La nueva norma, diseñada en conjunto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elimina la instancia que facultaba a los ciudadanos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales a realizar observaciones e impugnaciones. 

Asimismo, el Gobierno dejó sin efecto la obligatoriedad de difundir los antecedentes y las declaraciones patrimoniales de los aspirantes en diarios de circulación nacional, reemplazando este paso por una publicación en la página web oficial del Ministerio de Justicia. 

Además, la reforma dejó sin efecto recomendaciones que sugerían ponderar criterios de especialidad jurídica, procedencia regional y diversidad de género al momento de confeccionar las propuestas para el máximo tribunal. 

Desde la perspectiva de la Casa Rosada, estas medidas responden a la necesidad de desburocratizar y simplificar trámites, sosteniendo que los mecanismos de participación ciudadana y control republicano continúan garantizados en las audiencias públicas.

Sin embargo, la interpretación que puede hacerse al respecto es bien diferente, puesto que le da el control al oficialismo de turno para acelerar los nombramientos reduciendo el costo del debate público, teniendo en cuenta el desgaste político que experimentó el Gobierno tras las objeciones acumuladas durante las postulaciones del juez Ariel Lijo. 

Pero no es un hecho que deba analizarse de forma aislada, ya que se da en medio del aceleramiento de la administración Milei con el fin de cubrir vacantes en Tribunales Federales de todo el país.

Esto último puede verse en el envío de más de cien pliegos a la Cámara de Senadores de la Nación, donde ocurrió uno de los hechos más insólitos (y hasta monárquicos) que exhiben la necesidad del Gobierno de asegurarse una justicia adicta.

Se trata del episodio que rodeó a María Verónica Michelli, una funcionaria judicial que superó las instancias del Consejo de la Magistratura y la defensa de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado y debió afrontar un intento del retiro de su candidatura por el simple hecho de ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

No obstante, el Congreso avanzó en el recinto aprobando el pliego de Michellli y abriendo una fuerte disputa sobre la pericia del presidente para anular una propuesta que se encuentra bajo la órbita del órgano de debate nacional.

En contraataque, Milei ratificó las atribuciones que ostenta el Poder Ejecutivo compartiendo un análisis que sostiene que la designación es facultad del presidente y que resulta viable postergar la firma del decreto de nombramiento.

Todo lo antedicho se suma a una serie de escándalos que mantienen al Gobierno contra las cuerdas y a la sociedad y parte de la política en vilo por el rol que está tomando Milei frente a una justicia que claramente carece de toda independencia.

Ejemplos pueden enumerarse bastantes, pero se puede citar el viaje de Ariel Lijo a París junto al ministro de Justica para defender la gestión de Milei frente al GAFI o el ascenso que impulsó el oficialismo sobre la jueza Ana María Juan, no casualmente, la mujer de Marcelo Martínez de Giorgi, aquel que tiene entre sus manos la causa por el criptoescándalo $LIBRA.

Si se tienen en cuenta todas estas consideraciones se puede llegar a la conclusión inequívoca de que el Gobierno construye una justicia adicta a medida de los intereses propios.

Fuente: https://periodicotribuna.com.ar/el-gobierno-de-milei-avanza-hacia-la-construccion-de-una-justicia-adicta/