Treinta ahorristas perjudicados por el colapso de $LIBRA, que durante las últimas semanas fueron apartados como querellantes de la investigación penal en los tribunales federales de Comodoro Py, superaron la instancia de mediación prejudicial obligatoria y activarán una demanda civil por daños y perjuicios, confirmaron a LA NACION dos fuentes consultadas por separado. 

El primer paso para avanzar con esa demanda civil ocurrió el año pasado, cuando los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que representan a decenas de inversores de todo el mundo con pérdidas multimillonarias, mantuvieron una mediación formal y reservada con uno de los letrados de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, según reconstruyó este diario.

Tras aquella primera audiencia de mediación, Oszust y Rombolá decidieron concentrar sus esfuerzos en la investigación penal, con el fin de obtener evidencias y acceder a información que demostrara la responsabilidad legal de los acusados, por un lado, y que al mismo tiempo fortaleciera una eventual demanda indemnizatoria en el fuero civil, por el otro.

Esa estrategia procesal −habitual cuando un mismo hecho puede generar consecuencias penales y patrimoniales− quedó trunca, sin embargo, cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes del expediente tras afirmar que no habían logrado demostrar que realmente fueran inversores perjudicados por el colapso del “memecoin” en febrero de 2025.

Martínez de Giorgi entendió que los solicitantes no habían acreditado su condición de damnificados, decisión que apelaron los inversores. Calificaron de “arbitraria” la resolución, y sostuvieron que el magistrado ignoró documentación incorporada al expediente, formuló afirmaciones “dogmáticas” sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos, incurrió en “absurdos lógicos” y se apartó de la doctrina de la Cámara Federal.

Tras el final de la feria judicial de invierno, serán los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña −Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi− quienes deberán resolver si revocan o confirman esa decisión. Si la Sala confirma la exclusión, los inversores todavía podrán intentar revertirla mediante un recurso ante la Cámara de Casación Penal. Pero mientras tanto, sus abogados evaluaron reactivar la vía civil y quiénes podrían ser demandados. Esa definición dependerá, en parte, de la prueba reunida durante la causa penal y de la estrategia procesal que adopten cuando se resuelva la situación de los querellantes.

Mediación por Zoom

La senda civil comenzó a transitarse el 15 de mayo del año pasado, cuando Oszust y Rombolá dieron los primeros pasos para entablar una demanda por daños y perjuicios, con la audiencia de mediación prejudicial obligatoria, trámite previo para recurrir a los tribunales civiles en la ciudad de Buenos Aires.

Según reconstruyó LA NACION, el mediador durante esa audiencia fue el letrado Pablo Ernesto Gamba, con oficinas en la avenida Corrientes al 1200, que coordinó un encuentro, que se desarrolló por Zoom, entre los representantes legales de al menos 30 inversores y uno de los abogados de Novelli y Terrones Godoy, que no era el penalista Daniel Rubinovich.

“La mediación por momentos resultó bizarra”, rememoró uno de los presentes. “Había inversores perjudicados de todo el mundo y algunos hablaban español, como los colombianos y los chilenos, pero otros no y hubo que traducirles al inglés lo que estaba pasando”, detalló. “Además, hubo que tomarles lista, como en el colegio, para que se identificaran y demostraran con documentos quiénes eran; y había uno, por ejemplo, en pantalones cortos, con una camiseta de basket, todo despeinado”.

La audiencia registró la ausencia del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, y concluyó sin acuerdo, requisito que dejó habilitada la posibilidad de promover la correspondiente demanda civil por daños y perjuicios, aunque los abogados de los inversores optaron entonces por concentrar sus esfuerzos en la causa penal que tramita en Comodoro Py.

“En un momento dado, uno de los abogados de los inversores cifró el reclamo total en 35 millones de dólares, a lo cual la otra parte pidió unos minutos para debatir entre ellos una respuesta y, cuando volvieron a la audiencia, dijeron que no había nada que negociar porque, según ellos no hubo una estafa, sino que los inversores tomaron una mala decisión de mercado, y que se verían en los tribunales”, rememoró uno de los presentes.

La cuantía del resarcimiento reclamado también generó ruido, incluso entre los inversores. Algunos estimaron que la premisa era fijar “una posición de máxima, que incluyó todos los daños, los intereses y honorarios”, pero dirigida a abrir una negociación; para otros, fue una forma de impedir cualquier acuerdo prejudicial cuando la investigación penal recién comenzaba en la Argentina; y para otros más, constituyó un error de estrategia. “El monto en dólares del reclamo más bajo en dólares”, indicó uno de los consultados.

La mediación constituyó, sin embargo, apenas uno de los varios intentos por alcanzar una solución extrajudicial desde que estalló el escándalo de $LIBRA. Según reconstruyó LA NACION, hubo al menos tres gestiones diferentes, impulsadas desde sectores distintos, pero con un denominador común: explorar un acuerdo que redujera las consecuencias patrimoniales y judiciales del caso y, al mismo tiempo, desvinculara al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal derivada del expediente.

Otras negociaciones fallidas

El primer intento tuvo como protagonista a la defensa del “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis. Según reveló LA NACION, en junio de 2025 sus abogados sondearon en los tribunales federales de Comodoro Py la posibilidad de depositar cerca de US$100 millones en una cuenta judicial de la Argentina como parte de una eventual reparación patrimonial para los inversores perjudicados, con la expectativa de alcanzar una solución procesal que atenuara su exposición penal. Pero la propuesta no prosperó. Entre otros motivos, porque exigía un esquema procesal inusual, carecía de consenso entre las partes involucradas y no resolvía el impacto que la causa tenía sobre el Presidente y otros investigados.

El segundo intento comenzó a tomar forma meses después, cuando emisarios de un grupo de inversores afectados −entre ellos el consultor político Gastón Douek− mantuvieron reuniones con el entonces apoderado electoral de La Libertad Avanza y actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, según reconstruyó LA NACION en noviembre pasado.

Consultadas entonces por este diario, personas cercanas a Viola no confirmaron ni desmintieron la existencia de esos canales informales de diálogo. “Santiago no es funcionario del Gobierno, ni tuvo una reunión directa con la querella, pero al que le pregunta le responde que la condición insoslayable para hablar es que primero despeguen al Presidente del caso $LIBRA porque no cometió ningún delito”, indicaron en aquel momento. “Despejado ese punto se puede discutir si es viable lo demás”.

El tercer intento, en tanto, comenzó a gestarse en abril de este año. El abogado Fernando Burlando exploró la posibilidad de alcanzar una reparación integral para los inversores perjudicados a cambio de cerrar el frente penal sin condenas para los involucrados. Pero chocó con dos obstáculos centrales: la defensa de Davis sostiene que nunca se cometió un fraude y cualquier entendimiento debía contemplar, como paso previo, la desvinculación de Javier Milei y de su hermana Karina de toda responsabilidad penal.

Ahora, el expediente se encuentra en un punto de inflexión. Por la vía penal, los inversores esperan que la Sala I de la Cámara Federal −o la Cámara Federal de Casación Penal− revoque la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi y los restablezca como querellantes. Y también se aprestan a pedir la recusación del juez Martínez de Giorgi. Y en paralelo, preparan la avanzada civil.

Hugo Alconada Mon 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-los-inversores-impulsaran-una-demanda-civil-mientras-esperan-que-la-camara-los-reintegre-nid03082026/