Viernes, 30 Abril 2021 12:24

Desacuerdo y debilidad política, de las vacunas a Vaca Muerta - Por Jorge Raventos

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Aunque no faltan comentaristas que, con lenguaje de vísperas, imaginan constantemente alguna gran ruptura o alguna inminente catástrofe decisiva, pese a atravesar una fase dramática de la pandemia (con alta detección diaria de contagios, gran número de bajas y recursos sanitarios próximos al agotamiento) la Argentina coquetea con una crisis política, pero en el borde termina eludiéndola.

El acuerdo racional

Si la semana última los entusiastas de la confrontación cinchaban gozosos desde los extremos de la "guerra de la presencialidad" en la que aparecían enfrentados el Gobierno nacional y el de la ciudad autónoma, pocos días más tarde el realismo y la racionalidad han provocado reconsideraciones acuerdistas. En esta columna se señalaba siete días atrás que "la opinión pública no necesariamente se expresa a los gritos, a los bocinazos, a los golpes de judicialización o en las redes. Por algo se habla en sociología de la mayoría silenciosa. Las encuestas indican que esa mayoría silenciosa no desea ni aprueba la confrontación permanente, espera que haya sensatez y buena gestión, diálogo, cooperación. Sentido común. Principalmente ante la agresividad de la pandemia. Los últimos conflictos y sus consecuencias quizás ayuden a los políticos a mantener el oído receptivo ante esa mayoría silenciosa más que al ruido y la furia".

Tanto la Casa Rosada como el gobierno porteño comprendieron que una cosa es la competencia -en la que ambas partes están legítimamente embarcadas- y otra muy diferente un choque estéril para la sociedad, que lo observa con desaprobación, y que daña a los participantes para beneficio de terceros. Así, se dispusieron a acordar con sentido común, antes de que expirara el decreto de necesidad y urgencia emanado del Poder Ejecutivo e inclusive antes de que la Corte Suprema formulara su demorado arbitraje.

Apoyarse en la realidad

Los límites del acuerdo estaban fijados por la realidad: Horacio Rodríguez Larreta sostuvo su bandera de la presencialidad escolar, limitándola a la escuela primaria (que, en cualquier caso, ya antes del debate estaba recortada en tiempo). El Gobierno nacional, de su lado, venía preparando el camino para acordar bajo la sombrilla de la "presencialidad administrada" bosquejada por el ministro de Educación. Un arreglo a mitad de camino.

Lo que también dicta la realidad es que la autonomía política de la ciudad de Buenos Aires (que, aunque desde el ala K se pretenda restringirla, el gobierno nacional acepta de hecho y a veces también de palabra), en términos sanitarios está subsumida en el AMBA (la región metropolitana, que comparte con 35 municipios del conurbano bonaerense) y que todo ese ámbito debe regirse por la misma lógica. Una lógica que en este momento aconseja incrementar las restricciones porque -como señala el gobernador bonaerense y coincide el ministro de Salud porteño- el "amesetamiento alto" de los contagios que se ha logrado hasta el momento no es sostenible por un sistema sanitario material y humanamente estresado.

Puesto que el conurbano es el punto más vulnerable del AMBA, es razonable que el gobernador reclame la mayor dureza en las restricciones. Sin embargo, esa pretensión choca contra la evidencia de que -salvo en el cierre de las escuelas- la provincia de Buenos Aires es la que menos logros exhibe en materia de limitación efectiva de la circulación de personas (y, como consecuencia, del virus). Desde La Plata se endosa esa evidencia a los intendentes del conurbano, se carga la responsabilidad sobre ellos. Pero la conducción de ese conglomerado corresponde al gobernador. Y conducir implica un ida y vuelta, que incluye escuchar la opinión de los intendentes, coordinar con todos ellos ("propios" o "ajenos", pero ¡son todos bonaerenses y electos por sus pueblos!), dar y recibir participación, coparticipar recursos con criterio ecuánime.

En cualquier caso, el gobernador arroja el peso argumental de la vulnerabilidad del conurbano sobre la mesa de discusión del AMBA y ejerce una presión sobre los otros participantes, ante todo sobre Fernández. La ampliación de la mesa a todos los gobernadores fue una jugada presidencial para diluir esa presión. Los distritos más importantes (salvo la provincia de Buenos Aires) aconsejaron preservar la presencialidad escolar (así, el repliegue presidencial no queda como un afloje frente a Larreta); por otra parte, en la reunión virtual se comparó la situación del AMBA con la de otros distritos que contienen densas regiones metropolitanas (Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza) con problemas análogos. Fernández les pidió a todos que sean consecuentes con las restricciones que quieren aplicar.

