Además, en una estrategia que pretende ampliar el embargo de 25.000 dólares sobre los bienes del promotor del negocio, Hayden Davis, dispuesto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Taiano, ahora se presentó en la causa como querellante una inversionista bielorrusa.
Krasutskaya Sviatlana Vitalievna solicitó constituirse como querellante al denunciar pérdidas por US$1.768.079 tras la caída abrupta de $LIBRA.
La mujer acusó al presidente Javier Milei y a su entorno de legitimar una estafa que despojó a inversores internacionales de parte de sus ahorros.
Según el escrito, Vitalievna realizó la inversión el 14 de febrero de 2025 motivada exclusivamente por una publicación de Milei en la red social X, donde aseguraba que el proyecto impulsaría la economía argentina.
La querella presentó ante la Justicia la trazabilidad de las transacciones en la blockchain, y documentó cómo las compras de la inversora bielorrusa se transformaron en un quebranto millonario tras la retirada del apoyo oficial.
Su escrito señala que es una “ofendida directa” por la maniobra, dado que confió en la legitimidad que otorgaba la investidura presidencial al negocio.
Sus abogados en Argentina, Martín Romeo y Nicolás Oszust, firmaron el escrito en el que dicen haber sido damnificados por Karina Milei, Manuel Adorni y los desarrolladores del token.
Se los acusa de los presuntos delitos de estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
La Justicia investiga si existió un esquema de fraude diseñado para inflar artificialmente el valor del token y luego provocar su desplome, generando ganancias extraordinarias para los creadores y pérdidas millonarias para los inversores.
En febrero del 2025, la jueza María Servini −que tuvo inicialmente el caso y hoy está en manos de su colega Marcelo Martínez De Giorgi− rechazó la solicitud de un grupo de personas −Juan Marchetto, Matías París y Alan Vega−, para ser tenidos como parte querellante en la causa. Los afectados están representados por Nicolás Rechanik, Juan Grabois y Carolina Palacio Roitbarg.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión. “El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”, dijeron los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
Tras afirmar que el dictamen inicial abre “un panorama muy amplio desde los puntos de vista fácticos y jurídicos”, la Cámara señaló que existen “diferentes alternativas e hipótesis de lo sucedido” y “una de esas versiones −se insiste, sea a la postre corroborada o no− es la de una posible estafa o, independientemente del encuadre que se elija, de una operación que −según se alega− habría provocado un perjuicio de tenor económico a los adquirentes del criptoactivo”. Por lo tanto, se aceptó a los posibles afectados en la investigación.
La defensa apeló y en abril del 2025 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazo el recurso.
El caso llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia, en donde se buscó plantear que la decisión había sido arbitraria y que se habían afectado los derechos constitucionales del debido proceso de sus clientes. Sin embargo, hoy la Corte Suprema desestimo el recurso.
Ahora, Martínez de Giorgi deberá decidir sobre la presentación de Krasutskaya Sviatlana Vitalievna que parece encabezar el desembarco local de inversores extranjeros en la causa de Argentina, para lograr que se amplíe el embargo sobre los bienes del promotor del negocio, Hayden Davis, por US$24.500 al que consideran por “irrisorio” e “irracional”.
