Viernes, 14 Mayo 2021 13:20

Conflictividad permanente, causa y consecuencia de la fragilidad institucional - Por Sergio Berensztein

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La cultura de la confrontación tiene varias caras: judicialización de la política, politización de la Justicia, huelgas porque sí, manifestaciones callejeras, cacerolazos

Imperan una profunda desconfianza entre los principales actores políticos y sociales y fuertes sesgos y prejuicios sobre las verdaderas intenciones del otro: siempre esperamos lo peor. En simultáneo, predomina un “diálogo de sordos”. Pretendemos imponer nuestro pensamiento sin escucharnos ni respetarnos. Con un prisma peyorativo y altanero, ni siquiera interesa una opinión discordante de la propia. En ese contexto, tendemos a saltar hacia conclusiones extremas, a menudo carentes de sentido, como cuando se expresa que un gobierno no termina un conjunto de viviendas populares por pura maldad, a pesar de que presumiblemente le hubiese convenido en términos político-electorales, o que un presidente es un sumiso títere de su vice que solo busca imponer un régimen totalitario y venal como el venezolano. Poco importa que no exista evidencia material suficiente para justificar semejantes afirmaciones: todo es válido en el universo de las especulaciones hiperideologizadas.

Esta dinámica de disputas endémicas no se limita a adversarios o enemigos políticos, sino que también abarca, a menudo con mayor intensidad, el interior de los propios partidos, alianzas, espacios y organizaciones. Hasta llega a contaminar otras instancias de nuestra vida pública y de la sociedad civil. Mala noticia para aquellos que creen que la decadencia argentina comenzó con el golpe de 1930, el peronismo o el autoritarismo neoliberal: tampoco se trata de un problema contemporáneo. Desde la Gesta de Mayo, e incluso antes, distintos grupos o facciones alimentaron visiones antagónicas respecto de cómo disolver el vínculo colonial y construir una nación. Esas profundas diferencias continúan hasta hoy y nos impiden delinear un destino común, una visión consensuada e integradora y un sueño colectivo que oriente nuestras energías y facilite acordar estrategias de acción que superen la inmediatez e impidan la improvisación.

Para sumar complejidad, aparecen segmentos fanáticos que con discursos talibanes, generalmente de odio, pervierten aún más el maltrecho debate público hasta el límite absurdo de la cancelación. Según ellos, para que su “modelo de nación” prospere, “el otro” debe ser derrotado, sometido, eliminado. Particularmente curioso en actores que se autodenominan y se perciben a sí mismos como “republicanos” o hablan en nombre de la democracia, la justicia social y la igualdad. Viven inmersos en una épica desbordada: en su imaginario, a los tibios los vomita Dios.

Si existe un elemento transversal a toda nuestra historia, ese es el conflicto. Cualquier diario de cualquier fecha (nacional, regional o local); un recorrido aleatorio por el centro de Buenos Aires o de alguna capital provincial; la lectura de alguna biografía de un personaje público… Podemos obtener las pruebas donde sea: el conflicto es el omnipresente común denominador en el devenir de nuestro país. Rupturas, acusaciones, disputas, rumores, sospechas de contubernios, traiciones, resentimientos. Muy esporádicamente surge algún acuerdo, pero casi siempre es parcial, quebradizo y transitorio.

La cultura de la confrontación tiene varias caras: la judicialización de la política, la politización de la Justicia, las huelgas porque sí, las manifestaciones callejeras, los cacerolazos, las tomas, los escraches. Hasta esta inconclusa transición a la democracia padecimos sistemáticos y dolorosísimos episodios de violencia (estatal y de distintos grupos, tanto de extrema izquierda como de derecha) que dejaron heridas dolorosas que aún hoy no pudimos cicatrizar por completo. El “Nunca Más” implicó un punto de inflexión simbólico y moral, aunque ahora sabemos que parcial: impresiona e indigna que la administración Fernández no se anime a repudiar la violencia de un grupo terrorista fanático como Hamas.

La taxonomía de los conflictos argentinos es multiforme: acumulamos disputas personales, ideológicas, económicas, regionales (entre provincias, centro-periferia), por recursos naturales (agua, minerales) y por meros asuntos de poder. No tenemos una historia de persecuciones por asuntos religiosos ni étnicos, pero la discriminación sigue siendo un problema muy serio (excluyo de esta categoría a quienes se oponen en esta ciudad a las clases presenciales). Tendemos a pelearnos con nuestros vecinos y con adversarios remotos (confesión: típico comportamiento de manada, en más de una oportunidad me encontré rebotando sobre mi sitio en la cancha al ritmo de “el que no salta es un…”, con holandeses, chilenos e ingleses como circunstanciales víctimas según la época). No solo amontonamos conflictos de toda índole, sino que ni siquiera somos capaces de jerarquizarlos, de evitar que escalen o de solucionarlos a través de métodos lógicos. En este círculo vicioso de exageraciones y paranoia perdemos todos, individualmente y como sociedad: destruimos capital social y nos volvemos cada vez más toscos, impenetrables, incapaces de construir lazos de confianza mutua.

¿Es la Argentina el único país al que le ocurre esto? Por supuesto que no: las disputas son inherentes a los seres humanos, y cuanto más diversa y compleja es una sociedad, aparece un número mayor de visiones contrapuestas. Ahora bien, el mecanismo de prevención natural lo constituyen las instituciones: su rol es establecer reglas de juego para dirimir potenciales diferencias entre partes. Existe una profusa literatura académica que demuestra que el desarrollo humano es el resultado de la acumulación de un acervo institucional formal e informal que permite moderar pujas, generar entornos de cooperación, construir gradualmente confianza y multiplicar (y distribuir equitativamente) la riqueza. Cuanto más compleja, diversa y plural es una sociedad, más flexibles y mejor elaboradas deben ser las instituciones, para que puedan adaptarse y dar respuesta a las múltiples y cambiantes demandas que conforman la agenda ciudadana. Por el contrario, están los países que, como la Argentina, fracasan en construir esos recursos institucionales: son anómicos como consecuencias de que las reglas son malas y un número crítico de actores prefieren ignorarlas o modificarlas a su gusto y según su interés. Se trata de individuos con algún grado de poder que hacen la suya, son “amigos del juez”, conservan privilegios y hasta acceden al vacunatorio vip. A los amigos, todo. A los enemigos, ni justicia.

Nuestra conflictividad se convirtió entonces en una enfermedad crónica: no depende de quién sea el gobernante de turno. Cuando tenemos alternancia, aunque se llegue prometiendo “la unión de los argentinos” o “terminar con la grieta”, los incentivos perversos que tienen quienes ejercen el poder explican una inercia enfermiza y asfixiante. En ese sentido, la historia reciente sugiere que cada nueva gestión tiene la rara habilidad de empeorar lo heredado. El que se encarama en el poder no quiere compartirlo –ni siquiera con sus socios electorales–, sino que apunta a concentrar influencia sin los controles constitucionales correspondientes (a menudo, como ocurre ahora, con la excusa de cualquier emergencia). Por eso, los incentivos para generar acuerdos y políticas de largo plazo son inexistentes: se trata de sobrevivir e idealmente eternizarse en el poder, no de resolver las urgencias de la ciudadanía, mucho menos bregar por el desarrollo de la sociedad. Se mueven sobre la base de una agenda personal, con objetivos poco transparentes o por lo menos sin ser sometidos a un debate franco y genuino. Eso fragiliza aún más las instituciones. Y sin reglas de juego claras y estables, se profundiza la decadencia y se reproduce exponencialmente la vieja rueda loca de la perenne conflictividad.

Sergio Berensztein

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