Sábado, 05 Febrero 2022 18:49

Cocaína envenenada: por qué las madres ruegan que se cambie la Ley de Salud Mental - Por Claudia Peiró

Escrito por Claudia Peiró

Lo pidió la mamá de Chano, lo pide Beatriz, cuyo hijo es una de las víctimas de la droga adulterada. Votada en 2010, esa norma dificulta las internaciones, supeditándolas a la voluntad del paciente: el resultado es el desamparo de pacientes y familiares. El Estado está incurriendo en abandono de persona, dice un especialista.  “Acá sirve que cambien las leyes”, exclamó la madre de uno de los afectados por la cocaína envenenada.

“Sirve que abran más centros de rehabilitación para los jóvenes”, pidió también la mujer, Beatriz Mercau, cuyo hijo, de 41 años, adicto desde los 14, entró en paro luego de inhalar la droga y está internado en grave estado.

Y a continuación explicó, con pocas palabras y mucho sentido común, el drama que vive: “Cuando queremos internar a nuestros hijos nos dicen ‘¿y si él no quiere? y, señora, tiene que empezar a hacer algo…’” Ella les replicaba: “¿Tiene que matar? ¿tiene que robar? No, hay que cambiar la mentalidad, no queremos hijos enfermos, no queremos hijos tontos, queremos una juventud sana, por favor, cambiemos las leyes”.

Al revés de lo que aseguran sus promotores, la Ley de Salud Mental, vigente desde el año 2010, termina criminalizando los actos de los enfermos psiquiátricos y de los adictos, como lo confirma la cínica respuesta que le daban a Beatriz: no intervendrían, a menos que su hijo cometiera un delito.

El internarse para recibir tratamiento depende, en virtud de la Ley cuestionada, de la propia voluntad de una persona adicta que difícilmente se encuentre en condiciones de tomar ese tipo de decisiones.

La Ley de Salud Mental (n°26.657), votada a libro cerrado en el año 2010, es paradójicamente una ley contraria a la psiquiatría y a la farmacología, es una ley que desconoce los grandes avances en materia de medicamentos para tratar las enfermedades mentales y la transformación que ya se ha operado en la mayoría de los establecimientos dedicados a esos tratamientos. En su elaboración, no participaron las asociaciones de médicos psiquiatras de la Argentina, ni las facultades de Medicina del país, aunque cueste creerlo.

Podrá decirse que la adicción no es una enfermedad mental, pero ambas condiciones están reguladas por la misma ley. Y, de hecho, muchas veces van de la mano, sin olvidar que una adicción puede llevar a trastornos mentales y, sin ir tan lejos, bajo efecto de las drogas o en crisis por falta de ellas, la persona puede actuar de modo irracional e incluso violento.

El incidente que el 26 de julio de 2021 casi lleva a la muerte a Chano Charpentier se desencadenó por la negativa del artista a ser internado y la desesperación de su madre que ya no podía lidiar con él. En un episodio que todavía está bajo investigación, Charpentier fue baleado y gravemente herido por un agente de la Policía Bonaerense.

En aquel momento, su madre rogó: “Sólo pido que hagan algo con la ley de Salud Mental porque así estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Está lleno de madres que no tienen visibilidad que están golpeando puertas y nadie las escucha”.

La madre de Chano Charpentier se solidarizó con las madres de las víctimas de la cocaína adulterada, que también reclaman el cambio de la ley como lo hizo ella cuando su hijo fue baleado por un policía.

“La ley establece que la internación debe ser una excepción, cuando en realidad debe ser una habitualidad en el equipo interdisciplinario, debe estar en el arsenal terapéutico, al igual que el tratamiento ambulatorio, la terapia contextual, la psicoterapia”, decía el médico psiquiatra Bernardo Carricart (MN 114548 y MP 2476), de Olavarría, al comentar el caso Charpentier.

“La paradoja de esta ley es que ha hecho que los pacientes no estén bajo el ámbito de salud sino bajo el ámbito de la justicia criminalizando sus actos y recibiendo balas en vez de tratamientos; es el costo de no poder internar a los pacientes”, sentenció Carricart.

