La SIDE debería tener un papel muy importante, casi decisivo, en la política argentina y en la vida pública del país. Como está inscripto en la ley, tiene que advertirle al Gobierno si hay algún riesgo en la seguridad de los argentinos; tiene que detectar, antes de que ocurra, si hay riesgo de seguridad de la sociedad.
o nos olvidemos que este país sufrió dos atentados que, según califican algunos, fueron los más graves hasta el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Uno fue en 1992, donde, según investigaciones de la Justicia argentina, Hezbollah, con el apoyo financiero e intelectual del gobierno de Irán, voló —no es una metáfora— la embajada de Israel en Buenos Aires.
Dos años después, en 1994, los mismos Hezbollah y el gobierno de Irán —esto ya comprobado— volaron la sede de la AMIA, que es la mutual de la comunidad judía para ayudar a sus miembros. De nuevo, no es una metáfora: la volaron, no dejaron ni los cimientos.
Nadie nunca dijo que algún servicio de inteligencia argentino había advertido al gobierno nacional que eso podía suceder, porque seguramente estaban averiguando sobre la vida pública y privada de los opositores al gobierno de turno, de los críticos al oficialismo. Algo que hacen todos los oficialismos.
Esa costumbre de husmear en la vida pública y privada de la gente que no está cerca del Poder Ejecutivo se convirtió en un hábito detestable de los servicios de inteligencia argentinos. Han llegado al extremo de grabar conversaciones telefónicas de argentinos que no cuentan con la confianza del Gobierno.
Ahí aparece la violación de una ley y de un derecho. La ley les prohíbe a los servicios de inteligencia meterse en la vida política interna del país. Y, por otro lado, las conversaciones telefónicas pertenecen al derecho a la intimidad. Algo que también violaron.
La SIDE, además, tiene cantidades de dinero que nadie sabe cuánto es. El Gobierno actual acaba de darle dos incrementos adicionales. Parece que el “no hay plata” es para todo el mundo, menos para los servicios de inteligencia.
Es el único organismo del Estado que puede gastar su dinero sin rendir cuentas a nadie. Hay una comisión bicameral del Congreso conformada por senadores y diputados que da seguimiento de los servicios de inteligencia. Sin embargo, la bicameral le pregunta al jefe de los servicios de inteligencia —que tiene la obligación de ir—: “¿En qué se gastó el dinero?”. A lo que responde: “Secreto de Estado, no corresponde”. Se terminó el debate. Son millones de dólares y pesos.
En los años del matrimonio Kirchner se hizo uso y abuso de los servicios de inteligencia para conocer la vida y lo que hacían políticos opositores, empresarios, jueces, periodistas...
En 2018, el juez Claudio Bonadio hizo un allanamiento a una casa de Cristina Kirchner por una causa de corrupción. Y se encontró con una carpeta que tenía informes de la SIDE de cuando ella era presidenta. Allí encontró persecuciones a muchos dirigentes opositores y empresarios. Estaba la grabación de una reunión del directorio de una de las empresas más grandes de la Argentina.
Pero como ese no era el motivo del allanamiento, la separó, creó una causa nueva y la mandó a sorteo. Cayó en 2019 en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. En seis años no hizo nada. Entonces le pregunto al juez: ¿va a hacer algo o va a dejar que prescriba el delito?
Si vamos a tener un servicio de inteligencia para dedicarse a investigar la vida privada y pública de argentinos que no cometieron ningún delito, entonces mejor no tenerlo.
La función de la SIDE es muy importante si se dedica a cuidar la seguridad de los argentinos. Si solo husmea en los críticos del Gobierno, no sirve y gasta demasiada plata.
