Justicia

El dirigente peronista bonaerense Alejandro 'topo' Rodríguez presentó este miércoles una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por "amenazas" e "intimidación pública" tras un posteo que incluyó una imagen de armas de fuego por parte de una cuenta de la red social x atribuida a Santiago Caputo, el asesor especial de Javier Milei.

La presentó la Coalición Cívica contra Pablo Otero, luego de que se revelara el entramado mediante el cual Tabacalera Sarandí no pagó los aranceles mínimos del sector durante el kirchnerismo.
Entre los apuntados están Carlos Castagneto y Daniel Reposo. 

El ministerio de Capital Humano presentó remitos y documentos que acreditan la entrega de mercadería en lugares que no existían. Nuevas pruebas judiciales sobre comedores "fantasmas" que recibieron más de 1.800 unidades de alimentos.

A raíz del crecimiento de los delitos graves cometidos por menores, el ministro de Justicia defendió la iniciativa del Gobierno.

También pidieron diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El ex secretario de Comercio K está acusado por los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos.

Raúl Pleé pidió revisar la medida de la Casación Penal que evitó que el primo del expresidente Macri sea juzgado por sobornos y su caso sea analizado por la justicia electoral.

El megadecreto de Javier Milei desregulaba la responsabilidad del farmacéutico y permitía el expendio de medicamentos considerados de "venta libre" a otro tipo de establecimientos, "lo que constituye un claro peligro para la salud", explicó el juez.

Bueno, como hoy está en discusión si prevalece el fondo o la forma, si es más importante el fondo o las formalidades, y como los abogados apreciamos mucho la forma en derecho y también nos gustan ciertas solemnidades, me ha parecido apropiado escribir el mensaje que quiero transmitirles.

Se trata de Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que tiene su sede central en Madrid y una oficina en Buenos Aires. La UFISES analiza un acuerdo reciente con ese organismo por un total de $800 millones 

Dos entidades jurídicas objetan la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que el pago de coimas y sobornos debe ser investigado como “aportes a las campañas electorales”.

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