No voy a repetir las autoridades, todas han sido mencionadas, los jueces, miembros del Consejo de la Magistratura, miembros de asociaciones profesionales, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), a los jueces que nos acompañan, a todos los amigos, a mis amigos de la Cámara y a todos los invitados especiales que nos honran hoy con su presencia.
El resultado electoral de las elecciones que se llevaron a cabo el 16 de abril entre tres listas, la Lista Unidad, Gente de Derecho y Espacio Abierto para la Abogacía, arrojó como resultado que la representación de la mayoría de los matriculados y matriculadas esté en este Consejo Directivo. Y también que a la Lista Unidad se le haya confiado la responsabilidad de seguir conduciendo el colegio público durante otro mandato. Estoy mencionando a la Lista Unidad porque no se trata en el caso de una cuestión personal, ni individual, ni tampoco es fruto de un oportunismo de coyuntura.
La Lista Unidad es una construcción colectiva fruto de la coalición de un gran número de asociaciones profesionales, de abogadas y abogados, que se reunieron en procura de dos objetivos fundamentales, mejorar el ejercicio de la profesión en estos tiempos difíciles y potenciar la presencia institucional del colegio en el ámbito público. Las asociaciones que integran unidad son heterogéneas, han nacido en distintos lugares e incluso tienen simpatías políticas distintas, pero han logrado ponerse de acuerdo en un programa común en pos de estos objetivos. Esto en la Argentina no es fácil, no es sencillo.
Las dificultades para ponerse de acuerdo, obtener consensos básicos, de poner diferencias en función de un objetivo común, creo que es una de las causas que explican la larga decadencia argentina. Pero la lista unidad pudo hacerlo, con sacrificios personales, deponiendo legítimas aspiraciones en función del conjunto. Por eso permítanme que mencione a cada una de estas agrupaciones, porque el triunfo electoral no me pertenece a mí, le pertenece a ellas.
Cambio Pluralista, Abogados de la Ciudad, Abogados por Argentina, Abogados en Acción, Abogados de Pie, Será Justicia, Abogados Esenciales, Presencia y Acción, Encuentro de Abogados Independientes, Justa Causa, Confluencia de Abogados en Evolución y Bloque Constitucional. Por cierto, al haberlos matriculados, votado la continuidad de nuestra gestión, se nos ha renovado la confianza, lo cual supone que debemos seguir el camino que iniciamos hace dos años. Pero a la vez vamos a señalar algunos aspectos en los cuales queremos exponer especial énfasis en este nuevo periodo.
Cuando nos hicimos cargo hace dos años en las palabras iniciales, las centramos en tres o cuatro cuestiones fundamentales. Queríamos construir un colegio público moderno, queríamos modernizar el colegio y el ejercicio profesional, queríamos intensificar, multiplicar la cantidad de cursos de capacitación que se brindaban, queríamos un colegio abierto e inclusivo y una administración eficiente y austera. Gracias al formidable equipo que me acompañó y a la dedicación del personal del colegio público, yo creo que hemos cumplido con creces estos objetivos.
En primer lugar, adecuamos las instalaciones del colegio a las nuevas necesidades. Este es otro colegio, hemos intervenido 3.000 metros cuadrados, el 30% de la totalidad de la superficie que tiene el colegio. Hemos inaugurado salas de coworking, salas de profesionales para recibir a los clientes, para que se puedan tener audiencias virtuales con los tribunales en el caso de las audiencias.
Hemos equipado con la más alta tecnología todas las salas existentes, abrimos el bar, abrimos el comedor y todo esto en un contexto muy difícil, en un contexto de altísima inflación y pudimos hacerlo gracias a una cuidadosa administración de recursos. Modernizamos también el funcionamiento del propio colegio, digitalizamos todos los trámites, incorporamos un campus virtual que es una herramienta extraordinaria que permite el acceso a programas y cursos, cientos de programas y cursos tanto de Argentina como del exterior. Pusimos en funcionamiento una app para que todos los servicios del colegio puedan ser utilizados desde el teléfono.
