¿Qué tanta será la vigencia de Cristina Fernández en los meses por venir? ¿Podrá mantener su centralidad o su figura se irá apagando hasta desaparecer en poco tiempo más? La primera será el domingo 7 de septiembre, cuando se substancien en la provincia de Buenos Aires las elecciones legislativas correspondientes a ese estado. La decisión de la viuda de Kirchner de anotarse para encabezar la lista partidaria en la Tercera Sección electoral arrastraba el propósito de ganar y posicionarse de esa manera con ventajas en la puja que mantiene con Axel Kicillof. La estrategia estaba bien pensada: como en La Matanza difícilmente perdiese, conocidos los cómputos hubiese podido ufanarse de que la victoria era de ella y no del gobernador.
Si a lo expresado se le agrega que es alta la probabilidad de que al justicialismo le vaya mal en el resto de las secciones, la performance de la Señora tendría un brillo que contrastaría con el fracaso de su opugnador. Pero —al verse imposibilitada de competir— su insistencia de que la reemplace Máximo apunta a lo mismo: hacerse fuerte delante del mandatario provincial si su hijo —que lleva el apellido Kirchner— fuese el más votado en La Matanza y alrededores, algo que no sería de extrañar.
El problema que enfrenta la Señora es que, ya fuera de la competencia, lo que en sus años de esplendor nadie le hubiera cuestionado, hoy se halla sujeto a discusión. Es que se le animan hasta los más cobardes. Ella era número puesto, aun cuando no estuviera en su mejor momento.
Su vástago, en cambio, genera un sinfín de cuestionamientos, unido al hecho de que su imagen pública es pésima.
No hace falta demasiado raciocinio para darse cuenta de que la segunda fecha que constituirá una verdadera prueba de fuego, en términos de la sobrevivencia de Cristina Fernández, se corresponde con el domingo 26 de octubre. Entonces tendrán lugar los comicios legislativos a nivel nacional, y su resultado marcará a fuego el destino no sólo de la Señora sino también de su principal enemigo en el movimiento del que ambos forman parte.
Contradeciría la lógica más elemental que —si La Libertad Avanza se llevase los laureles ese día— el gobernador bonaerense y la jefa del PJ pudieran salir indemnes so pretexto de que, como no serían candidatos, la responsabilidad de la derrota corresponderá buscarla en otro lado. En realidad, un traspié en ese bastión electoral obraría como revulsivo en el peronismo, y los pases de factura le serían extendidos — cierto que en desigual medida— desde Axel Kicillof escalera abajo a la totalidad de la dirigencia partidaria. Imaginar que Cristina pudiera quedar a salvo de la tormenta, representa una ingenuidad digna de Alicia en el País de las Maravillas.
Hay quienes piensan que, más allá de las dificultades por las que atraviesa, el fallo en su contra ha logrado ligar al peronismo, si no en torno suyo, sí como bloque electoral. En un análisis hecho a mano alzada parece cierto, aunque en rigor lo contrario se encuentra más cerca de la realidad. En vano se hallará en ese Movimiento una tendencia clara en pos de la unidad, tan necesaria para ganar. Al respecto, conviene no confundir la solidaridad que le han expresado a su jefa formal casi todos los caciques y tribus del PJ, con la armonía entre ellos, que brilla por su ausencia.
En la adversidad hubiera sido un error no correr en apoyo verbal de la Señora. Al fin y al cabo, es la cosa más fácil del mundo: con un simple comunicado o una declaración frente a las cámaras, con voz compungida se evita el brete y cualquiera queda bien. Sin embargo, a la hora de compaginar un libreto en común y vertebrar un plan de acción de cara a septiembre y octubre, son más las disidencias que las coincidencias. Basta, en este orden de cosas, pasar revista a la manera como han actuado los gobernadores seguidores de Perón y los llamados Gordos de la CGT.
Unos y otros comparten una suerte de sincronía con base en el wait and see —esperar y ver. Son contados los que hoy están dispuestos a levantar animosidades contra el gobierno. Las últimas declaraciones de Hugo Moyano no pueden ser más esclarecedoras al respecto. En resumidas cuentas, ninguno moverá sus torres y alfiles hasta el 8 de septiembre y el 27 de octubre.
En la Casa Rosada, mientras tanto, si bien no descuidan el armado en el territorio bonaerense —lo cual representaría un sinsentido— se hallan abocados en lo inmediato a sumar apoyos en las dos cámaras del Congreso Nacional —relacionados con las votaciones que están a la vuelta de la esquina— y a la elección de concejales en la ciudad de Rosario, que tendrá lugar el domingo que viene.
Como se sabe, semanas atrás 142 diputados, contra 68 y 19 abstenciones le dieron luz verde a tres proyectos: la recomposición de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional —que venció en el pasado mes de marzo— y la compensación de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad, que el presidente de la Nación ya ha adelantado que vetará.
El tema no arrastraría tanta trascendencia si no fuese por el hecho de que parte del radicalismo y del Pro, que se habían acostumbrado a secundar la estrategia legislativa del oficialismo, votaron junto a los opositores rabiosos o —lisa y llanamente— miraron para otro lado.
Con media sanción, esos proyectos ahora deben ser tratados por los senadores y todo hace suponer que serán aprobados. Razón de más para que los libertarios intenten darle largas al asunto en las comisiones correspondientes —cosa que, hasta el momento, han logrado con algún éxito— y que el kirchnerismo busque conseguir los dos tercios —72 votos— con el propósito de obligar a cancelar las demoras y votar la media sanción que falta, sin esperar el acuerdo de aquellas comisiones.
En atención a las fisuras —por llamarlas de alguna manera— que se hicieron evidentes en la cámara baja, tanto en el bloque de la UCR como en el del macrismo, el gobierno teme que no pueda contar con las 87 voluntades —poco más o menos— que lo acompañaron cuando fue menester blindar los vetos con los que el Poder Ejecutivo fulminó las leyes que, a su juicio, ponían en peligro el equilibrio fiscal. En este orden de cosas, a nadie le pasó desapercibido el endurecimiento de los reclamos levantados por 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, conocido hace pocas horas.
Al tiempo que alertaron sobre la crisis económica que sufren, le han solicitado a la administración libertaria la distribución del impuesto al Combustible y de los aportes transitorios del Tesoro (ATN), de una manera distinta a la que acostumbra hacer el poder central. Inclusive, en el caso de no llegar a buen puerto, han anunciado que presentarán un proyecto de ley conjunto sobre el tema.
Lleva razón Guillermo Francos al responderles, en tono de crítica, que “los gobernadores siempre quieren plata”. Acostumbrados, como están, a gastar con bolsillo de payaso, no terminan de adaptarse al fenomenal ajuste de las cuentas públicas practicado por Milei. Pero, al margen de quién enarbola mejores argumentos, lo cierto es que el poder de fuego de los mandatarios provinciales, si actúan de común acuerdo, es significativo.
En las alianzas liquidas o, si se prefiere, circunstanciales que ha logrado forjar el oficialismo en su primer año y medio de gestión, su apoyo ha sido imprescindible. Para Javier Milei, a dos meses y medio de aquellos comicios bonaerenses, quedar incapacitado de vetar las leyes que jaquean su plan de estabilidad, sería un revés preocupante. Durante julio y agosto al menos, estará obligado a hacer equilibrio fino entre la ortodoxia fiscal y las demandas que le llegan de los más diversos ángulos.
Hasta la próxima semana.
