Hay tres justificaciones para el liberalismo: 

• La primera es pragmática: es una solución institucional para ordenar la convivencia en sociedades plurales y diversas, lo que en el siglo XVII, y después de 150 años de guerras religiosas, era necesario. Pero la diversidad que un gobierno liberal debe asegurar no es solo la religiosa; puede ser también por nacionalidad, etnia o incluso creencias políticas.
• La segunda justificación es moral: protege la dignidad y en particular la autonomía de todos los seres humanos. La elección de con quién casarse, dónde vivir, cómo vestirse, qué creencias tener, qué sexo practicar o a quién votar incumbe a cada uno; ni a la familia, ni a la tribu ni al Estado. Una joven iraní que no puede casarse con quien quiere está violentada en su dignidad.
• La tercera es económica: promueve el crecimiento, al defender el derecho de propiedad y la libertad de comercio. Ningún empresario arriesgará su dinero en un país donde podría ser expropiado por el Estado o por una organización mafiosa, o donde las reglas de juego se cambian súbitamente. Si uno mide los últimos dos siglos entre las sociedades que respetaron los principios liberales y las que no, la diferencia es abismal. En países como Japón, Nueva Zelanda o Taiwán, bastó que adoptaran las reglas de la democracia liberal para que, en solo dos décadas, pasaran de ser países pobres a desarrollados.

Al hacer absoluto el tercer punto, el económico, dice Fukuyama, la derecha conservadora produjo la torsión del liberalismo clásico al neoliberalismo. Los factótums intelectuales de esta versión hay que rastrearlos en la Universidad de Chicago y en la Escuela austríaca. Economistas como Milton Friedman, Gary Becker, Ludwig von Mises o Friedrich Hayek, en el plano teórico, y políticos como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en el práctico, han denigrado el rol del Estado y sobreestimado el del mercado. Lograron encandilar a toda una generación que, ya en la primera década del siglo XXI, despertó brutalmente de sus ensueños dogmáticos. Solo en zonas olvidadas del mundo, donde algunos jóvenes buscan la novedad en los tachos de basura, estas ideas persisten en la conversación pública.

Es interesante ver la genealogía. Los primeros años del siglo XX tuvieron como grandes enemigos a los fascismos nacionalistas, protagonistas de una molesta intromisión del Estado en la vida del individuo. Derrotados en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón abandonaron esos esperpentos y se incorporaron al mundo de las democracias liberales. Lo que sobrevino fue lo que los franceses llamaron “los treinta gloriosos años”. Ese período, que abarcó de 1945 a 1975, puede verse como un sofisticado ensamble de liberalismo y socialismo. La clase trabajadora vio en aquellos años incrementar sus ingresos y por eso se convirtió en sostenedora del sistema. No es que fuera un período de particular crecimiento económico, pero sí de fortalecimiento de los derechos individuales, desde los derechos civiles de los negros y los gays a la revolución feminista.

Pero paulatinamente hubo un avance del Welfare State con crecientes prestaciones sociales, que al principio parecían razonables pero que, con el correr de los años, pasaron a ser pesadas losas fiscales sobre la cabeza del contribuyente. El socialismo fue carcomiendo como un virus a su complemento, el liberalismo, e hizo metástasis en el sistema. Este fenómeno estalló en 1973, cuando se topó de frente con la crisis del petróleo.

En este escenario, hay que entender la aparición del neoliberalismo de los años 80 como una reacción dialéctica de las clases medias y altas que se cansaron de pagar una fiesta ajena. Thatcher y Reagan son la sedimentación de ese hartazgo. Consiguieron un tiempo de crecimiento, es verdad, pero también minaron su propio éxito al desestabilizar la economía global. El primer problema fue que suprimieron la mayoría de las políticas sociales. Partían de una premisa teóricamente válida: si el Estado paga a la gente para no trabajar, la gente va a trabajar menos. Un principio básico es que los individuos sean responsables de su propia vida, pero es irracional que el Estado deje a la intemperie a los ciudadanos frente a circunstancias que están fuera de su control.

Un verdadero Estado liberal debe ser lo suficientemente potente como para hacer cumplir las reglas, asegurar transparencia y delimitar un marco institucional dentro del cual los individuos puedan prosperar, pero también para otorgar prestaciones básicas a los más vulnerables y producir bienes públicos que el mercado no provee. Bastará recordar que internet no nació del “orden espontáneo” de Hayek, sino de largas investigaciones científicas del Departamento de Defensa norteamericano.

El segundo problema de las políticas neoliberales, según Fukuyama, ha sido la forma en que han abordado los mercados financieros. No es lo mismo vender verduras que intermediar en el crédito entre quienes prestan y quienes piden dinero. Si el Estado no vigila, puede ocurrir que los bancos comiencen a otorgar créditos para proyectos inviables, con malas garantías o a deudores cuyos ingresos habituales son en una moneda distinta de la prestada, con lo cual van construyendo un inexorable colapso. Así, las crisis financieras se encadenaron explosivamente: la sueca en 1990, el Tequila en 1994, la asiática en 1997, la argentina en 2001, para terminar en 2008 con la devastadora crisis de las hipotecas subprime norteamericanas. La caída de Lehman Brothers es el emergente simbólico de esa irresponsabilidad.

Al oponerse a toda intervención del Estado como una cuestión religiosa, la inestabilidad financiera y la enorme desigualdad (entre personas y entre países) en las que decantó el neoliberalismo ochentista tuvo derivas heterogéneas. Mientras la Argentina llegaba tardíamente con Carlos Menem a políticas de ese tipo, en el mundo ya comenzaba a insinuarse un rebrote de las socialdemocracias. El precursor fue Felipe González en España. Luego esa torsión se operó con Bill Clinton en Estados Unidos (de 1993 a 2001), con Fernando Henrique Cardoso en Brasil (de 1995 a 2003) y con Tony Blair en Inglaterra (de 1997 a 2007, bajo el influjo del sociólogo Anthony Giddens). Pero los verdaderos efectos de esa generación de políticas neoliberales se hicieron visibles con delay, después de 2008: a las crisis financieras siguió una gran crisis inmigratoria.

