Porque no hablamos de jueces anónimos ni de decisiones menores: hablamos de tres magistrados que tuvieron participación central en investigaciones y resoluciones judiciales que involucraron directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Y es precisamente ahí donde nace la preocupación institucional más grave.
Cuando los jueces que avanzan sobre causas sensibles de corrupción terminan siendo apartados por decisiones impulsadas desde sectores ligados al poder político, la sociedad inevitablemente se pregunta si estamos frente a una mera cuestión administrativa o frente a un mensaje disciplinador. Bruglia y Bertuzzi participaron en revisión clave de expedientes de corrupción que comprometieron al kirchnerismo. Castelli integró el tribunal oral vinculado a una de las causas más emblemáticas de la historia reciente: Cuadernos. Hoy, los tres aparecen alcanzados por procesos que los desplazarían de lugares estratégicos dentro de la Justicia Federal.
La controversia crece aún más cuando surgen sospechas de favoritismos y posibles beneficios cruzados dentro del sistema judicial y político. Porque en una República sana no solo debe existir imparcialidad: también debe parecerlo. Y cuando la percepción pública asocia castigos con fallos incómodos para el poder, la autoridad institucional entra en crisis.
Nadie discute que las normas deben cumplirse. Lo que sí se discute es la selectividad. Porque si las reglas se aplican únicamente sobre determinados jueces, casualmente quienes investigan al poder político más influyente del país, entonces deja de ser una cuestión jurídica para transformarse en un problema institucional de enorme gravedad.
La democracia no se debilita solo cuando se persigue a opositores. También lo hace cuando los jueces perciben que avanzar contra el poder tiene costos personales, políticos o profesionales. “Una República verdadera necesita jueces independientes, no jueces condicionados por el temor a las consecuencias de investigar al poder”.
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