Sólo alguien que no entendiese ni la relación de fuerzas existente a nivel internacional ni por dónde pasa el meridiano del poder, podría quitarle importancia a lo que acaba de ocurrir en la residencia de Donald Trump, en Mar–a–Lago. Más allá de cuanto atañe a la futura administración republicana —de puertas para adentro, en los Estados Unidos— el papel que desempeñó Javier Milei —no precisamente de reparto— merece una consideración especial. Se trató más de un festejo por el sonado triunfo electoral, que de cualquier otra cosa. Pero saltó a la vista de todos que hubo un solo jefe de Estado entre los presentes, de un país insignificante en el concierto mundial.
Es evidente que, a los ojos de Trump, el líder de los libertarios criollos no es uno más, de los muchos gobernantes que pueblan el planeta. Si fuese así, no hubiera podido nunca figurar en la lista de invitados a la residencia de Palm Beach. Unido a esto, hay que prestarle mucha atención al nombramiento de Elon Musk y de Marco Rubio —próximo secretario de Estado— por la afinidad y los vasos comunicantes de estos dos funcionarios —de la máxima con-fianza de Trump— con Javier Milei.
La idea de que todo no ha pasado de ser el encuentro de unos hombres estrambóticos y desmesurados, no resiste el menor análisis. Los cambios de carácter estratégico, que con seguridad obrará la gestión del líder republicano, tendrán consecuencias de peso en estas latitudes. La simpatía no alcanza a explicar la estrecha vinculación de los dos jefes de Estado a los cuales venimos haciendo referencia. Es mucho más que eso. Algo que —a falta de mejor definición y por una razón de economía de términos— es pertinente calificar como comunión de ideas.
La noción —tan escuchada de un tiempo a esta parte— de que la suerte está sellado de Milei puede que no quepa en el marco de un análisis político racional, pero es del caso señalar que eso que llamamos destino, fortuna o suerte —o, si se prefiere, la alineación de los planetas— respecto de un determinado personaje, resulta un factor determinante en la vida de los hombres.
De momento, al libertario todo parece salirle bien. Al cabo de los primeros diez meses de administrar la cosa pública, no ha sufrido un solo revés capaz de hacerlo retroceder o de trastabillar.
Al contrario, ha sabido nadar contra la corriente y compensar con astucia sus escasas fuerzas parlamentarias. Por méritos propios, la baja del riesgo país en poco tiempo más nos debería permitir volver a ser sujeto de crédito y hallarnos en condiciones de retornar a los mercados de deuda; la brecha cambiaria está en 6 %; los libertarios llevan 300 días ininterrumpidos de superávit fiscal; la inflación mensual en cualquier momento orillará 1%; la recesión es cosa del pasado, y las encuestas de imagen del gobierno y de intención de voto delatan unas ventajas monumentales para el oficialismo.
A lo expuesto habrá que sumarle la sentencia de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que sus integrantes —Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, fulminaron contra Cristina Fernández. Cuando les toco juzgar el caso Vialidad, los pareceres de los magistrados de Casación se dividieron tal cual había ocurrido antes con los miembros del TOF 2.
En este tribunal, mientras Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini entendieron que correspondía la figura de administración fraudulenta, su colega Andrés Basso se inclinó por la de asociación ilícita. En la Casación, el juez Hornos coincidió con Basso, en tanto que Borinsky y Barroetaveña lo hicieron con Giménez Uriburu y Gorini.
Si bien es difícil entender como tamaña defraudación al Estado, por $ 85.000 MM, orquestada a instancias de distintos funcionarios públicos —que incluyen a una ex–presidente, un ex–secretario de Obras Públicas y un ex–titular de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros—no califique como asociación ilícita, lo cierto es que la sentencia es un verdadero torpedo en la línea de flotación de la viuda de Kirchner. Los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos —que no quedarán firmes hasta que la Corte Suprema de Justicia dicte su veredicto— dejan a la jefa del peronismo en la peor situación imaginable. Y, a su vez, le dan a la Casa Rosada motivos para brindar.