La mesa estaba servida para una nueva ola conservadora y xenófoba, dispuesta a repeler inmigrantes bajo el pretexto de que quitaban trabajo a los locales: el populismo de derecha del Brexit en Gran Bretaña, Donald Trump y su muro fronterizo en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Recep Erdogan en Turquía, Jaroslaw Kaczynski en Polonia y Víktor Orbán en Hungría.

Pero así como el neoliberalismo llegó tarde a la Argentina, de modo inversamente proporcional el estallido del populismo, que en el mundo sucedería recién en la segunda década del siglo XXI, en Latinoamérica aconteció por anticipado y con rasgos todavía peores: Chávez en Venezuela, los Kirchner en la Argentina, Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador emergieron ya a principios de este milenio.

El populismo de izquierda desprecia el tercer principio del liberalismo, la libertad de mercado, y exacerba el segundo, la autonomía del individuo, el derecho a decidir libremente, llevándolo a extremos absurdos tales como la libertad para delinquir, cortar rutas, usurpar tierras o escupir a un policía. Se pasa del respeto de la dignidad del individuo al respeto de tribus culturales, y se pasa del respeto moderado a la hipertrofia anárquica. Desplaza el eje: de la elección moral dentro de un marco dado se va a la elección del marco en sí. Florecen discriminaciones positivas, ecualizaciones de ingresos entre desiguales, cancelaciones de personas, pérdidas de autoridad de la policía o los maestros e, incluso, abolicionismo penal.

En este punto Fukuyama, resignificando un cuestionamiento previo de Robert Nozick, asesta una crítica a John Rawls, al considerar que llevó a un extremo intolerable las ideas de John Locke y Thomas Jefferson sobre la libertad de elección. Compara a dos personas: un vago que no estudia ni trabaja, es egoísta, se droga y pierde el tiempo en redes sociales con otro individuo esforzado, generoso, que se preocupa por los problemas públicos y por los amigos. Y en esa comparación encuentra que la teoría rawlsiana cierra los ojos a las diferencias entre uno y otro porque defiende la idea de que cada uno sigue un plan de vida y justifica la aparente asimetría en las disparidades de familia y barrio que los condicionaron. En este sentido, Rawls parecería sostener que ningún agente es autónomo en la medida en que está influido por un marco contingente (por ejemplo, haber nacido en una villa miseria).

Lo que arguye Fukuyama, en defensa de la meritocracia, es que está bien no discriminar por raza, nacionalidad o religión, pero que debe distinguirse por el carácter de las personas, que puede ser cultivado. No da todo lo mismo. Por eso acusa a Rawls de que su teoría no deriva en la socialdemocracia sino en el populismo de izquierda. Si se me permite terciar en la controversia, creo que se puede estar con Rawls pero no con los rawlsianos, que lo han saqueado. Cuando en Teoría de la Justicia Rawls alude a un piso de dignidad común, y fija la regla de que los contratantes actúen bajo un velo de ignorancia para no saber qué posición ocuparán en la sociedad, de modo que la decisión sea neutral y desinteresada, no esta pensando en asignaciones universales, ni planes sociales, ni en energía o fútbol gratuitos para todos, sino en seguridad, educación y salud públicas. Es posible que sus textos hayan fecundado una progenie de populistas, pero él era un liberal de izquierda. Fue ingenuo, pero no tuvo mala fe.

Frente a los desencantos que ha producido la deformación del ideario liberal, la respuesta no debe ser abandonar el liberalismo sino modularlo, reponiendo las virtudes de la doctrina clásica. En el último capítulo del libro, Fukuyama reseña cinco principios para el funcionamiento de las sociedades liberales.

En primer lugar, es necesario abandonar la demonización del Estado, que lejos de ser el enemigo del crecimiento y de la libertad individual es lo que asegura la confianza en un gobierno. El gran tema no es el tamaño del Estado sino su calidad: digamos no a los “ñoquis”, pero digamos sí a una educación pública como la que, todavía en los años 60, disfrutaba una niña de las capas medias como Mafalda. Digamos no a reparticiones que defienden particularismos, pero digamos sí a organismos capaces de detectar un atentado terrorista o aventar la criminalidad de las calles.

En segundo lugar, el crecimiento del PBI no es la única medida de éxito. El liberalismo debe matizarse y curarse en salud: si las desigualdades crecen demasiado, aflora un gran resentimiento entre los excluidos, que es el caldo de cultivo ideal para la demagogia y termina minando el sistema democrático.

La tercera cuestión es proteger la libertad de opinar, que es amenazada por los gobiernos (por ejemplo, mediante “leyes del odio”) pero también por empresas privadas como plataformas de internet. El antídoto a este último fenómeno no es la regulación sino el uso de leyes antitrust que garanticen la libre circulación de ideas. Un cuarto punto es volver a la primacía de los derechos individuales por sobre los derechos de grupos identitarios, que reclaman privilegios corporativos. Un quinto principio es entender que la autonomía humana no puede ser ilimitada, porque hay personas que se sienten incómodas en un mundo sin normas y prefieren moderar su libertad de elección. Mucha gente necesita referencias fijas y vive feliz dentro de ciertas tradiciones culturales, lo cual –siempre que no signifique un ejercicio de intolerancia– merece respeto.

Marcelo Gioffré