Contra lo que suele repetirse cuando se sacraliza la reinstauración de la democracia, las cosas no arrancaron de manera ideal el 10 de diciembre de 1983. Por supuesto que se consiguió plantar ese día una democracia continuada. Ya no hubo más golpes cívico militares. Quedó abolida -paso incomparable- la violencia política. Al camino tan dramáticamente transitado de la eliminación física del oponente lo sustituyeron los procedimientos rutinarios basados en la representación popular, el debate permanente, la subordinación colectiva a las decisiones institucionales, la Constitución. 

Pese a algunos defectos, se instauró el respeto por la ley. La vida se posicionó doctrinariamente como valor supremo.

Pero la manera traumática y escarpada en la que se procesaría el pasado a lo largo de estos cuarenta años marcó la realidad y tuvo consecuencias perdurables hasta hoy.

Subsisten enfrentamientos a partir de valoraciones contrapuestas, no respecto del terrorismo de Estado repudiado por la gran mayoría de los argentinos, sino del papel histórico que les cupo a las organizaciones armadas y de cómo debería posicionarse el Estado frente a ese tema, que hace a la definición de los derechos humanos. Una cosa es entenderlos como universales y otra, glorificar desde el Estado a determinadas víctimas por lo que pensaban y hacían.

Es cierto que la sociedad alcanzó un acuerdo mayúsculo sobre la necesidad de dejar atrás la violencia, pero ese acuerdo no logró incluir una visión crítica integral –menos aún, autocrítica- sobre las distintas responsabilidades políticas en los sangrientos años setenta, que sin embargo retornan una y otra vez para ocupar enormes espacios en el discurso público.

Alfonsín llevó adelante una decisiva política de derechos humanos a la que el peronismo enfrentó, cuando no boicoteó. Esa política se desvirtuó parcialmente a partir de 1987, cuando comenzaron los levantamientos carapintadas. Luego, Menem echó todo lo anterior por la borda; en nombre de la “reconciliación nacional” repartió indultos al por mayor entre condenados y procesados, tanto militares como jefes guerrilleros, con la fallida pretensión de clausurar la revisión del pasado. Otro gobierno peronista, el de los Kirchner, adoptó después una política diametralmente opuesta, desconociendo, además, lo hecho por Alfonsín. Hasta el juicio más importante de la historia argentina, como si no hubiera existido.

A todo esto, el poder militar, que en los años 80 todavía era una amenaza para la democracia, sufrió una trascendente transformación. Menem terminó de pulverizar el autoritarismo histórico de las Fuerzas Armadas, las sacó del juego. Kirchner enfrentó el problema de los juicios pendientes cuando el llamado “partido militar” ya había dejado de existir.

Después de los indultos de Menem los juicios tampoco se interrumpieron por completo. Continuaron los de apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Un número significativo de militares permanecía en prisión, pero las nulidades de las leyes de punto final y obediencia debida, dispuestas por el Congreso y convalidadas por la Corte Suprema, multiplicaron y aceleraron los procesos a militares, policías y civiles que habían quedado bloqueados.

Del gobierno peronista de los 90, con el extremo de los indultos, se pasó a una política de reactivación y centralidad de los juicios en el siguiente gobierno peronista surgido del voto popular, el de 2003. No se trató de un cambio de estrategia premeditado, sino de un giro surgido de la necesidad coyuntural de armar una coalición robusta. El cambio consistió en incorporar de manera simbólica, inorgánica, al Gobierno –que padecía una base débil- a los organismos de derechos humanos, especialmente las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, hasta entonces desatendidas en la Casa Rosada.

El kirchnerismo atribuye esa enfática hospitalidad a una cuestión de principios, pero los hechos no lo confirman: Kirchner nunca antes había estado personalmente con las Madres ni con las Abuelas y, como abogados, ni él ni su esposa jamás habían presentado un hábeas corpus.

La sumatoria de los organismos, o podría decirse más bien la de Hebe de Bonafini con el patrocinio de Horacio Verbitzky, resultó determinante, porque le inoculó al kirchnerismo incipiente como fuerza nacional un contenido ideológico del que carecía. Kirchner advirtió que el tema de la represión ilegal que estaba sin terminar implicaba una frustración colectiva, que encararlo le granjearía el apoyo de un importante sector social y que los militares ya no eran una amenaza para nadie.

Revisionismo histórico sesgado

La política de derechos humanos de 2003 fue resarcitoria, pero vino acompañada de un revisionismo histórico sesgado, que se fue agravando con el paso de los años. A medida que los juzgamientos se convertían en acontecimientos normales, emergía con más nitidez la visión facciosa que los había animado. Eso se debió, probablemente, al factor Bonafini, la voz más radicalizada de los organismos, también la de mayor predicamento y, debido a las características de su liderazgo, la que más se impuso.

Irreprochablemente parcial como madre, Hebe de Bonafini siempre fue partidaria como dirigente de asimilar a los desaparecidos con heroicos jóvenes idealistas, una doble tergiversación, histórica y conceptual, que de manera ambigua adoptó el Gobierno. Histórica porque la nómina de desaparecidos es más bien diversa (hasta incluye algunos casos de personas pertenecientes al propio régimen militar, víctimas internas de las peleas entre fuerzas).

El enfoque de que todos los desaparecidos fueron utopistas, militantes, soñadores que -a lo sumo- pelearon legítimamente en defensa de la Patria y la Constitución es ostensiblemente falso. Y conceptual, porque los derechos humanos son universales, no dependen del comportamiento ni de las ideas de las personas. El Estado nunca debió abandonar esa premisa.

La postura reivindicatoria malversó el concepto de derechos humanos universales con la excusa de enterrar la teoría de los dos demonios, que equipara las atrocidades cometidas por los militares desde el Estado con las acciones de las organizaciones guerrilleras, jurídicamente grupos particulares. Al plantearse las cosas como un dilema de extremos se obturó la opción de cualquier revisión de la lucha armada, santificada en bloque.

Los derechos humanos también se partidizaron a través del manejo estatal de las reparaciones económicas, mientras se ponía como eje de discusión la ruidosa divergencia sobre la cantidad de desaparecidos. El número treinta mil se convirtió en una consigna política.

En el amanecer de la democracia, cuando se estableció por primera vez en la Argentina el maridaje entre sistema político y derechos humanos, apareció la película La historia oficial, de fuerte influencia en el proceso de conciencia colectiva. Cuatro décadas después, Argentina 1985, película si bien desbalanceada en cuanto a rigor histórico (Alfonsín y la Conadep casi no están; los indultos de Menem ni siquiera son mencionados) se produjo también un sacudón, pero de otro tipo. La reaparición casi mágica del Juicio a las juntas en el núcleo del debate público constituyó, quizás, el más eficaz llamado de atención sobre la historia oficial, esta vez con minúscula: la apropiación de los derechos humanos y de su narración hecha desde el Estado por un grupo político.

Pablo Mendelevich