En particular, se cuestiona la incorporación de un criterio objetivo para la configuración de la denominada pluspetición inexcusable, que habilita la imposición de costas al profesional por la mera sobreestimación de los créditos reclamados, sin consideración de su conducta. Asimismo, se impugna la posibilidad de cancelar en cuotas sentencias laborales, incluyendo honorarios, lo que desconoce su naturaleza alimentaria y altera su exigibilidad.
El Colegio sostiene que estas disposiciones afectan no solo a los/las profesionales, sino también al acceso a la justicia de trabajadores y trabajadoras.
En cumplimiento de su deber legal de resguardar el ejercicio de la profesión, se ha solicitado además el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de las normas impugnadas.
El Colegio reafirma así su compromiso con la vigencia de las garantías constitucionales y el Estado de Derecho.
