Miércoles, 27 Abril 2022 11:12

Se juega mucho en la Argentina por estas horas - Por Juan Pablo Zanetta

Escrito por Juan Pablo Zanetta

Dos concepciones antagónicas sobre la Justicia, el Estado de Derecho y la República se enfrentan desde hace años en el país. 

De un lado, quienes defendemos la Constitución Nacional y la democracia republicana, que se funda en la división de poderes, en la supremacía de la ley y muy especialmente en la independencia del Poder Judicial por ser la última ratio en el control de constitucionalidad.

 

Del otro, quienes consideran que estas laboriosas conquistas de la humanidad, fundacionales de la libertad, la igualdad y el progreso, son rémoras del pasado, cuestiones superadas por el tiempo y las necesidades de las sociedades modernas.

Los exponentes de esta última postura, suele repetir en sus discursos que no podemos seguir atados a la división de poderes, cuestión que se introdujo como consecuencia de la Revolución Francesa, cuando tantos cambios ha habido desde aquel momento y que la idea de la independencia de poderes debe ceder frente cuestiones políticas.

Esta puja de ideas se expresa claramente en la disputa generada en torno al Consejo de la Magistratura de la Nación. La reforma constitucional de 1994 procuró que en la designación de jueces primara la idoneidad y la independencia. Antes, eran decisiones puramente discrecionales, del Presidente con acuerdo del Senado.

La sanción de la Ley 27.937 y su correctiva 24.939 constituyeron un gran paso institucional en pos de una integración equilibrada del Consejo. Luego, la reforma del kirchnerismo del 2006 vulneró y rompió el equilibrio previsto por la Constitución para la composición del órgano y conllevaba la clara intencionalidad de que el oficialismo tuviera supremacía en las decisiones del nombramiento y remoción de jueces y juezas.

Posteriormente, a fines de 2021, la CSJN declaró inconstitucional dicha reforma por lo que ha recobrado vigencia la ley original. El Gobierno se resiste a cumplir este fallo y, en definitiva, a cumplir la manda constitucional.

Lamentamos que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se sumara a la postura del gobierno saboteando la elección de las representantes de la colegiación al organismo oponiéndose abiertamente al fallo de la Corte. No conformes con esta oposición han celebrado el dislate jurídico, de un Juez con asiento en la ciudad de Paraná que abiertamente se alzaba contra la decisión del Máximo Tribunal, finalmente declarado nulo por la Corte Suprema.

Entre muchas otras cuestiones, esta postura del Colegio Público y sus candidatos, que abiertamente al igual que el Gobierno Nacional se resisten a cumplir la Ley, nos pone en la necesidad de convocar a la matrícula a votar a la lista 67 Unidad en defensa de la abogacía encabezada por un colega de gran trayectoria y de probada vocación democrática y republicana, como es el Dr. Ricardo Gil Lavedra. Así, estaremos en condiciones de asegurar, desde nuestro Colegio, la defensa irrestricta de la Constitución Nacional, el Estado de Derecho, Los DDHH, la independencia del Poder Judicial y la dignidad en el ejercicio profesional de la Abogacía.

Es muy importante tu participación. Se juega mucho en la Argentina por estas horas.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…