Ampliar la base

El Presidente necesita ampliar su bases de sustentación más allá de la lógica de la coalición electoral. Como Presidente y ante la emergencia de la pandemia puede y debe hacerlo para apuntalar su autoridad. Caso contrario, la autoridad se va erosionando. O evaporando.

El tema central de la vacunación - un punto flojo para el gobierno, aunque las causas de esa deficiencia no sean plenamente propias- eclipsa por momentos evidencias de esa disgregación.

En Paso de los Libres, provincia de Corrientes, militantes del sindicato de Camioneros asumieron de facto funciones de autoridad sanitaria y cerraron el paso fronterizo a Uruguayana (Brasil), por donde transitan 1.000 camiones diarios, con el argumento de que los camioneros de Brasil se niegan a realizar el test de PCR o presentan -según el gremio que lidera Hugo Moyano- "análisis antígenos de dudosa procedencia, en un contexto que tiene al país vecino como principal foco de infección de la nueva cepa de Manaos"

En rigor, del lado brasilero camioneros autoconvocados de ese país cerraban a su vez el paso a los camiones argentinos. Según el sindicato argentino, "de 10 camiones que ingresan al país, 7 son de bandera brasilera y los 3 restantes nacionales, es decir que el riesgo de contagio para la población es de un riesgo constante ante este 70% de tráfico brasilero en territorio argentino".

El sindicato de Moyano decidió actuar porque "la Aduana Argentina seguía despachando camiones a pesar del no ingreso de los camiones procedentes de Argentina hacia territorio brasileño, y de conocer plenamente la situación alarmante proveniente de Brasil". Más allá de argumentos y razonamientos, lo que queda en evidencia es que el estado argentino ha sido (al menos momentáneamente) reemplazado de hecho en ese punto de la frontera con el principal socio del país.

La autoridad que no se ejerce, se pierde

Antes aún, una situación más compleja, pero de idéntica índole se manifestaba en la Patagonia. Motorizado por un sector de trabajadores esenciales (sanitarios autoconvocados de la provincia de Neuquén), un reclamo salarial saltó a las rutas y mantuvo paralizada la zona de Vaca Muerta, el centro de las expectativas energéticas del país.

El Gobierno nacional decidió encuadrar la situación como un problema provincial que debía ser resuelto por el gobernador Omar Gutiérrez, adscripto al Movimiento Popular Neuquino. Aunque el tema sindical, en primera instancia, es de naturaleza provincial (el personal involucrado depende de la provincia y ésta, en primera instancia, había acordado la cuestión salarial con la sección local de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, un gremio que nacionalmente sostiene al kirchnerismo), los trabajadores sanitarios cuestionaron a la conducción gremial, repudiaron el acuerdo, llevaron su protesta a las calles y, desde el 25 de marzo, a las rutas. Los autoconvocados alegan que se les debe el porcentaje de aumento del último trimestre de 2019, todo 2020 y lo que va de 2021 y se quejan por la falta de personal y equipamiento, con personal que está en primera línea de la pandemia.

La movilización de los sanitarios encontró respaldo en parte de la población civil de la capital neuquina, que participó en masivas manifestaciones y marchas de antorchas, acompañando la toma de varias rutas que se inició el 7 de abril y se mantuvo por semanas.

En este aspecto, la reivindicación trascendió la lógica provincial: el cerco sobre Añelo, la "capital" de Vaca Muerta y el bloqueo al tránsito de camiones desde y hacia los yacimientos (así como en el camino de tránsito a Chile) tocaba cuestiones estratégicas del país, como su seguridad energética. El conflicto generó pérdidas cercanas calculadas en 450 millones de dólares en Vaca Muerta; la Nación tendrá que importar más combustible que el que ya estaba previsto) y deberá usar para ello dólares que no abundan.

También ante este asunto el estado nacional se mostró lejano y ausente. La autoridad que no se ejerce, se pierde.

Las desavenencias inconducentes frente a la pandemia, al deteriorar al sistema político, debilitan más la ya cuestionada autoridad central: la del Presidente. Buscar el acuerdo sensato con los competidores fortalece, en cambio, el sistema político y a todos sus participantes.

Orden y autoridad racional son prerrequisitos también para ganar la batalla contra el virus.

Jorge Raventos

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