Justicia

La reforma introdujo que los letrados están obligados a informar sobre actividades irregulares de sus clientes.

Como ya lo sabés, este espacio periódico es para contactarnos y ponerte al corriente de las decisiones más importantes que estamos llevando adelante en el Colegio Público de la Abogacía.

Malas noticias para Cristóbal López y Fabián de Sousa. El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció finalmente sobre el caso Oil Combustibles, donde el Tribunal del Juicio sólo condenó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pero habían absuelto a los empresarios K. En un lapidario dictamen, Casal sostuvo la queja del fiscal y pidió que todos sean condenados. 

La Cámara Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista homologó el concurso de la empresa. Esta instancia se dió luego de que Lorenzini el juez natural había fallado contra la homologación.

Sergio Mola solicitó nuevas medidas de prueba sobre el alto nivel de vida del ex intendente de Lomas de Zamora. Hizo foco en los gastos de sus viajes a España, EE.UU., Francia o República Dominicana con Jesica Cirio o Sofia Clérici.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal criticó un presunto DNU que el Gobierno estaría evaluando publicar sobre la reforma de lavado de activos. 

Sebastián Casanello es el juez de primera instancia quien, junto con el fiscal Guillermo Marijuan, continuará con la causa de lavado de dinero en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió ante los diputados la reforma del Código Penal que propone en el proyecto de Ley Ómnibus. "La Argentina tiene que dar un ejemplo de justicia".

Cuando después de la batalla de Caseros- 3 de febrero de 1852, triunfo de Urquiza sobre Rosas- Juan Bautista Alberdi se dio a la tarea de escribir las “Bases”,-no las del DNU y Ley “Ómnibus” de ahora- sino  sobre las que se asentaría la futura organización institucional argentina, se le planteó el primer problema. No cabían dudas que el sistema a adoptar debía ser el de una República.

Las autoridades de la Cámara de Diputados le informaron a la fiscalía que evaluarán si le responden un oficio pero que, en principio, no darían los nombres de los empleados 

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