Miércoles, 12 Agosto 2020 21:00

Juegos a bordo del Titanic - Por James Neilson

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Fuera del “campo popular” que se supone ocupado por las huestes kirchneristas, el consenso es que Alberto ha lanzado la reforma con el propósito de frenar las causas que más incomodan a su benefactora.

 

Puesto que casi todos los profesores de derecho se creen facultados para remozar el sistema jurídico del país, no extraña que a Alberto Fernández le haya encantado la idea de hacerlo con la esperanza de que las generaciones futuras lo recuerden como mucho más que un presidente meramente accidental. Parecería que no se le ha ocurrido que aun cuando la reforma judicial que está impulsando resulte ser una obra maestra de la ciencia jurídica, valdría muy poco porque le faltará lo fundamental: la credibilidad. Es que lo demás – la conformación de la Corte Suprema, el número óptimo de integrantes, la cantidad de juzgados federales y así por el estilo -, importa muy poco. A menos que casi todos entiendan que, con escasísimas excepciones, los jueces son personas honestas e imparciales, cualquier sistema concebible será defectuoso.

La Argentina se caracteriza no tanto por la anomia social que muchos han denunciado cuanto por la brecha amplia que se da entre las normas no escritas que suele respetar la gente por un lado y, por el otro, las que en teoría rigen. Esta situación nada satisfactoria se debe a la sospecha generalizada de que la Justicia es un instrumento en manos de los poderosos de turno. “Hacete amigo del juez”, aconsejó el Viejo Vizcacha, pero no dijo que, para lograrlo, habría que darles a quienes privilegian a los amigos algo valioso, sea dinero o una ayudita profesional que les permitiría subir en el escalafón judicial, razón por la que muy pocos estarán en condiciones de aprovechar la sesuda recomendación.  

Fuera del “campo popular” que se supone ocupado por las huestes kirchneristas, el consenso es que Alberto ha lanzado la reforma con el propósito de frenar las causas que más incomodan a su benefactora. Se habla de “operación impunidad”. Aunque los cambios sugeridos por quienes están detrás del proyecto no necesariamente pondrían fin a la “persecución” de Cristina por leguleyos que, basándose en la evidencia abundante que es de dominio público, la creen culpable de una multitud de delitos, medio país da por descontado que los personajes responsables de elaborarlos intentarán arreglárselas para asegurar que no prosperen los cargos en su contra. Por supuesto, el que la comisión de expertos que está por formarse incluiría a Carlos Beraldi, el abogado personal de Cristina que, se prevé, llevaría la voz cantante entre los sabios convocados, dista de tranquilizar a quienes se oponen a lo que toman por una maniobra destinada a impedir que la Justicia siga molestando a políticos corruptos.

Además de procurar domesticar a aquellos jueces y fiscales de principios anticuados que insisten en tratar a la vicepresidenta y sus colaboradores como si fueran sujetos comunes, los estrategas K quieren convencer al grueso de la ciudadanía de que es muy injusto concentrarse en lo que para ellos es el lado anecdótico de la década ganada.

Partidarios entusiastas de la doctrina Cambalache, según la cual “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”, dicen que, pensándolo bien, Mauricio Macri era tan corrupto como Néstor y Cristina, tal vez más, y que de todos modos es fácil encontrar entre los funcionarios del gobierno que encabezaba equivalentes de Lázaro Báez, Julio De Vido, Amado Boudou, Ricardo Jaime y otros prohombres de la gestión kirchnerista. Insinúan que, a pesar de la ausencia de pruebas tan impactantes como las que, a ojos de muchos, han desprestigiado irreparablemente a los operadores kirchneristas más notorios, los macristas son, por su origen social y por sus vínculos con ediciones anteriores de la patria contratista, congénitamente corruptos y que por lo tanto merecen ser castigados por el mal que han hecho en el transcurso de sus vidas.

Para muchos, la oportunidad elegida por Alberto para emprender una reforma judicial profunda difícilmente pudo haber sido peor, ya que el país, paralizado por el coronavirus, está precipitándose hacia una gravísima crisis económica y social que amenaza con hundirlo o, quizás, con transformarlo en un satélite de China. Sin embargo, Cristina y los suyos no ven las cosas así. Para ellos, se trata de un conjunto de circunstancias que les corresponde aprovechar al máximo, ya que en tiempos “normales” les hubiera resultado un tanto más complicado adormecer a la oposición o contar con la confusión ocasionada por la necesidad de celebrar sesiones parlamentarias “virtuales” con la ayuda de zoom y otras novedades tecnológicas.

