Domingo, 13 Febrero 2022 09:02

110 diez años de la ley Sáenz Peña - Por Rogelio Alaniz

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La ley 8871 incorpora al cuerpo social los derechos políticos de los ciudadanos. En el Congreso se discuten tres temas: el sufragio, la representación de las minorías y la confección de un padrón confiable con autoridades idóneas. 

La ley 8871 fue sancionada el 10 de febrero de 1912. En estos días se cumplen 110 años. Se la conoce como "Ley Sáenz Peña" en homenaje al presidente que tomó la decisión política de promoverla. Para algunos historiadores fue la ley más importante del siglo veinte. La afirmación es controvertida, pero sin duda que en la Argentina hay un antes y un después de la ley Sáenz Peña. 

¿En qué reside su importancia? Amplió la participación política, puso punto final o limitó el fraude, incorporó al sistema a los nuevos partidos nacidos al calor de las transformaciones sociales y económicas de la primera década del siglo pasado. Si con la Constitución de 1853 se plasmaron los derechos civiles, la ley Sáenz Peña incorporó al cuerpo social los derechos políticos, es decir que a los derechos personales de los habitantes se sumaron los derechos políticos de los ciudadanos. La hipótesis alberdiana de transitar de la república posible a la república verdadera se hizo realidad en 1912.

Repasemos algunos datos y fechas. En 1904 asume la presidencia Manuel Quintana. Es el candidato de Roca para frenarlo a Pellegrini, con el que acaba de romper relaciones, pero la lógica del poder transformará a Quintana en un adversario de Roca, adversario no por mucho tiempo, porque don Manuel -el elegante dandy que se jactaba de confeccionar su vestuario en Londres- fallece en 1906. Lo sucede su vice, Figueroa Alcorta, un dirigente político cordobés, de perfil bajo y para muchos un títere del roquismo. Pronto el supuesto don nadie se habrá de revelar como un dirigente de agallas.

En 1905 los radicales perpetran su tercera revolución. La asonada fracasa como las anteriores, pero queda latente la amenaza de otro levantamiento armado, una acechanza que habrá de obsesionar a las principales espadas del régimen conservador, una obsesión no muy diferente a la que le empieza a despertar las crecientes protestas obreras de signo anarquista. Por último, un dato que no es decisivo, pero incidirá en los acontecimientos. En esos años mueren los grandes próceres del régimen conservador, generándose un vacío de poder a nivel de la clase dirigente, vacío que suele ser el anticipo de las grandes crisis y las reformas trascendentes.

En efecto, entre 1905 y 1906 mueren Bernardo de Yrigoyen, Carlos Pellegrini, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre. Roca, por su parte, ha optado por irse a Europa. Los hechos se precipitan. En menos de tres años, Alcorta, el "ninguneado" Alcorta, desmonta la maquinaria política e institucional del roquismo. Para ello interviene provincias, coopta caudillos y punteros para su causa y, finalmente, en enero de 1908, clausura el Congreso, porque sus adversarios se oponen a votarle el presupuesto.

Cuando los roquistas, por su parte, intentan reaccionar, ya no hay nada que hacer. Al final de su brillante y prolongada carrera política, Roca comete el error de subestimar a quien fuera una genuina creación suya. Suya y de su concuñado, Juárez Celman. Con Figueroa Alcorta, el Zorro inicia su definitiva declinación, mientras recupera protagonismo quien fuera una de sus víctimas: Roque Sáenz Peña.

Elegante, mundano, culto, Sáenz Peña se distingue en los exigentes clubes sociales de su tiempo por su señorío y su cálida simpatía. Al momento de asumir la presidencia en 1910 está en la plenitud de sus facultades. Sus antecedentes y su linaje son impecables. Ha sido legislador, diplomático y guerrero. Pudo haber sido presidente de la Nación en 1892, pero una maniobra de Roca le obligó a retirar su candidatura. Alsinista en sus años juveniles, modernista en la década del noventa, protagonizó junto con Bernardo de Yrigoyen la experiencia política de las "paralelas" a fines de esa década. Después fue pellegrinista cuando éste rompió con Roca y, finalmente, líder de la facción política que lo llevará a la presidencia de la Nación en 1910.