Después de todo, la Fernández es la única figura del arco opositor que mantiene una intención de voto digna de ser tenida en cuenta en la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri no tiene más remedio que acompañar en calidad de furgón de cola al oficialismo, so pena de desaparecer.
Los radicales se hallan enfrascados en una disputa de campanario, sin que ninguno de los que pretende comandar al ajado partido de Alem acredite talla nacional. Miguel Ángel Pichetto está al frente de una bancada que se parece más a una bolsa variopinta de gatos que a una fuerza competitiva. Por su lado, la Coalición Cívica cuenta poco y nada, y la izquierda es tan vocinglera como patética. De modo tal que la sanción hecha pública la semana pasada se corresponde de maravillas con la estrategia electoral del gobierno.
Es improbable que la Corte Suprema de Justicia llegue a expedirse en el curso de 2025 respecto del caso Vialidad. La Argentina —según lo ha recordado en un artículo reciente el doctor Juan Carlos Vega— es el único país que sostiene la tesis de la tercera instancia para confirmar, de manera definitiva, una sentencia penal. Ello supone una garantía de impunidad para los delitos del poder político y económico, básicamente en razón de los tiempos que de ordinario se toma el máximo tribunal —muchas veces, escandalosos— y de los recursos que, por espacio de años, plantearán las defensas a los efectos de demorar la causa. Pero es asimismo claro que, para el gobierno libertario, el que a Cristina Fernández la condenen a 6 ó a 12 años es casi lo mismo.
En el supuesto de que fuese inhabilitada, el peronismo carecería de un candidato de fuste en el principal distrito del país. Y si compitiese, el mote de corrupta que llevaría a cuestas no sería la mejor carta de presentación electoral, si consideramos que a los seguidores propios —a los cuales poco les importa la condena— será menester sumarles, para tener chances de ganar, el aporte de los sectores independientes.
Sintiéndose triunfador en todas las canchas, el presidente desea coronar este año con una Corte Suprema de Justicia de cinco miembros. Tiene atragantado el parate de su proyecto de catapultar a ese tribunal a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla, y considera seriamente la posibilidad de salirse con la suya a través de un instrumento de carácter constitucional (artículo 99, inciso 19). Por ahora, el trámite en el Senado no prospera.
Aun si Lijo consiguiese los votos que necesita en la Comisión de Acuerdos —en los mentideros políticos se afirma que le falta uno—y lo propio lograse García Mansilla —al que le faltarían tres—, cuando se discuta el tema en el recinto, el kirchnerismo tendrá la última palabra. Imposible de lograr lo que se propone el gobierno sin mediar una negociación con la bancada que preside el formoseño Mayans.
Es por esa razón que el jefe del Estado ha pensado en nombrarlos en comisión hasta que expire el ciclo parlamentario, en noviembre de 2025. De eta manera, podría ganar tiempo y tratar de conseguir los votos necesarios en el Senado, en el curso del año próximo. Si avanzase la idea, debería ponerla en práctica antes de llamar a sesiones extraordinarias, y —de más está decirlo— requeriría el visto bueno de los dos nominados. Jugada riesgosa, sin duda, pero legitima.
Mientras tanto, en esta semana la pelea a brazo partido entre el oficialismo y sus opugnadores seguirá su curso, como es ya costumbre, en esa suerte de ring que ha sido montado en el Congreso de la Nación. Hoy José Luis Espert suspendió la reunión en la cual se iba a discutir el dictamen para tratar el Presupuesto. Lo más seguro es que se mantenga el statu quo y Caputo arranque el nuevo año con la ley de Presupuesto actual.
Mañana habrá que estar atentos al empuje que desde el Pro le quieren dar al proyecto de Ficha Limpia, y el jueves no sería de extrañar que la discusión por los DNU volviese a tomar impulso. Con los tiempos parlamentarios casi agotados —las sesiones ordinarias finalizan en noviembre— resulta prácticamente imposible que prospere alguno de estos proyectos. Milei tiene motivos sobrados para festejar las Navidades en paz y confiado en su buena estrella.
