Si un juez persigue a un periodista, o pone en juego el derecho de informarse para informar y atenta contra la libertad de prensa, es porque parte del Poder Judicial permite que ese disparate continúe.
Si una etnia, a través de “una visión”, se apropia de parte del territorio nacional y abjura del Estado que la protege, es porque las autoridades amparan esa falsa interpretación de derechos.
Si la suerte de tres jueces vacila, es porque la Corte privilegia sus internas a la administración de Justicia. Si el abogado defensor de un policía tiene que explicar que un robo no termina cuando el ladrón huye, sino que continúa, es porque las estrategias de defensa aspiran a quebrar los principios elementales de las leyes.
Hace casi medio siglo, la democracia recuperada en 1973, con el gobierno en manos del general Juan Perón, votado por más del 60% de la población, amparó, sostuvo, interpretó y justificó a su modo y antojo el fenómeno de la violencia.
Eso hizo del peronismo de aquellos años el único partido político de la historia argentina en albergar a dos bandas armadas, una de extrema izquierda, otra de extrema derecha: un trágico enigma para las ciencias políticas. Cuando nos quisimos acordar, ya era tarde.
Hasta entonces, delitos, delincuentes, víctimas y victimarios, lo fueron según el color del cristal que los mirara. Hacer crujir a la democracia para heredar los escombros nunca fue un buen negocio para el país. Lo aprendimos con dolor. Deberíamos recordarlo.
Alberto Amato
