Viernes, 29 Abril 2022 11:41

Esperando la carroza - Por Jorge Raventos

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Andrés Larroque, ministro de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y copiloto de Máximo Kirchner en La Cámpora, se ha dedicado en los últimos días a disparar declaraciones tanto contra el ministro de Economía, Martín Guzmán como contra el presidente Alberto Fernández, pintando la política que ellos conducen como instrumentos del FMI y de "los poderosos".

En realidad, el cristinocamporismo, que se opuso abiertamente al acuerdo con el Fondo, parece decidido a golpear permanentemente al Gobierno para que cambie el rumbo. O, lisa y llanamente, para que cambie. 

La sorpresiva división del bloque de senadores oficialista amadrinada por la vicepresidenta, junto con el rédito de imponer un nuevo representante propio en el Consejo de la Magistratura, podría prefigurar el anticipo del pleno divorcio de los socios del Frente de Todos: la señora de Kirchner estaría aprestando su chinchorro de salvataje ante la convicción de que el navío del Gobierno se irá a pique si Fernández no despide a su timonel económico y cambia la orientación de un volantazo.

El amigo americano

La alta inflación del primer trimestre, el pico alcanzado en marzo y las decepcionantes previsiones sobre abril (la reducción será muy inferior a la que augura Guzmán) no fortalecen precisamente la posición de la Casa Rosada, pese a lo cual es muy improbable que el Presidente satisfaga el reclamo K, aunque intente disimularlo con gestos complacientes para no aparecer como el autor de la ruptura; le cede de buen grado ese papel a la vicepresidenta.

En los preparativos del acuerdo con el FMI que tramitó Guzmán, y muy claramente desde su aprobación, Fernández empezó a vislumbrar la consolidación de un terreno -el relacionamiento con Estados Unidos- que venía trabajando pacientemente a través de otras figuras importantes de su equipo: el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el embajador en Washington, Jorge Argüello y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El contexto internacional contribuyó a que esa evolución se produjera. El peso global de China y su creciente papel en América del Sur -y muy especialmente en la Argentina- a través del comercio, las inversiones y el financiamiento de obras y proyectos empujaron a Washington a no despreocuparse de la región y a hacer pesar en las relaciones con el país aquellos instrumentos con los que puede construirse (o reconstruirse, en cierto sentido) un vínculo constructivo y de largo plazo.

Si a Washington le preocupan la presencia de una base china de observación espacial en la Patagonia, los proyectos de colaboración espacial con la República Popular, la penetración china en la minería del litio (la Argentina es uno de los tres países con más recursos de ese mineral estratégico) o su participación en el desarrollo de la industria nuclear (financiamiento y construcción de Atucha III), la manera más eficaz de neutralizar esas preocupaciones es ofrecer alternativas más convenientes. El gobierno del presidente Biden parece haberlo comprendido. En los últimos meses se ha desarrollado una intensa agenda de reuniones en la capital estadounidense y en Buenos Aires, en los que se ha trabajado sobre una amplia agenda de temas y proyectos de mutuo interés, relacionados con financiamiento, tecnologías de comunicación y satelitales, industria nuclear, energía y cambio climático. Esta semana visitó Buenos Aires la nueva jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, generala Laura Richardson. Más allá de su encuentro con la vicepresidenta, Richardson tuvo reuniones con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en las que se analizaron temas de provisión de armamento y entrenamiento para las fuerzas armadas.

El gobierno de Fernández se ha deslizado -empujado por la necesidad: el respaldo de Washington fue indispensable para evitar el default con el FMI- a un terreno que el sector K rechaza ideológicamente y del cual el Presidente no cree conveniente apartarse, tanto por la dificultad de hacerlo como por su convicción de que a mediano plazo se traducirá en estabilidad y crecimiento.

Parodiando a John Maynard Keynes, el núcleo K podría decirle: "En el mediano plazo estaremos todos muertos". Y en esa opinión no estarían solos: tanto entre los adversarios oficialistas de Fernández como en buena parte de la coalición opositora los pronósticos son semejantes. Es muy difícil llegar en estabilidad a 2023 con estos niveles de inflación y de erosión de la autoridad. La ingobernabilidad llegará antes de las elecciones.

La oposición política tampoco termina de afirmarse como una alternativa, corroída también por enfrentamientos internos e infectada por operaciones cruzadas destinadas a dañar a adversarios de otras líneas (como la que denunció el presidente de la UCR, Gerardo Morales, dos días atrás).

De hecho, muchos de los tejidos políticos transversales que se van urdiendo últimamente, muchas de las conversaciones entre interlocutores de diferentes tribus tienen menos que ver con eventuales martingalas o combinaciones electorales que con preparativos para una temida situación de emergencia.

Tractores y detractores

El llamado "tractorazo" del campo que el último sábado llegó a la Plaza de Mayo, acompañado por una extendida procesión de descontentos urbanos fue desdeñado por el oficialismo que lo caracterizó como una manifestación motorizada por la oposición política. Donde había tractores solo quisieron ver detractores. Otros, en cambio, ven el episodio como un ensayo de repetición de las batallas contra la Resolución 125, que jaquearon al gobierno kirchnerista en 2008.

Que la oposición alentaría y buscaría capitalizar esa marcha era algo obvio. Es en cambio un error invertir el orden de los factores: el impulso a la protesta no provino de la oposición (más allá de que esta la apoyara y eventualmente tratara de aprovecharla), sino más bien del Gobierno. Extremadamente concentrado en los conflictos internos del oficialismo -a los que aplica una cronoterapia que no los resuelve eficazmente-, el Gobierno pierde a menudo de vista partes decisivas de la realidad.

El impuesto imaginario

El anuncio de un conjetural impuesto a "la renta inesperada", con el que el ministro de Economía intentó explicar que las millonarias ayudas decretadas para compensar a desocupados, monotributistas de baja categoría y jubilados por el fuerte salto de los precios del primer trimestre no incrementarán el déficit fiscal, lo que consiguió, antes de que siquiera exista un borrador consistente, es que reaccionen todos los contribuyentes que se sienten exprimidos por el Estado. En primer lugar, el campo, que nunca se resignó a las retenciones y que se consideró aludido en virtud del fuerte incremento de los precios internacionales de los granos. El que se quemó con leche, cuando ve una vaca llora.

Desde la Casa Rosada hubo comentarios banales ("Protestan por las dudas") o constataciones que no respondían a la inquietud generada ("Al campo le está yendo bien") y solo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se esforzó por tranquilizar con datos: explicó que el imaginado impuesto "no se aplicará a la producción rural" porque esta no ha percibido ganancias extraordinarias.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que el gravamen imaginado solo recaería sobre un porcentaje mínimo de grandes empresas con ganancias inesperadas superiores a los 1.000 millones de pesos y que no dedicaran una parte importante de esas utilidades a la inversión.

Lo cierto es que se propaló un impuesto que todavía no está diseñado antes de consultar a los sectores de la producción y antes de buscar sustentación política y parlamentaria. Con eso se dio pie a la reacción de un amplio espectro de la sociedad que está sensibilizado y crecientemente descontento con todo lo que emana de los gobiernos (cualquiera sea su jerarquía) y de la política. En una atmósfera tan volátil es preferible no jugar con fuego.

Jorge Raventos

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