“Si la adicción es una enfermedad, quienes pueden definir el tratamiento, incluyendo la internación, son los médicos especialistas”, dice el abogado penalista Ricardo Klass. “Dejar que la decisión de internarse sea del adicto es abandono de persona, sin desmedro de lo que sufran familias y terceros. No se puede apelar a la voluntad de quien la tiene viciada”, sentencia.

Impulsada por el CELS, en base a un informe falaz sobre internaciones, la Ley de Salud Mental asimila el tratamiento psiquiátrico a la tortura y pone innumerables trabas a una internación contra la voluntad del paciente.

Entre sus disposiciones más polémicas, también disponía el cierre de los establecimientos psiquiátricos en un plazo de diez años (vencido en 2020), junto con el aumento de los fondos destinados a la especialidad hasta llegar a un 10% del presupuesto de Salud, algo que no se ha cumplido en absoluto. Tampoco la creación de “dispositivos intermedios” para sustituir las clínicas y hospitales especializados.

Sin embargo, muchos de los centros dedicados al tratamiento de adicciones en el Gran Buenos Aires sí han sido cerrados. Recordemos el triunfal anuncio de Axel Kicillof sobre la “desmanicomialización” que implica ni más ni menos que el cierre de esos establecimientos. Por algo Beatriz Mercau también se quejó de la falta de lugares para el tratamiento de las adicciones.

Sucede que, de acuerdo al espíritu de quienes elaboraron esta ley, las internaciones de pacientes psiquiátricos y de adictos deben hacerse en los hospitales generales. Algo que escapa al sentido común. El paciente cardíaco, oncológico o diabético, por nombrar algunas de las afecciones que llevan a una internación, está postrado, mientras que el psiquiátrico y el adicto son ambulatorios. Más aún, necesitan espacio para recreaciones, terapia y paseos. Y, si están en cama, es porque están padeciendo un brote; imaginemos la convivencia con personas convalecientes de una cirugía o de un infarto, por ejemplo.

Todas cosas de sentido común que no fueron contempladas por los legisladores.

“¿Su hijo no recibió tratamiento, señora?”, le preguntó un periodista a Beatriz Mercau.

“No recibió porque si él no se quiere internar no lo atiende nadie, cambiemos las leyes por favor”, respondió la mujer.

La angustia de Beatriz, madre de una de las personas afectadas por la cocaína adulterada

La angustia de Beatriz, madre de una de las personas afectadas por la cocaína adulterada

El artículo 20 de la Ley de Salud Mental dice que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional” y que “sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

¿Cómo definir cuándo una situación es de riesgo cierto e inminente? Sin mencionar que “riesgo cierto” es una expresión contradictoria, porque el riesgo se define por una probabilidad, menor o mayor, mientras que cierto no deja lugar a dudas.

“Si yo tengo un cuadro cardíaco y lo siento como una angina de pecho, la ley me estaría diciendo que hasta que no estemos infartados no se nos podría atender. ¿Cómo no vas a atender los pasos previos a una angina de pecho, que implica mucho menos costo y más sobrevida para el paciente? La ley está generando estas cosas porque impide internar para prevenir la inminencia de una situación de riesgo”, dice Carricart.

Es como si se quisiera empujar a los pacientes a una situación límite para recién entonces actuar. Un absurdo.

“Mientras se siga creyendo que las internaciones son privaciones de la libertad, negando su importante necesidad por razones de salud en muchos casos, no habrá solución”, dijo a Infobae Ramón Vásquez, ex subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar).

“El planteo de que la decisión de internarse debe quedar al arbitrio del paciente es simple voluntarismo ideológico -agregó-. Especialmente si esto último se requiere a quienes por sus patologías están impedidos de discernir”.

Otra arbitrariedad, en opinión de Vásquez, “es exigirles judicializar el tema a mucha gente que no tiene posibilidades de hacerlo”. “En síntesis: quedan a su suerte. Que suele no ser buena”, concluyó.

