Para comprenderlo es necesario destacar quiénes son los miembros familiares que ocupan lugares de relevancia dentro del Estado, ello más allá de que Juan Bautista Mahiques mantiene su alta cuota del poder al frente del Ministerio de Justicia. 

Carlos Mahiques fue ratificado en la Cámara de Casación a pesar de contar con la mayoría de edad de 75 años que como límite impone la Constitución Nacional. Ignacio Mahiques, hermano del titular de la cartera de Justicia, es juez de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires con innegable injerencia en la Fiscalía de Instrucción Nº35 de la CABA. El listado se completa con Esteban Mahiques, quien hoy ejerce como jefe de la Unidad de Asesores del Ministerio de Justicia.

La pregunta que cabe hacerse en este punto es qué tan mala puede llegar a ser la concentración de poder en un mismo apellido, sobre todo teniendo en cuenta la labor en materia judicial en línea con los deseos, aspiraciones y escándalos que rodean a la Casa Rosada.

No es una incógnita menor, ya que la presencia simultánea de familiares en Tribunales de revisión y Ministerios, y la injerencia sobre Fiscalías indudablemente afecta la percepción de imparcialidad básicamente porque debilita los sistemas de frenos y contrapesos indispensables para el buen funcionamiento de una República.

Es decir, la concentración de cargos de alta jerarquía tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo en un solo apellido impacta sobre el sistema republicano de Gobierno, el cual se fundamenta en la división de poderes, la alternancia, la transparencia y la igualdad ante la Ley

En tal sentido, una de las cuestiones más relevantes a la hora de analizar este tipo de cuestiones es que de esta forma se elude el sistema de frenos y contrapesos que cada uno de los tres poderes del Estado debe ejercer sobre el resto para evitar abusos dignos de una monarquía.

Ello indudablemente deriva en una falta del control cruzado ya que si un mismo grupo familiar ocupa cargos o tiene injerencia en la Fiscalía que investiga, el Juzgado que instruye y la Cámara que revisa y el ministerio que administra los recursos de la Justicia, el control se termina neutralizando.

El mayor problema con ello es que el poder dejaría de funcionar bajo un sistema de independencia y operaría como una red de lealtades personales que se asimilan más a estructuras oligárquicas que a una democracia representativa.

Pero lo antedicho es lo superficial, lo que está a la vista. Detrás de ello se exhibe una serie de situaciones como es el caso de la vulneración al principio de igualdad establecido por la Constitución que sostiene en su artículo 16 que para el acceso de empleados públicos es indispensable la idoneidad, algo que se incumple si los vínculos políticos resultan determinantes y se rompe la meritocracia.

Además, en este caso, se estaría afectando la garantía de imparcialidad. Así lo expone la doctrina de la apariencia de la imparcialidad de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al sostener que para que la justicia exista los jueces no solo deben ser independientes, sino también parecerlo. Ante la permanente sospecha de que los fallos responden a intereses personales o políticos la legitimidad de las sentencias se termina destruyendo.

Quizá quien se encuentre leyendo la presente columna se pregunte en qué afecta ello a la vida diaria de la ciudadanía y la realidad es que este tipo de situaciones generan inseguridad jurídica ya que las reglas del juego dentro del sistema judicial se vuelven imprevisibles.

Es decir que ciudadanos y empresas podrían percibir que el resultado de una causa no depende del apego a las leyes sino de la influencia y los contactos de los litigantes y los denunciantes con los clanes que se encuentran en la cima del poder.

Como si fuera poco podría ahuyentar las inversiones y el desarrollo por el mismo motivo, ya que la falta de la seguridad jurídica deteriora el clima de negocios y las inversiones a largo plazo prefieren Estados donde los contratos y los derechos de propiedad sean protegidos por una justicia neutral y no por juzgados sujetos a sospechas de padrinazgo político.

Asimismo, se corre el riesgo de que la Justicia  se utilice de forma selectiva. Es decir, puede ser un escudo de impunidad para los propios y aliados y funcionar como un arma de persecución contra opositores, algo con lo que el Gobierno hoy cuenta con ventaja teniendo en cuenta el descrédito que generaría la teoría de “lawfare” ante la excesiva (y absurda) utilización de este sistema (que no fue tal) de parte de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Por último, favorece el desinterés de la ciudadanía, ya que es probable que una masa importante de personas sintiera que la justicia no es igual para todos, lo que provocaría un peligroso crecimiento de los discursos que promueven la disolución del sistema republicano tal como se lo conoce.

En definitiva, tal como está concentrado el poder hoy en la familia Mahiques, no hace más que generar un escenario totalmente opuesto al que supuestamente vino a combatir el presidente y La Libertad Avanza en su conjunto.

Lo que se observa es una casta que se adueñó del poder, del control del Estado y de los contrapesos para sostener un sistema autocrático donde gran parte de las decisiones judiciales de relevancia son tomadas por el mismo clan familiar que, ineludiblemente, responde a los intereses de la Casa Rosada.

Nicolás Sanz
Secretario General de Redacción de Tribuna de Periodistas 
Fuente: https://periodicotribuna.com.ar/la-casta-mahiques-en-la-justicia-por-que-su-monopolio-es-un-peligro-para-el-ciudadano-comun/