Mi adolescencia estuvo atravesada por el Juicio a las Juntas y por la recuperación democrática. Eso dejó una marca muy fuerte en mí: el derecho no es solo una herramienta técnica, sino un instrumento central para organizar la vida en común y sostener las instituciones. Esa dimensión fue la que terminó de definir mi vocación.

Me recibí muy joven, a los 23 años, y elegí la orientación en derecho empresarial en un momento en que no era una especialización habitual entre las mujeres. Dentro de ese campo, me interesé especialmente por el derecho societario, que fue el eje de mis primeros años de ejercicio.

Inicié mi carrera en relación de dependencia, en un estudio de primera línea, donde comencé a trabajar en estructuración de negocios. En 2002 fundé mi propio estudio y desde entonces me dedico a asesorar a empresas y desarrolladores en el armado de vehículos de inversión y en la estructuración de proyectos, especialmente inmobiliarios y hoteleros.

En paralelo, me involucré en la vida colegial. Fui consejera de la Magistratura y, desde hace cuatro años, formo parte de la gestión del Colegio Público de la Abogacía junto a Ricardo Gil Lavedra, con la Lista Unidad en Defensa de la Abogacía.

2. Pregunta: ¿Qué es Unidad en Defensa de la Abogacía?

Alejandra García: Unidad en Defensa de la Abogacía es la agrupación en la que los matriculados y las matriculadas confiaron el gobierno del Colegio Público hace cuatro años, en un contexto en el que la institución estaba cerrada por la pandemia y había dejado a los abogados y a las abogadas sin respuestas en un momento particularmente difícil y complejo.

La pandemia había cambiado aún más la forma de ejercer la profesión y el Colegio Público estaba administrado de manera deficiente y era obsoleto frente a esa nueva realidad. Hubo que ordenar su funcionamiento, modernizar los servicios e intervenir cada vez que el ejercicio profesional se encontró afectado.

La diversidad de voces en la agrupación no es un problema. Al contrario, es lo que nos permitió construir acuerdos sobre lo esencial y llevar adelante una gestión que ordenó el Colegio Público, lo abrió y lo puso al servicio de la matrícula. Y sobre esa base hubo una decisión clara que atravesó toda la gestión: defender a los abogados y a las abogadas.

3. Pregunta: ¿Cómo intervino el Colegio Público de la Abogacía frente a iniciativas que afectaban el ejercicio profesional?

Alejandra García: Cuando se intentó avanzar sobre el ejercicio profesional, el Colegio intervino de manera directa.

Actuó en el Congreso frente a proyectos como los divorcios administrativos y las sucesiones notariales, que excluían la intervención letrada. Impulsó ante la Corte Suprema la actualización automática de la UMA, que finalmente se implementó. Y promovió una acción judicial contra aspectos de la reforma laboral que afectan el ejercicio de la abogacía y el acceso a la justicia.

Son intervenciones concretas frente a situaciones concretas. Entendemos que cuando se reduce o se desplaza el trabajo de los abogados y las abogadas, lo que se resiente no es solo la actividad profesional, sino las condiciones en las que las personas acceden a sus derechos.

4. Pregunta: Desde “Unidad en Defensa de la Abogacía” sostienen que modernizar el Colegio es también una forma de defender la profesión. ¿En qué se basa esta afirmación?

Alejandra García: Se basa en un dato evidente: el ejercicio de la profesión cambió.

Si uno compara cómo se litigaba hace 30 años con la práctica actual, la diferencia es sustancial. Pasamos de expedientes en papel, presentaciones físicas y trámites presenciales a un sistema digital, con audiencias remotas y gestión electrónica.

Frente a ese cambio, el Colegio tenía que adaptarse para acompañar el ejercicio profesional en sus condiciones reales. Por eso, desde el inicio de nuestra gestión impulsamos herramientas concretas para la práctica diaria.

La creación de espacios de coworking permite a los matriculados y a las matriculadas contar con un ámbito adecuado para audiencias virtuales. Además, se modernizaron las salas de profesionales y la biblioteca, y se desarrolló un campus virtual que amplió de manera significativa el acceso a la capacitación. Por otro lado, la App del CPACF también simplificó gestiones cotidianas, como el pago de la matrícula y el acceso a servicios del Colegio.

No es una discusión tecnológica en abstracto. Las acciones que llevamos adelante en ese sentido se traducen en respuestas concretas a cómo hoy se ejerce la abogacía.

5. Pregunta: El inicio de la carrera suele ser un momento desafiante. ¿Cómo planea el Colegio acompañar a los/as noveles abogados/as para que no sientan que el ejercicio es una batalla que deben librar solos?

Alejandra García: El inicio en la profesión es una etapa exigente y requiere acompañamiento. Los primeros clientes, los primeros trabajos y las decisiones iniciales suelen plantear dudas a quienes comienza a ejercer.

Frente a eso, nuestra gestión también adoptó medidas concretas. Por un lado, eliminó la cuota de matriculación para quienes recién se inician. Por otro, generó espacios que funcionan como oficinas y permiten trabajar con los recursos necesarios.

El paso siguiente que proyectamos es profundizar ese acompañamiento. Vamos a implementar una bolsa de trabajo con derivación de casos y sistemas de tutorías, donde colegas con trayectoria acompañen a quienes se inician en la organización de sus primeros expedientes.

A ello se suma el acceso a capacitaciones de excelencia, muchas de ellas gratuitas y adaptadas a los tiempos de la práctica profesional.

El objetivo es claro: que quien comienza a ejercer no lo haga en soledad, sino con herramientas, con respaldo y con una institución que los/as acompaña.

6. Pregunta: Algunos sectores proponen eliminar la colegiación obligatoria. ¿Por qué usted defiende lo contrario?

Alejandra García: La colegiación obligatoria no es un privilegio corporativo, es una garantía para la sociedad y para el Estado de Derecho.

La ley le delega al Colegio una función pública: gobernar la matrícula y ejercer el control ético de la profesión. Que los abogados y las abogadas sean juzgados por sus pares no es corporativismo, es especialización. La evaluación de una conducta profesional exige conocer en profundidad la práctica y sus límites.

Eliminar la colegiación desorganiza el ejercicio profesional y debilita los mecanismos de control. Y eso impacta directamente en las condiciones en las que las personas acceden a la defensa de sus derechos.

7. Pregunta: Usted se postula a presidir el Colegio Público por la lista Unidad en Defensa de la Abogacía. ¿Sería la primera mujer en ocupar ese cargo?

Alejandra García: El Colegio Público está por cumplir cuarenta años y nunca fue presidido por una mujer, aun con paridad de género en las listas desde 2018.

Desde que Ricardo Gil Lavedra asumió la conducción del citación obligatoria en materia de género al momento de la matriculación y se creó el Instituto de Estudios de Género. En ese marco es que mi candidatura resulta posible.

Estas valiosas iniciativas confirman que el Colegio Público empezó a cambiar su cultura institucional.

8. Pregunta: ¿Quiénes pueden votar y en qué fechas se realiza la elección?

Alejandra García: Pueden votar los abogados y las abogadas matriculados/as en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal que se encuentren habilitados/as para hacerlo.

La elección se realizará los días 21 y 22 de abril, de 8 a 18 horas, en la sede del Colegio Público, ubicada en Av. Corrientes 1441.

Es una elección directa de autoridades en la que participa toda la matrícula habilitada.