Y para eso se quebraron los principios más básicos del derecho:
el principio de legalidad, el de inocencia y el de irretroactividad de la ley; se declararon nulas leyes a través del Congreso (“Obediencia debida” y “Punto final”) y se afirmó que tales crímenes no eran pasibles de amnistías o indultos, en contra de lo dispuesto por los tratados internacionales incorporados a la Constitución. El veneno corrió pronto por toda la Justicia, se irradió a todos los fueros.
El garanto‐abolicionismo y este gigantesco prevaricato, el más grande de la historia jurídica de todo Occidente, explican esta brutal tragedia que es la actual ausencia de Justicia. Pero la sociedad lo percibe. Por eso desconfía de los jueces.
Lo que sucedió la semana pasada durante la violenta manifestación frente al Congreso se entiende a partir de este cuadro general. Con una urgencia digna de mejores causas, la jueza Andrade dejó en pocas horas en libertad a 114 de las 118 personas aprehendidas, sin interesarse por averiguar si tenían antecedentes penales, como era el caso de muchos de ellos, sin tampoco tomarles indagatoria ni ordenar la identificación de los responsables a partir de las filmaciones.
Los otros cuatro detenidos recuperarían la libertad poco después, aun cuando uno de ellos fue detenido con un arma tumbera en su mochila.
Pero la desidia no es atribuible solo a la jueza, sino también a los fiscales. No se vio a ningún fiscal que saliera a promover causas, pese a la flagrancia de los hechos, ni tampoco se los vio apelar o presentar denuncia alguna contra la jueza cuando se conoció su irresponsable decisión.