La Ley pone la libertad por encima del derecho a la salud y, en ciertos casos, de la seguridad de la sociedad. Para los ideólogos de la ley, señalar estos riesgos es estigmatización, la palabra clave con la cual cierran todo debate.

Desde el homicidio, ocurrido en septiembre de 2020, del inspector de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, apuñalado por un paciente esquizofrénico que debió haber estado internado, surgieron muchos reclamos de profesionales del sector y cuestionamientos al clima de abolicionismo psiquiátrico que acompañó la redacción de esta ley y sigue vigente a nivel de las autoridades.

En 2017, hubo un intento de reformar la ley a partir de su reglamentación por parte del entonces director nacional de Salud Mental y Adicciones, Andy Blake, pero esa iniciativa fue frenada por el ministro Adolfo Rubinstein. No hay grieta en estos temas, al parecer.

Pese a la reiteración de casos que confirman las limitaciones de la Ley y el reclamo de los médicos y de los familiares de los pacientes, ningún legislador se ha hecho eco del reclamo. Es una expresión más del divorcio entre la clase política y la realidad que vive la gente.

Sin embargo, como señala Vásquez, desde la promulgación de la Ley de Salud Mental, “se ha reducido la edad de inicio en el consumo de drogas y también ha aumentado en gran escala la cantidad de consumo y de consumidores”.

“Me dicen ‘vos creés en la internación’ -agrega-. En realidad, son los que hicieron esta Ley los que no creen en la internación. La internación es una alternativa a veces necesaria. Ni yo ni los mismos psiquiatras creemos que todos tienen que estar internados. Pero hay patologías que necesitan medicación y esa medicación el paciente no se la va a auto-administrar. Hay muchos medicamentos que deben ser administrados bajo control. No necesariamente con internación del paciente, pero sí con un seguimiento”.

El caso de la cocaína envenenada revela esa extensión del consumo en la Argentina, de la que habla Vázquez. Pero la política oficial pasa por el cierre de establecimientos y, más aun, la promoción de la droga con la excusa de la “responsabilidad” en su uso, mientras que las campañas contra el consumo de estupefacientes brillan por su ausencia.

Con el nombre de “consumo cuidado”, el gobierno de la provincia de Buenos Aires recomienda, bajo la etiqueta “Prácticas saludables”, cómo consumir mejor.

Tenemos así que el gobierno de la Provincia no sólo no insta a no drogarse sino que transmite la idea de que existe una forma “saludable” de hacerlo.

El aviso hecho por el ministro Sergio Berni a potenciales consumidores de la cocaína adulterada tenía el sentido de una alerta, una advertencia lógica que puede haber salvado vidas, en un contexto de emergencia.

Pero los mensajes de esta campaña del gobierno de Kicillof parten de la base de que todo consumo es recreativo, como si no existieran los adictos. Una descarada asociación de la droga con el cuidado, la salud y el recreo…

En una segunda versión de esta incitación oficial al consumo de estupefacientes, se lee: “Los efectos de lo que consumís pueden variar” y esto depende de: “El contexto y el lugar en donde estés”, “tu edad y tu estado de ánimo”, “la dosis y la frecuencia en que consumís”.

“Disfrutá como te gusta y pensando un #ConsumoCuidado”, es la invitación final al uso de drogas. O sea que el Gobierno pone a sus expertos en estupefacientes y adicciones -si los tiene- al servicio de la promoción de la droga.

“Estoy pensando que vivo en una sociedad surrealista”, dice Vásquez sobre esta campaña.

Aunque iniciativas como éstas generan escepticismo sobre lo que se puede esperar de las autoridades, cabe desear que el grito de las madres que viven el calvario de ver a sus hijos en las garras de la droga tenga recepción, y que, si no es por amor a la gente, aunque sea por sentido común se reforme una Ley que complica el tratamiento de las adicciones, en momentos en que la droga se expande sin freno en la Argentina.

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