En el Tribunal de Disciplina hemos reducido los tiempos promedios de las causas de 2 años a 7 meses, se informatizaron todos los expedientes, se comenzaron a publicar las sentencias con la doctrina y la publicación también de las decisiones anteriores, se redujo la estructura del tribunal y lo hemos reintegrado ese edificio histórico de la calle Juncal, lo que posibilita un mejor espacio para el trabajo. Pusimos en funcionamiento todos los institutos, algunos de ellos que estaban cerrados desde hace más de 10 años. Hemos multiplicado la cantidad de cursos de capacitación, especialmente los gratuitos de iniciación profesional.
Incrementamos en un 200% la oferta y hemos tenido casi 30.000 inscriptos en estos cursos. Abrimos el colegio para poder realizar actividades culturales y artísticas. Avanzamos en la incorporación de la ley Micaela como requisito antes para obtener la matrícula y estamos capacitando en la misma materia a los que quieren concursar para acceder a la magistratura.
Nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema y con todos los presidentes de las cámaras para llevarles las inquietudes de la abogacía. Hemos logrado la actualización automática de la UMA. Hemos formado un grupo de trabajo conjunto para tratar de mejorar la aplicación del LEX 100.
Hemos también conseguido protocolos, protocolos uniformes en algunos fueros en materia de mandamientos, exhortos y cédulas. Y hemos también conseguido que se comenzara a regularizar el trabajo judicial para poder salir de la anarquía que suponía que cada tribunal disponía por sí mismo cómo se prestaba el trabajo. Defendimos la intervenencia judicial.
Ahí estuvimos para defender a la Corte Suprema de los ataques que se le hacían. Nos reincorporamos a FACA para poder unificar la representación nacional de la abogacía. Era insensato que el colegio de la capital no perteneciera junto con los otros colegios a esa institución.
Nos opusimos enfáticamente a los intentos de menoscabar las incumbencias profesionales de los abogados. Me estoy refiriendo al meneado caso de las sucesiones notariales y a los divorcios administrativos. Interpusimos una acción de amparo contra la reciente ley de lavado de activos que obliga a los abogados y abogadas a ser miembro informado y formar operaciones sospechosas a la UIF por actividades que son de ejercicio profesional, lo cual viola abiertamente el secreto.
Asimismo, estamos también en contra de que se reduzcan los honorarios profesionales de los mandatarios por debajo de un mínimo legal, que hace a la dignidad en el ejercicio de la profesión. Pues bien, estas fueron algunas de las cosas que hemos hecho estos años y vamos a seguir transitando este camino porque creemos que es el indicado para tener un colegio moderno, profesional y prestigioso al servicio de la abogacía y del país. Pero ahora quisiera centrar en algunos puntos en los cuales en este nuevo periodo nosotros le vamos a dar preferente atención.
Una cuestión que puede parecer pedestre, pero esto es importantísimo para los abogados, el tema de los honorarios. Advertimos con preocupación de que son reiterados los incumplimientos de las escalas de aranceles de la ley, incluso las regulaciones por debajo del mínimo. Son muchos casos.
Vamos a intervenir directamente como colegio acompañando a los letrados en defensa de los honorarios profesionales. Y haremos todas las presentaciones necesarias cuando veamos que reiteradamente se regulan honorarios por debajo del mínimo. Respecto de la capacitación, hay que prestar atención a los desafíos del mundo actual.
La inteligencia artificial no es algo que está por venir, ya está, ya está. Cualquiera de nosotros puede bajarla desde el celular. Bueno, las cantidades de chat que hay, algunos especialmente dedicadas al ejercicio profesional.
Tenemos que saber cómo aprovechamos esta herramienta que va a cambiar la administración de justicia y el ejercicio de la profesión. Para esto vamos, junto con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, a ofrecer la mayor cantidad de cursos a todos los abogados y abogadas para tratar de sacar el mayor provecho para el ejercicio de esta herramienta. Asimismo, tenemos también que capacitarnos debidamente con respecto a muchas cuestiones tecnológicas que están ocurriendo en las finanzas, las FinTech, los activos digitales, las criptomonedas.
Vamos a crear una comisión de FinTech y LegalTech para integrar también nuestra aplicación con los servicios informáticos también del Poder Judicial, y vamos a promover la creación de un portal de gobierno abierto. No vamos a quedarnos al margen de los adelantos tecnológicos, pero a la vez estaremos atentos a las amenazas que supone para nuestra profesión la inteligencia artificial. Desde ya vamos a intensificar los cursos y actividades en todas las materias, manteniendo un nivel de excelencia en la formación profesional, especialmente los gratuitos para los Nobeles.
