Con buen criterio se le restringió al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en su actual prisión domiciliaria, usar celulares y redes sociales con fines políticos. Y eso que todavía no tiene sentencia firme. Está acusado de haber dirigido un complot fallido para desconocer los resultados electorales que convirtieron por tercera vez en presidente a Luiz Inácio Lula Da Silva.
La condena a seis años a Cristina Kirchner por hechos de corrupción en la causa Vialidad incluye su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. ¿Resulta coherente entonces que siga participando tan intensamente desde su casa en la vida política argentina por celular y redes sociales?


Para los delitos graves, la privación de la libertad –sea en cárcel o en prisión domiciliaria– debería servir para que el condenado reflexione hondamente sobre su falta y pague un “costo” proporcional a la misma. 