Corresponde que las autoridades provinciales esclarezcan de manera inmediata lo ocurrido y determinen las responsabilidades del caso. La actuación estatal debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, debido proceso y razonabilidad.

Este Colegio reafirma su deber legal de resguardar el ejercicio profesional, en tanto condición necesaria para el acceso a la justicia, y permanecerá atento a la evolución de los hechos, adoptando las medidas que correspondan.