. Presentamos todo el trabajo de nuestra denuncia al fiscal Luis Schiappa Pietra, para que la justicia continúe con la investigación de este tema”.

“Existían irregularidades en el pliego, se beneficiaba a una única empresa. Se licita por ítem, por ejemplo, fusil, pistola, ametralladora, en este caso se hizo por todos los elementos, eso significaba que si alguna empresa no podía vender alguno de los elementos no calificaba para la licitación”, explicó el diputado Cándido, quien añadió “Una única empresa podía vender todo eso, casi como un traje a medida, por eso se acudió a la justicia. Es necesario el equipamiento de la policía, en quince meses de gestión del gobernador Omar Perotti no pudieron llevar adelante una sola acción de equipamiento de la policía”.

“Se forzó el pliego de manera tal que las empresas tenían que proveer todas las armas en lugar de hacer tipo por tipo, queremos que se investigue si esto se hizo adrede”, concluyó por su parte la diputada Lionela Cattalini.

Contradicciones, suspensión de licitaciones y denuncias por favorecer a una empresa. No hay transparencia en la compra de armas por parte del @GobSantaFe. Junto a diputados y diputadas del Frente Progresista presentamos una denuncia penal para que se aclaren los hechos. pic.twitter.com/0Q07mDZtsV

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