Miércoles, 24 Agosto 2022 08:50

La apropiación del Estado y del peronismo - Por Pablo Mendelevich

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La idea de que es al peronismo y no a ella a quien se está juzgando en Comodoro Py, consigna central del exaltado discurso de Cristina Kirchner de ayer, no es, por cierto, original. Hay en el mundo una lista interminable de perseguidos penales de la más variada especie que se declararon perseguidos políticos con la esperanza de zafar. En su caso, el mecanismo se complementa con la impronta contestataria del movimiento creado hace 77 años por Perón y el encumbramiento del revanchismo como motor de la historia.

Lo que sorprende no es la victimización de la vicepresidenta sino la apropiación más o menos exitosa de los recipientes de los que se vale. El primero es el Estado. Como en otras oportunidades, Cristina Kirchner usufructúa el despacho oficial de la presidencia del Senado, bandera nacional incluida, para responder a una causa particular suya. Esta vez sumó al Senado entero, que paralizó su actividad debido a que la presidenta de la cámara quería defenderse fuera del calendario estipulado por los procedimientos legales y decidió hacerlo igual, como si los jueces y fiscales tuvieran obligación de poner la televisión para seguirla. El Estado, por lo visto, no tiene forma de impedir esa apropiación simbólica que entrevera la institucionalidad con la corrupción. 

Pero con el peronismo es diferente, ahí hay una habilitación que no es meramente simbólica sino una dinámica en la que se juega el futuro de la política argentina. En la medida en que la líder kirchnerista consiga que más sectores peronistas hagan suyo el trastocamiento de la persecución particular en una persecución política ideológica, mayor será la degradación del sistema. Ya no se trata sólo de la suerte individual de ella sino de la convalidación de un planteo terminal de la república. Si, como Cristina Kirchner sostiene, los jueces y fiscales no administran justicia, sino que están al servicio de poderes oscuros o intereses facciosos, entonces no hay estado de derecho. ¿Dejó de existir la república? Una cosa es que eso lo diga para defenderse cualquier persona encausada, otra es que lo haga la vicepresidenta de la Nación, y lo más inquietante es que lo sostenga una fuerza política completa, que, aunque haya perdido las últimas elecciones sigue siendo la fuerza que gobierna el país. Por ahora es una parcialidad del peronismo la que se solidariza de manera enfática con la vicepresidenta, pero su envergadura se vuelve borrosa debido a la clásica inorganicidad del movimiento. Otra parcialidad acompaña el planteo con menor entusiasmo. ¿Cuánto peronismo considera que ella es una inocente perseguida por su desempeño en los doce años (y medio) de gobierno?

La dos grandes preguntas tal vez sean ésas: cuánto apoyo peronista conseguirá Cristina Kirchner en su nueva cruzada de victimización y cuánto oficialismo denunciando que no hay estado de derecho puede soportar el sistema sin causar una crisis institucional grave. Cristina Kirchner se peroniza ahora con mayor intensidad porque el camino que había elegido fracasó.

De todos los fracasos de Alberto Fernández el que más indigna a su mentora es el del control de la Justicia. La misión principal del Presidente consistía en conseguirle a su jefa la impunidad certificada por jueces y fiscales bajo el paraguas de una reforma judicial. Las mil maniobras y manipulaciones tribunalicias no pudieron impedir que surgiera un Diego Luciani, que se le escapó al patrullaje judicial del kirchnerismo porque no lo entendió. Luciani no era K ni anti K sino un funcionario de carrera que supo hacer su trabajo sin alardear independencia. Ese profesionalismo es de lo más irritante. No se trata ahora de un Bonadío ampuloso que antes de ser juez había sido funcionario peronista y sobre quien se podía construir un relato de odio personal. A Luciani le vienen tirando con lo que pueden, pero la munición disponible está lejos de contrarrestar el impacto público de su robusta acusación, que no necesitó de traductores. Cualquiera podía entenderla.

Aquella mañana en la que declaró como testigo en esta misma causa, a Alberto Fernández le salió decirle al fiscal que si no tenía problemas de audición entonces tenía problemas de comprensión. Luciani lo cortó en seco: “no me falte el respeto”. Esa chicana inútil nunca iba a servir para acariciar el alma curtida de Cristina Kirchner, supremo desvelo del presidente vicario. Ella quería que le limpiasen los procesos, no jueguitos para la tribuna (de la tribuna, además, se encarga ella) ni recordatorios semanales como el del lunes: que es hijo de un juez, que es profesor de derecho penal hace tres décadas y que por eso le duele el doble la injusticia de la Justicia.

El comunicado que redactó Fernández ni bien Luciani terminó su acusación dice: “El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”. Fernández debería advertir que ya no necesita seguir bregando: no llega. “Todos y todas” está en problemas. Esa es la causa del enojo profundo con él, le haya atendido o no el teléfono esta semana.

En cuanto al principio de inocencia, conviene recordar que en la Argentina predomina una variable que lo contamina casi más que cualquier juez venal: el tiempo. Los procesos judiciales son tan absurdamente largos que la dilación intencionada de los abogados defensores suele ser su mejor estrategia, picardía que sólo pierde impulso cuando se juzgan delitos de lesa humanidad. Las dilaciones también le pueden servir a un defensor para que su clienta empalme dos cargos públicos consecutivos, cosa que no se quede sin fueros ni medio minuto. Precisamente en el caso de Cristina Kirchner es tan obvia como lacerante la preservación del principio de inocencia, visto que ella, a quien nunca se le escucha decir que es inocente, sigue siendo la vicepresidenta de la Nación pese a la gravedad de los procesos judiciales que se le siguen. Al parecer seguirá acorazada en cargos públicos por bastante tiempo más usufructuando fueros que los constituyentes no diseñaron para casos como este.

La confluencia del avance de las causas por corrupción con el ajuste representa el peor de los escenarios para el triunvirato de la mal llamada coalición que gobierna, que no es otra cosa que el peronismo. Es sintomático que en la agenda informativa de un mismo día convivieron las noticias de la pena pedida para Cristina Kirchner y de la poda de recursos para salud, educación, obras públicas, producción y transporte por 210 mil millones de pesos. Era muy difícil para los custodios del relato oficial hallar una noticia que tapase o atenuase el ajuste al desnudo, pero finalmente apareció. Aunque no era, seguramente, la que habían soñado.

Pablo Mendelevich

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