Vamos a potenciar los recursos del campus virtual y también a la app para poder hacerlo a través de la app, y vamos a utilizar cámaras de última generación que hemos adquirido para poder brindar capacitación en forma híbrida, presencial y virtual. Un tema pendiente que esto ha quedado y que le vamos a dar también atención es el Tribunal Arbitral. El Colegio Público tiene todas las condiciones para poder brindar un servicio de jerarquía que pueda pactarse y resolverse muchas de las controversias, pero para ello debemos instrumentar un órgano de primer nivel y con un procedimiento rápido y confiable.
Ahora quiero referirme a otra cuestión a la cual yo creo que tenemos que ocuparnos de modo prioritario, colaborar en el servicio de justicia. La ley que delegó en el Colegio Público el gobierno de la matrícula le encomendó contribuir al mejoramiento de la administración de justicia haciendo conocer y señalando las deficiencias y irregularidades que se observan en su funcionamiento. Y debo decirles que la confianza en la justicia no está bien en la Argentina.
Todas las mediciones realizadas y para citar son contestes y para citar una de las últimas, la Tercera Encuesta de Cultura Constitucional que inició la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y que ahora lo hace junto con Poliarquía, con la Universidad de Australia y el Colegio de la Ciudad, arroja resultados tremendos. Son muchos, pero voy a referirme nada más que a tres. Solo cuatro de cada diez argentinos confían en la justicia.
El 78% considera que la Constitución no se cumple y el 72% que los jueces son poco o nada independientes. Estas cifras debieran causarnos una gran alarma por la función estratégica que cumplen los jueces en una democracia constitucional. Los jueces son los guardianes de la vigencia de la Constitución, los custodios de la existencia o no de la República.
Pero la legitimidad de los jueces depende exclusivamente de la confianza de los ciudadanos de que resolverán imparcialmente y de acuerdo a la ley. Las decisiones de jueces sospechados siempre suscitarán desconfianza. ¿Cómo restablecer esta credibilidad en la justicia? Por supuesto, se pueden hacer reformas judiciales que mejoren sustancialmente el trámite de las causas para que estas se resuelvan en un tiempo útil y para que también los ciudadanos puedan acceder más fácilmente a la justicia.
En ese sentido, yo quiero destacar la decisión del Ministerio de Justicia y del Ministro de Justicia de implementar rápidamente el sistema acusatorio en materia penal, y la cooperación inmediata que le dio la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. La puesta en funcionamiento del acusatorio es un verdadero cambio cultural que redundará en procesos más transparentes, más eficaces y van a fortalecer también la imparcialidad del juzgador. Desde el Colegio Público comenzaremos a capacitar a los matriculados en la práctica de este sistema que requiere de otras habilidades de litigio distintas.
Por supuesto, hay otras reformas que pueden acelerar los procesos no penales o facilitar el acceso a la justicia. Hace falta el dictado de una nueva ley de amparo y a su vez también la posibilidad, todavía muy demorada, de una ley que regule las acciones colectivas. Pero más allá de estas reformas, hay otras circunstancias que conspiran contra el adecuado servicio de justicia.
A la carencia de medios materiales indispensables para cumplir su labor que sufren muchos tribunales, se suma una cantidad de vacantes de tal magnitud que pone en riesgo el funcionamiento regular de los órganos judiciales. Hay claras mejoras en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que es producto de la Reforma Constitucional de 1994 que está cumpliendo 30 años de vigencia y vaya nuestro homenaje a esa reforma fruto de un fuerte consenso que ha permitido que esa constitución no sea patrimonio de ningún partido político sino de todos los argentinos.
Se advierte un gran esfuerzo por parte del Consejo para tratar de superar los atrasos porque no es posible trabajar con normalidad cuando al menos un cuarto de tribunales se encuentran vacantes. A su vez, el Poder Ejecutivo debe mandar cuanto antes los candidatos o candidatas de las 92 ternas que tienen su poder de concursos celebrados hace ya varios años. Por otra parte, no es aceptable que no existan estadísticas actualizadas y confiables del desempeño de los tribunales.
