El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, después tomar esta semana declaración testimonial al titular de la AFIP y al jefe de Gabinete, en el marco de una investigación preliminar donde cuestionó que de los 253.000 planes presuntamente irregulares sólo se hayan suspendido 2.243. 

El representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó los fundamentos de la funcionaria en la denuncia a la que accedió Clarín. Allí, apunta contra la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y contra el Secretario a cargo de la Secretaría Economía Social de dicho organismo, Emilio Miguel Angel Pérsico, "por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

El primer número que puso bajo la lupa el fiscal Marijuan fueron los 253.184 planes del programa Potenciar Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Ese universo de beneficiarios del programa social fue el resultado del cruce de información sobre la identificación estadística de 1.383.279 personas que reciben la ayuda económica.

En líneas generales se detalló que el mencionado programa que otorga el Ministerio de Desarrollo Social contaba con 253.184 personas de ellos (el 18,30%) que habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales. También que 35.398 beneficiarios (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses.

Después se hizo un análisis de los ingresos de los beneficiarios durante los últimos seis meses, teniendo en cuenta las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales "incompatibles con el beneficio y/o tenencia de bienes muebles e inmuebles, información previsional, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud, que hayan fallecido, entre otras variables".

Había 2.800 personas fallecidas cobrando el beneficio social, número que el Poder Ejecutivo bajó a 300. Pero también se detectaron beneficiarios con más de un inmueble, con titularidad de embarcaciones, aviones, vehículos 0 Km, entre otras irregularidades.

Estos fueron los primeros números que denunció el fiscal Guillermo Marijuan por el delito de defraudación, entendiendo que el 20% de los beneficiarios finales, no debían estar percibiendo el plan social que representa una erogación mensual de casi 7.000 millones de pesos al Estado.

Frente a ese número que constató, dijo en su denuncia, en base a dos informes proporcionados por la AFIP que se encargó de realizar el entrecruzamiento de datos, el fiscal Marijuan pidió la suspensión de los más de 253.000 planes.

Sin embargo, la ministra Tolosa Paz que está frente a la cartera hace poco más de un mes, resolvió dar de baja sólo a 2.243 programas asistenciales.

Ante esta decisión la fiscalía avanzó en investigar a la titular de Desarrollo Social. "Se determinaron casos de beneficiarios del “Programa Potenciar Trabajo” que se encontraban alcanzados por las incompatibilidades previstas en la Resolución MDS 121/20", reiteró en su denuncia el fiscal.

Al fundamentar la denuncia penal, Marijuan dijo que ante las irregularidades detectadas se debió derivar por parte de la Ministra Tolosa Paz y de los funcionarios responsables, "una orden de suspensión y re empadronamiento de las personas que son beneficiarias del “Programa Potenciar Trabajo” y que resultaban observadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos".

Sin embargo, entendió la fiscalía, "la actitud fue muy distinta y de allí esta denuncia penal" y, por ende, "existió una inobservancia de estas conclusiones, ya que con posterioridad a conocer el informe de la AFIP enviado con fecha 24 de octubre del año en curso, la Ministra Victoria Tolosa Paz requirió nuevamente una información complementaria de ese organismo".

Después criticó que ante el primer informe que arrojaba las inconsistencias denunciadas, la funcionaria solicitó "una ampliación del informe" pero contemplando menos ítems a los evaluados.

Para la fiscalía los informes confeccionados por la AFIP "debían derivar en una actividad directa y concreta hacia la suspensión de estos planes, para evitar el perjuicio que mes a mes importa pagar un Programa para alguien que es incompatible con la ley que lo establece y reglamenta".

En este sentido criticó la determinación de Tolosa Paz de "haberse limitado a dar de baja algunos casos que, en modo alguno, abarcan los señalados por la AFIP".

Finalmente el fiscal Marijuan, entendió que la Ministra como Emilio Pérsico tiene bajo su responsabilidad la coordinación, el seguimiento, la gestión y la evolución del programa Potenciar Trabajo, "tenían el dominio del hecho y las facultades administrativas que derivan de la función que se les encomendara al asumir en sus cargos, para poder actuar en consecuencia, esto es, atender, valorar y utilizar los informes de la AFIP con la consecuente actividad que debieron dirigir para evitar un perjuicio económico para el Estado Nacional".

La explicación oficial

Según informó el Gobierno, desde la cartera que dirige Tolosa Paz se cruzaron datos proporcionados desde la AFIP y con la base del Banco Central para identificar las operaciones que involucraron a los beneficiarios de los planes que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social de la Cartera ministerial.

Tolosa Paz informó sobre 430 titulares del Potenciar habían comprado u operado con dólar- ahorro en los últimos 6 meses por un total de 293 mil dólares. Sin embargo, nada más que 23 personas, que hasta este viernes permanecían en el padrón, concentraron casi la mitad de esas operaciones.

En otro tramo ese informe difundido por el Poder Ejecutivo para bajarle el tono al escándalo, desde septiembre de 2020, desde que rige esa incompatibilidad, un total de 2098 receptores del programa habían comprado US$ 864 mil. “Si hay capacidad de ahorro, quedan inmediatamente excluidos del Potenciar Trabajo. Una de las condiciones es la vulnerabilidad social”, explicó la funcionaria.

El entrecruzamiento de información permitió identificar además compras en dólares por tarjeta de crédito de 82.272 titulares. El promedio del consumo, según especificó la ministra fue ínfimo: US$ 1.55 dólares, que se explican por contratación de servicios de streaming o plataformas de videojuegos.

Desde septiembre de 2020 a la fecha 145 titulares han adquirido compras que van desde los US$100 dólares a los US$ 50 mil en 26 meses. Son operaciones muy llamativas y preocupantes por un total de US$ 1 millón”, insistió la funcionaria.

A la suspensión temporal del programa social, se sumó a otros 947 titulares, que registraron operaciones sospechosas. Se los evaluará en una segunda auditoría ordenada por el Ministerio.

El cuestionamiento del fiscal

Esas decisiones para el fiscal Marijuan no tienen un sustento que permita evitarle al Estado una defraudación millonaria. La decisión de suspender 2.234 planes de los más de 253.000 que él denunció "es una medida que se habría apartado y/o recogido parcialmente el informe de otra oficina pública –esto es, la Administración Federal de Ingresos Públicos", dijo.

Por ese motivo el representante del Ministerio Público Fiscal decidió iniciar una investigación preliminar sobre Tolosa Paz, que terminó en la denuncia penal, "con el objeto de conocer los pormenores por los cuales adoptara tal medida ante las circunstancias apuntadas".

Lucía Salinas