Roque Sáenz Peña va a emprender el camino de la reforma electoral en nombre de los valores del conservadorismo del cual se siente parte por razones familiares y trayectoria política. Si Figueroa Alcorta fue el gran operador político que abrió camino a los reformistas, Indalecio Gómez fue su inspirador intelectual. 

Indalecio Gómez y la otra lumbrera del liberalismo de entonces, Joaquín V. González, tienen destinos parecidos. Los dos son del norte -uno de La Rioja, el otro de Salta-, los dos pertenecen a ese singular patriciado de provincias y los dos se identifican con un liberalismo conservador y reformista que acepta las bases del orden, pero poseen la virtud de disponer de una mirada atenta, sutil e inteligente para reconocer sus fallas y proponer reformas concebidas como remedios que aseguren la salud del régimen.

Indalecio Gómez supo controlar la situación desde el principio al fin. Fue denostado por más de un diputado y cierta prensa se ensañó con su trayectoria y sus afectos. Sin embargo, hasta sus rivales más tenaces le reconocieron talento, sabiduría y, sobre todo, prudencia. La otra luminaria del debate fue Joaquín V. González, el legislador que presentó las objeciones más interesantes. González ya era, para esa fecha, una suerte de prócer de la política nacional. Nadie ponía en duda su prestigio, honorabilidad y talento. El hombre que discutía la ley 8871 era el mismo que diez años antes había promovido la reforma electoral más audaz de su tiempo, una reforma que, entre otras consecuencias, permitió la llegada de Alfredo Palacios al Congreso.

Quienes lo recusaban por conservador o liberal, no podían explicar por qué ese hombre del régimen había alentado la sanción de un Código de Trabajo, previo un estudio detallado de las condiciones de vida de los obreros, tarea que estuvo a cargo del ingeniero Bialet Massé, quien contó con la colaboración de Manuel Ugarte, José Ingenieros, Leopoldo Lugones y Augusto Bunge, es decir, la "jeunesse dorée" del socialismo.

El debate de 1911 se dio en el interior del régimen, entre puntos de vista contrapuestos, y en donde todos sin excepción tenían claro que la ley no se sancionaba para legalizar ninguna revolución, sino, en todo caso, para impedirla. La ley Sáenz Peña, como ya se dijo, amplió los derechos políticos, pero no se debe perder de vista que de su texto estuvieron excluidas las mujeres y los pobladores de los territorios nacionales. A ello hay que agregarle que el proceso de nacionalización de los inmigrantes fue lento, motivo por el cual la participación electoral creció, aunque para 1916 sólo votaba el diez por ciento del padrón. Entre tanto, en muchas provincias las prácticas fraudulentas estaban a la orden del día.

Hecha esta aclaración hay que admitir que la ley perfeccionó los hábitos políticos. Su vigencia debe haber sido importante, a juzgar por las opiniones de los golpistas de 1930, para quienes todos los males del país: corrupción, demagogia, chusma radical en el poder y gobierno de los incompetentes, obedecían a la vigencia de esa ley nefasta y maldita, como dijera uno de los caciques más conspicuos del régimen conservador.

Lo que se discute en el Congreso son básicamente tres temas. El sufragio, la representación de las minorías y la confección de un padrón confiable con autoridades idóneas encargadas de velar por la legitimidad de los comicios. Si el voto debe ser universal, secreto y obligatorio, es un tema que hoy parece fuera de discusión, pero que en su momento motivó encendidas polémicas. ¿Votaban todos, votaban los contribuyentes, votaban los que sabían leer y escribir? ¿El voto debía ser secreto o público, obligatorio o voluntario?

Joaquín V. González no creía en la representación por lista incompleta. Por eso defendió con algunas correcciones su proyecto de 1902. El político riojano era progresista, amigo de las reformas, pero en primer lugar era conservador. Como tal, entendía que la clase dirigente existía, y que tenía una misión que cumplir. Esa misión se podía articular con el sufragio y, además, debía articularse, pero en ningún caso debía ser puesto en tela de juicio el carácter dirigente de la élite.

Sáenz Peña pensaba algo parecido. La ley no se sancionó para regalarle el poder a los radicales o para obsequiarles bancas a los socialistas. Fundamentalmente se sancionó por las necesidades de la época y para que el régimen continuara en el ejercicio del poder. No fue así. No es la primera vez que una iniciativa política provoca efectos no queridos. Los procesos históricos más interesantes se constituyen con esta suerte de paradoja.

Rogelio Alaniz

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