También los beneficia el deseo de buena parte de la población de que por una vez los políticos se olviden de la maldita “grieta” y trabajen juntos por el bien de todos, lo que en opinión de los oficialistas significa que los contrarios al oficialismo deberían dejar de preocuparse por cosas del pasado como la corrupción impúdica del gobierno de Cristina.

Pero no sólo es cuestión de sacar provecho del aturdimiento universal que ha provocado el virus. Cristina no puede sino saber que el país está por enfrentar una serie de pruebas angustiantes y que entre quienes más sufrirán estarán los habitantes del conurbano que conforman su propia base política. ¿Le permanecerán leales si las secuelas no sólo sanitarias de la peste son tan terribles como vaticinan los pesimistas? Hasta ahora, la señora ha preferido mantenerse alejada de la lucha contra la pandemia y los estragos de todo tipo que está causando, sin duda por comprender que no le convendría en absoluto ser considerada responsable de medidas que podrían resultar contraproducentes, y espera que a la larga no le perjudique su indiferencia aparente ante la catástrofe.

Puede que para ella se trate de la postura menos mala disponible, pero también es posible que termine costándole caro la negativa a reconocer que es deber de la vicepresidenta de la República, una que, para colmo, es de acuerdo común la persona más poderosa del país, brindar liderazgo en una hora tan terrible como la actual. Aunque podría decirse lo mismo de la voluntad de Macri de ir de viaje a París, hay una diferencia muy grande entre el papel apropiado para un ex presidente y aquel de quien está resuelta a remodelar todas las instituciones del país y cree poseer el poder suficiente como para hacerlo, de ahí la reforma judicial promovida por el regente que nombró con el presunto propósito de despejarle el camino para un retorno triunfal o, cuando menos, para ahuyentar a la jauría judicial que está pisándole los talones.

La salvación de Cristina, además de Máximo y Florencia, dependerá del eventual éxito de sus esfuerzos por politizar aún más no sólo las instituciones jurídicas del país sino también la actitud de la gente frente a las causas que la involucran a ella y sus hijos, de ahí las alusiones frecuentes al “lawfare”: un calambur inglés en que “war” (guerra) se ve reemplazado por “law” (ley) que suena casi igual, más el sufijo que alude a la forma de librarla.

Cristina usa la palabreja para dar a entender, sin decirlo explícitamente, que le parece terriblemente injusto exigirles a políticos supuestamente progresistas respetar a rajatabla leyes burguesas que en su opinión sirven para blindar un statu quo inaceptable. ¿Coincide Alberto? Para sorpresa de algunos, al presentar la reforma que tiene en mente, no aludió al temible “lawfare”, aunque en otras oportunidades sí ha despotricado contra el empleo a su juicio arbitrario de legalismos por guerreros políticos. Sea como fuere, tanto aquí como en otras partes del mundo, los pioneros de dicha modalidad fueron los izquierdistas, motivo por el cual los primeros en quejarse fueron militares norteamericanos que estaban hartos de tener que defenderse ante tribunales civiles nada amistosos, si bien más tarde sería adoptada por los adversarios de gobernantes que se suponían progresistas.

Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre la persecución de funcionarios que podrían haber violado uno de una multitud de reglamentos que pocos acatan y la de políticos que han sido encontrados con la mano en la lata. Mientras que es legítimo minimizar la gravedad de lo hecho en el poder por mandatarios brasileños como Lula y Dilma Rousseff, no lo es tratar de la misma manera la conducta de Cristina y los integrantes más célebres de sus diversos gobiernos. Nadie ha soñado en acusar a Lula y Dilma de erigirse en multimillonarios por medios ilícitos, pero a juzgar por las fortunas portentosas adquiridas por sirvientes del matrimonio Kirchner, Cristina y su esposo operaban en una escala que era muchísimo mayor que la de sus homólogos brasileños.

Por desgracia, no es posible pasar por alto tales detalles. Si para cerrar “la grieta”, todos los políticos, periodistas y los demás tendrían que fingir creer que Cristina es la víctima inocente de una vil conspiración reaccionaria, como en efecto están pidiendo los convencidos de que lo que el país más necesita es la unidad nacional, tendríamos que acostumbrarnos a las divisiones, por nocivas que a veces puedan resultar. Y si el gobierno formalmente liderado por Alberto consigue jaquear a quienes se niegan a resignarse a que los políticos tan influyentes como Cristina permanezcan por encima de la ley, lo único que lograría sería desprestigiar todavía más la Justicia, lo que haría aún más difícil la eventual recuperación del país de las muchas enfermedades que sufre.


James Neilson

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