En el artículo anterior sentamos una premisa, asumiendo que en Argentina tenemos una “nueva agenda de la libertad”, apoyada por una mayoría de la ciudadanía que deberá, el 22 de octubre en las elecciones generales y, eventualmente, en una segunda vuelta el 20 de noviembre, decidir quién la encabeza. Su base política partidaria son: el PRO, los Libertarios, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, los liberales enrolados en otros partidos, los peronistas republicanos y los socialistas. 

Pero la libertad a la cual nos referimos no es cualquier Libertad. Hablamos de la consagrada en la Constitución Nacional, que establece principios, objetivos y límites al accionar del Poder Ejecutivo Nacional y también al Legislativo.

Por ejemplo, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden suprimir la moneda nacional. Sí pueden decidir por ley la bimonetización y el futuro establecimiento de una moneda común regional como instrumento de la integración impulsada en su texto. Por esto mismo, no podríamos tampoco romper nuestro vínculo con Brasil -tampoco con Paraguay ni Uruguay- en función de los tratados de Asunción y Ouro Preto. La integración Regional está protegida por un régimen de mayorías especiales, avalada por fallos de la Corte Suprema.

Tampoco podríamos suprimir el sistema de la coparticipación federal de impuestos, consagrado en nuestra Constitución. Si podemos mejorarlo, impulsando una mayor autonomía de las provincias basada en la mejor utilización de sus recursos propios.

Estos temas, sólo a título de ejemplo, no pueden alterarse por la voluntad arbitraria de una administración, y requerirían la convocatoria a una reforma constitucional. No aparece como necesaria ni conveniente en este momento, dado que el marco Constitucional del que hoy disponemos no nos impide tomar ninguna decisión urgente o imprescindible para enfrentar la crisis que nos aqueja.

Sería también el caso de pretender instalar la pena de muerte en nuestro sistema penal. Argentina ha adherido al Pacto de San José de Costa Rica -que prohíbe dicha pena- y lo ha incorporado al texto constitucional, así que, ni siquiera una votacion parlamentaria unánime en ese sentido podría ser decidida.

Por eso tenemos que incluir la prudencia y la legalidad como marco para encuadrar el debate Presidencial, e incluirle la posibilidad de concretar las medidas que se propongan.

Queda claro que ninguno de estos temas impide enfrentar en forma inmediata los dos problemas prioritarios que preocupan y angustian a la mayoría de los argentinos: la inflación y la inseguridad. Es allí donde debemos concentrar nuestras energías de liderazgo y consenso.

Tenemos la oportunidad histórica de formar gobierno a partir del 10 de diciembre de 2023, con una Presidencia empoderada por la ciudadanía y contando con amplias mayorías en las Cámaras de Diputados y Senadores para encarar todas las reformas necesarias. Pero siempre en el marco de la Constitución y las leyes.

Diego Guelar