No pueden formularse correctamente políticas públicas si no tenemos los números que permitan establecer dónde y de qué modo hay que hacer correcciones. De nuestra parte, vamos a poner en funcionamiento a un observatorio encargado de recopilar información estadística sobre el trámite de las causas en los distintos fueros, relevarla, efectuar diagnósticos y hacer propuestas. Trabajaremos con nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura para tratar de avanzar en alguna de estas reformas judiciales, pues se trata de una misión que la Constitución encomendó explícitamente a ese órgano.
Pero, por otra parte, estas preocupaciones no son sólo de la abogacía. Los jueces también quieren que la justicia funcione mejor. Los empleados de la justicia también quieren que la justicia funcione mejor.
La Academia ha hecho grandes estudios al respecto y hay muchas organizaciones no gubernamentales que tienen importantes trabajos en la materia. Vamos a tratar de reunirnos y poder discutir con todos ellos cuáles son las mejores herramientas, los instrumentos más idóneos para poder mejorar el funcionamiento de la justicia y elevar buenas propuestas a las autoridades. Pero no se trata sólo de buscar reformar procedimientos.
Recuperar la credibilidad en la justicia y en la independencia e imparcialidad de los jueces también depende del proceder de los poderes políticos. Debo decir que no compartimos en absoluto la decisión del Presidente de la República de nominar a dos varones para integrar la Corte Suprema de Justicia y no dar debida respuesta a la gran cantidad de cuestionamientos que se han formulado en ocasión del procedimiento del Decreto 222. Como lo hemos manifestado ya públicamente, es una regresión inaceptable tener una Corte Suprema integrada sólo por varones.
En claro apartamiento de lo que dispone la Constitución, el mismo decreto antes citado que reglamenta la facultad presidencial, lo que dicen las convenciones internacionales de igual jerarquía y la tendencia pacífica en el mundo occidental. Además, hemos sostenido que los jueces de la Corte Suprema tienen que poseer una trayectoria y antecedentes personales y académicos incuestionables. Que los pongan a cubierto de objeciones y sospechas, en una palabra, personas intachables.
El proceder del Poder Ejecutivo no ayuda en ese sentido a recuperar la credibilidad en la justicia, antes bien, profundiza la desconfianza. Quisiera ahora, por último, referirme a otra cuestión que se vincula directamente con nuestra actividad profesional y que creo que tiene mucha relevancia en la Argentina de hoy. A los abogados y abogadas no nos resulta indiferente que la Constitución Nacional se respete o no.
Somos operadores del derecho, nuestra herramienta de trabajo cotidiana es la ley. Somos auxiliares de la justicia. Los principios básicos de las funciones de los abogados de Naciones Unidas dicen que somos agentes fundamentales en la administración de justicia y que debemos velar por el funcionamiento del orden jurídico.
Hemos jurado fidelidad a la Constitución. Nos hemos comprometido a ser leales a ella, a custodiarla, a defenderla si es preciso. Y quisiera decirlo muy claramente, la Constitución es algo inescindible de una democracia liberal.
No se trata solo de una norma superior que describe la organización política de un Estado. La Constitución es la que crea el Estado y lo hace partiendo de algunas premisas fundamentales y con un contenido preciso. La premisa es la soberanía del pueblo como única fuente de legitimidad para el ejercicio del poder.
No es Dios, no es un rey, ni un emperador. Es el pueblo quien decide de modo originario cómo organizarse políticamente. Pero esta voluntad del pueblo, cuando hablamos de las democracias constitucionales, tampoco es omnímoda, porque tiene límites dentro de una Constitución liberal.
Los contenidos de una Constitución liberal limitan también el ejercicio de este poder. Yo creo que nada me define mejor el contenido de esas constituciones que el conocido artículo 16 de la Aclaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución.
Derechos inalienables por la sola condición humana, protección a las minorías y gobierno limitado para preservar precisamente esos derechos y la libertad. Así nació el constitucionalismo en el siglo XVIII. La Constitución significa dos unidades, sin duda la unidad política de un Estado, pero también la unidad normativa, porque a ser la norma suprema todas las normas que se desprenden de ella tienen que ajustarse a sus preceptos y si no, son inválidas.
