Justicia

Era un escándalo. Por eso, aunque falta que el jueves próximo se vote en una reunión de comisión oficialmente, el Consejo de la Magistratura quitó del temario de examen la inclusión de “lawfare” como material de estudio de cara al concurso para cubrir los cargos de Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral en Comodoro Py. 

La presentación judicial también incluye al jefe de Gobierno, Jorge González, y al de la Policía, Walter Arroyo. Lo hizo un grupo de legisladores provinciales. 

La Cámara de Apelaciones reafirmó que la petrolera entró en cesación de pagos en 2011 y rechazó su intento por llegar a la Corte; sanción al abogado de los empresarios

 

Está en el temario del concurso para reemplazar al juez Claudio Bonadio y a su colega Sergio Torres

 

La semana pasada, la Justicia frenó a último momento una licitación por la compra de armas para la policía santafesina, porque una empresa argentina interpretó que las condiciones de competencia eran tendenciosas y beneficiaban a un proveedor determinado. La Legislatura pidió explicaciones, y como no las obtuvo, diputados del Frente Progresista y la Unión Cívica Radical decidieron denunciar penalmente al ministro de Seguridad de Santa Fe. 

Un fiscal pidió que Alejandra Gils Carbó vaya a juicio por la compra irregular de un edificio. 

La justicia federal dispuso pedir los números de teléfonos oficiales y particulares del ex ministro de Salud Gines González García y de otros funcionarios para analizar sus cruces de comunicaciones en la causa en que se los investiga por facilitar la vacunación de privilegio de amigos del poder en el ministerio de Salud. 

Tras permanecer internado las últimas semanas, este sábado murió el fiscal federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires Jorge Di Lello, a sus 72 años. 

Hay causas en Córdoba, Salta y Buenos Aires. En Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti investiga la maniobra adjudicada a Ginés González García. El malestar judicial con el Presidente.

 

El empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado por unanimidad a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción, en una causa que se conoce como "la ruta del dinero K", según resolvió hoy la justicia.

 

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