El 10 de diciembre de 2019, cuando, al asumir como Presidente, Alberto Fernández prometía en su discurso “restablecer los indispensables equilibrios macro-económicos, sociales y productivos para que la Argentina se encienda y pueda volver a caminar”, no incluía en sus cálculos la irrupción del Covid-19, que llegó el 3 de marzo a la Argentina, para acortar el horizonte de decisiones y convertir a la recesión que venía desde 2018 en una crisis.
El primer año de gestión de Alberto Fernández que concluye este jueves y figurará en los manuales económicos junto a otros atípicos como 1975, 1989 o 2001, termina con una jubilación mínima que empataría a la inflación.
Con el aumento del 5% que anunció el Gobierno para el mes de diciembre el haber mínimo tendrá un aumento de $ 900 y finalizará el año en $ 19.045, lo que significa una suba acumulada anual del 35% que apenas igualaría a la inflación.
Para el resto de los haberes esta suba confirma una pérdida de poder adquisitivo. La jubilación media aumentó un 28% en el año, un 6% por debajo de la inflación.
El 10 de diciembre de 2019 la jubilación mínima era de $ 14.076 y la media de $ 21.820. Un año después, con la fórmula de Movilidad suspendida serían de $ 19.981 y $ 30.973 respectivamente, ambas con un aumento acumulado del 42%. Con la política de aumentos por decreto realizada por el Gobierno el aumento del haber mínimo fue del 35% y del medio del 31%.
De haberse sostenido la Ley de Movilidad suspendida este año, todas las jubilaciones habrían recuperado poder adquisitivo con un aumento real interanual del 4,4%.
“Haber reemplazado durante el 2020 los ajustes por movilidad por aumentos discrecionales, representó un ahorro fiscal de $ 137.000 millones, equivalente al 0,51% del PBI”, explicaron desde la consultora LCG.
La fórmula que se utilizará el próximo año será similar a la empleada entre 2008 y 2017 según lo anticipó Fernanda Raverta, directora de la ANSES: el ajuste dependerá de la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria.
Desde una perspectiva fiscal, según proyecciones de la consultora LCG la nueva fórmula podría dejar un ahorro de $ 80.000 millones (un 0,2% del PIB) el próximo año respecto a la fórmula de movilidad aplicada desde 2018.
Lara López Calvo