Y la Constitución, por supuesto, establece los derechos, la separación de poderes, la independencia de la justicia, pero también la Constitución establece ciertos principios y valores fundamentales, ciertos criterios y definiciones que deben ser respetados por la legislación. Por cierto, esas reglas deben poseer cierta generalidad para permitir que dentro de los márgenes de la Constitución pueda gobernar quien decida el pueblo, gobiernos muy liberales o muy conservadores o muy estatistas, todos tienen que gobernar dentro del marco trazado por la Constitución. Y como toda norma jurídica, la Constitución aspira a tener vigencia, a que sus disposiciones sean observadas, a influir sobre la realidad social, a modelarla conforme a sus preceptos.
Una Constitución existe cuando es eficaz, cuando tiene la capacidad de motivar el comportamiento humano en un determinado contexto político. De lo contrario se convierte, como decía Karl Lovestein, en una Constitución meramente nominal, una serie de consejos que a nadie interesa. Es conocida la frase de Ferdinand Lasalle en su célebre conferencia de Berlín en el siglo XIX, cuando sostuvo que cuando la Constitución real depende de los factores de poder, la Constitución jurídica se convierte en un mero trozo de papel.
Cuando eso ocurre, el derecho desaparece, emerge el poder. No es la ley la que disciplina al Estado y sus actividades, sino las crudas relaciones de poder, y en ese caso la libertad y los derechos están en peligro. La Constitución entonces debe ser acatada, sus disposiciones tienen que tener vigencia efectiva, y me estoy refiriendo obviamente a lo que se conoce como la fuerza normativa de la Constitución, como ha desarrollado el autor prusiano Konrad Hess, y entre nosotros Néstor Sagüés y Germán Bidart Campos, y respecto de la Constitución española del 78, Eduardo García de Enterría.
Para que la Constitución sea obedecida, es necesario que exista según dice Hess, una voluntad de Constitución, o una conciencia constitucional, en los términos de Lovestein. Esto es el valor que se le concede a la norma fundamental como ordenador de la vida social, y guía de los principios fundamentales de una nación. Necesitamos de esa voluntad de la Constitución, la necesitamos.
Argentina requiere de seguridad jurídica, previsibilidad, estabilidad en las normas, certeza que las consecuencias previstas en el orden normativo se apliquen a los hechos que caen bajo sus disposiciones. Lo contrario es la discrecionalidad de quien ejerce el poder, los peligros de abuso, de arbitrariedad, y en esos casos ni la libertad ni la propiedad están a resguardo si no se cumple la Constitución. No puede haber desarrollo ni progreso alguno sin certeza en la aplicación del derecho.
El funcionamiento regular de las instituciones determina los incentivos necesarios para la inversión. Por el contrario, el deterioro institucional agrava los costos de transacción. No es bueno que en la Argentina esté en discusión hoy nada menos que quién hace la ley, uno de los presupuestos del régimen republicano.
Digo esto a propósito de la polémica acerca de las excepcionales facultades legislativas del Presidente de la República. Tiene que quedar claro cuál es el alcance de esa limitada potestad excepcional de acuerdo a la Constitución, esa potestad presidencial de dictar decretos con contenido legislativo. Lamentablemente esta cuestión permanece irresuelta hasta la fecha, lo que extiende un manto de incertidumbre en las relaciones jurídicas, perjudica la actividad de los abogados y las abogadas, la vigencia de la Constitución y la seguridad jurídica.
Para ir finalizando, hemos celebrado los 40 años de continuidad democrática en la Argentina y este Colegio Público es hijo de la Democracia. La ley que nos dio origen nos ha dado un claro mandato, defender a la abogacía, representando a todos los matriculados y matriculadas. A los que litigan en todos los fueros como actores o demandados, a los que trabajan en empresas, en grandes estudios, en el Estado a todos.
Yo quiero asumir un compromiso personal frente a ustedes, junto al Consejo Directivo que me acompañara, compuesto por la Lista Unidad y por Gente de Derecho, voy a trabajar intensamente para defender la abogacía, mejorar el servicio de Justicia y colaborar en la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho en la Argentina.
Muchas gracias.
