Viernes, 19 Agosto 2022 10:21

Sin plan de estabilización ni condiciones políticas para aplicarlo - Por Sergio Berensztein

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El confuso anuncio de recomposición tarifaria generó más dudas que precisiones respecto del futuro del programa económico del FDT. Por un lado, el ahorro fiscal esperado para este año será ínfimo en el mejor de los casos. Por otro, como no se realizaron las audiencias públicas correspondientes, su implementación podría demorarse si el trámite quedase trabado en la Justicia.

Un experimentado analista de Wall Street advirtió que el silencio del kirchnerismo duro no despeja los interrogantes respecto de la viabilidad política de esta iniciativa. “¿Por qué se mezclaron con la luz y el gas la reducción de los subsidios en el servicio de agua en el área metropolitana de Buenos Aires? Eso no estaba previsto y puede interpretarse como un costo adicional para Sergio Massa, considerando que Malena Galmarini es la titular de AySA”, expresó. ¿Fue un gesto unilateral para despejar las resistencias en los sectores más radicales del oficialismo? ¿O es resultado de algún diálogo o negociación? 

Menos imprecisiones existen respecto de la naturaleza de estos anuncios: no forman parte de una estrategia integral, planificada, comunicada coherentemente y que contemple etapas sucesivas con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por el contrario, se trata de una serie de anuncios que involucran distintas dimensiones (fiscal, monetaria, cambiaria, de ingresos) con el objetivo de influir en las expectativas de los agentes económicos, políticos y sociales. La intención es muy clara: evitar el descalabro político y electoral al que se dirigía el FDT antes de este intento de salvataje, gracias a una nueva pirueta pragmática de Cristina. Mientras el Presidente deambula errante por el interior confesando sus diálogos imaginarios con nuestros padres fundadores en un esotérico ensayo, fallido, por sostener alguna influencia en el debate público, Cristina y sus adláteres focalizan sus energías en desacreditar a la Justicia en un contexto en el que la información probada que los fiscales del caso Vialidad incluyeron en su alegato explica que la estrategia de la defensa apuntase a vagas cuestiones políticas y simbólicas, como el lawfare. Disciplinado en su juventud con los inflexibles parámetros del pintoresco “centralismo democrático” que impartía el viejo marxismo-leninismo vernáculo, el embajador en Caracas, Oscar Laborde, utilizó el mismo argumento para condenar el “secuestro” del avión venezolano-iraní por parte de la Justicia argentina.

En esta singular competencia por promover argumentos caprichosos e hipótesis inconsistentes, en el contexto de la “marcha de la nada” convocada por la CGT se destacaron el miércoles pasado Pablo Moyano y Eduardo Belliboni con su anacrónica polémica respecto de la cantidad de obreros que militan en el trotskismo y de la burocracia sindical que predomina en esa central. Dicho debate, que remite a los frecuentes intercambios bastante más ilustrados de hace por lo menos medio siglo en los centros de estudiantes secundarios y universitarios, desconoce que el avance de la revolución digital, la robotización y la inteligencia artificial transformó muy profundamente al capitalismo contemporáneo, en particular al mercado de trabajo: casi no quedan obreros. Que la Argentina ignore dichas innovaciones expone y ratifica el notable extravío político y cultural que sufrimos desde hace por lo menos dos décadas, a partir de la “rebelión de los deudores” que derribó, a comienzos de siglo, al plan de convertibilidad. Conviene por otra parte recordar que, gracias a los aportes de Robert Michels y Max Weber, desde hace bastante más de una centuria sabemos que organizaciones como partidos políticos y sindicatos requieren de líderes profesionales, con mínimos conocimientos o habilidades para gestionar. Belliboni tiene una ventaja no menor respecto de Moyano: hay significativos avances en términos de movilidad inteligente, incluyendo los vehículos sin conductor. Pero la tecnología todavía no amenaza la sostenibilidad de la industria del piquete, en gran medida porque solo es importante en una región cada vez menos relevante como América Latina. Podría Alberto Fernández encontrar así una reivindicación novedosa en su búsqueda por renovar su presidencia pro tempore de la Celac.

La ausencia de un plan de estabilización marida con la falta de condiciones políticas para llevarlo a cabo, tal como quedó expuesto en el reciente encuentro “Programas de estabilización económica para la Argentina”, organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y el IAE Business School de la Universidad Austral. En el evento volvió a cobrar protagonismo la abundante literatura sobre este tema, que alcanzó su apogeo a fines de los 80 y principios de los 90, cuando un número muy significativo de países necesitaba encontrar soluciones a problemas como los que hoy seguimos padeciendo, que en líneas generales concluye que no es tan importante el formato elegido –shock o gradualismo– lo que determinan el éxito de un programa. De hecho, hay ejemplos positivos de ambos enfoques (algunos fueron explicados por sus propios protagonistas en el seminario): Colombia, Chile y Uruguay (lo mismo ocurrió en Israel) experimentaron procesos de desinflación largos mientras que Brasil, el dolarizado Ecuador, Perú y la Argentina de la convertibilidad lograron resultados similares casi de un plumazo.

En cambio, sí resultan esenciales al menos otros cuatro factores. El primero: un apoyo político determinante del liderazgo más importante y de una coalición amplia y versátil que sostenga dicho programa a lo largo de su implementación, en especial en situaciones críticas y frente a manifestaciones de resistencia por parte de grupos de interés. El segundo: la presencia de un equipo económico reputado que combine tanto expertos en temas macroeconómicos como especialistas micro para ajustar detalles y corregir desvíos. El tercer factor es la narrativa: la habilidad de explicar de forma tal que todos los agentes sociales, económicos y políticos entiendan –y acepten– los qué y los porqués de cada resolución, incluida su importancia relativa y el lugar que ocupa en la estrategia general. Si cuando se sientan en el bolsillo los efectos de la “redistribución de subsidios” la ciudadanía siente que está siendo estafada, la legitimidad del plan de estabilización habrá muerto rápidamente. En cambio, si ante el impacto del incremento en los precios a pagar, el pensamiento de la mayoría es que se trata de un paso doloroso pero necesario para fortalecer la solidez fiscal, disminuir la emisión y generar un beneficio en el largo plazo, la narrativa estaría dando sus frutos. Uno de los grandes desafíos consiste en alargar el horizonte temporal de los actores y exhibir una direccionalidad de las medidas: se está yendo en una dirección específica y por una razón explícita dentro de un programa integral que lleva tiempo y esfuerzo, pero cuyos réditos serán significativos para la sociedad. La estabilidad es un objetivo esencial para crecer y desarrollarnos de manera equitativa y sostenible. El cuarto factor consiste en entender que los escenarios son dinámicos y que las propias políticas del programa de estabilización producen cambios que obligan a calibrar de manera permanente, siempre observando la coyuntura, que en algunos momentos servirá para acelerar y, en otros, obligará a bajar el ritmo.

Alejandro Werner, que conoce el país como pocos, destacó que además de estabilizar la economía, necesitamos avanzar en una agenda de reformas estructurales amplía y rigurosa. La estabilización debe solo ser entendida como un primer paso de un proceso largo y complejo. Es muy notable la asimetría entre el acotado margen de flexibilidad con que cuenta Massa para desarrollar su programa y las profundas transformaciones que necesita el país para recuperar el largo tiempo perdido y aspirar por fin a desarrollar, aunque sea una parte de su inmenso potencial.

Sergio Berensztein

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