Como ocurre a cualquier gobierno, ha tenido éxitos y fracasos, con dos particularidades que es menester ponderar en su justa medida: por un lado, aquéllos claramente han sido más y de mucho mayor resonancia que éstos; y por el otro, cuando ha sufrido un traspié, inmediatamente después se ha alzado con un triunfo de resonancia.

Recuérdese al respecto la secuencia electoral del pasado año. Derrotado por catorce puntos porcentuales —nada menos— en el distrito bonaerense el último 7 de septiembre —lo que a muchos les pareció una diferencia indescontable en favor del kirchnerismo— fue capaz de doblegar un mes más tarde a su único enemigo serio en la provincia de Buenos Aires y obtener una espectacular victoria a nivel nacional.

En la última semana el fenómeno se ha repetido. El daño que la administración libertaria se causó a sí misma, por torpeza, por el cambio de director del INDEC —poniendo en tela de juicio su credibilidad— pronto quedó eclipsado por la forma en que el peronismo resolvió la disputa entre los Kirchner —madre e hijo— y Axel Kicillof.

En principio, podría considerarse que la comparación entre los episodios traídos a comento es forzada. Pero si se analiza el asunto con cuidado, cuanto salta a la vista es el hecho de que el desmanejo —que pudo terminar en un escándalo inconveniente para el gobierno— pronto se diluyó en atención a que, con adversarios como Kicillof haciéndole frente, Milei marcha en carroza hacia su reelección.

Levantar la idea de un complot urdido por Sergio Massa, del que Marco Lavagna sería un actor principal, es un absurdo por donde se lo mire. A su vez, que quien quedó malparado con la repentina salida del eonomista fue el propio oficialismo, resulta indudable. La torpeza del elenco gubernamental en la materia fue cosa de asombro y sus consecuencias podrían haber sido peores si no se hubiese alborotado el banco de suplentes del principal movimiento opositor.

Dicho de otra manera, no sin asumir el riesgo de cometer un pecado reduccionista: Kicillof lo tapó a Lavagna.

Para entender el espaldarazo que ha recibido Milei a raíz de la ventaja que el gobernador con sede en La Plata le ha sacado a Cristina y Máximo Kirchner, resulta necesario pasar revista a la situación por la que atraviesan los distintos peronismos que conviven, en un equilibrio inestable, en nuestro país. Cualquiera sabe, a esta altura del partido, que el proyecto reeleccionista figura al tope de la estrategia libertaria a mediano plazo.

Está claro que aun cuando los próximos comicios presidenciales se substanciaran en octubre de 2027, el oficialismo ya eligió el personaje con quien confrontar. Como la jefa testimonial se halla presa e incapacitada de ser candidata, apenas queda en pie quien acaba de asumir la presidencia del partido justicialista de su distrito.

Que Axel Kicillof se perfile, pues, como la cabeza visible del kirchnerismo, le calza como anillo al dedo al proyecto de la Casa Rosada.

¿Por qué? —En virtud de tres razones diferentes. La primera tiene que ver con las resistencias que —de puertas para adentro de ese conjunto heterogéneo de tribus que conforman el movimiento populista nacido en 1945— genera el mandatario bonaerense.

Hoy, todo cuanto venga del costado K es mal visto por las fuerzas provinciales. Gobernadores como Jalil, Jaldo, Sáenz y Passalacqua —para mencionar a los más representativos, pero no los únicos— están cada día más lejos de cualquier variante kirchnerista. La segunda razón se vincula con la pésima opinión que, de Kiciloff, tiene la gran mayoría de la población argentina en capacidad de votar.

Basta leer con atención las encuestas referidas a la imagen de los políticos criollos para darnos por enterados de que Kicillof figura entre los peor considerados por la gente. En lo que hace a la tercera, está fundada en la obsolescencia que ha alcanzado su discurso. Sólo si el experimento mileísta terminase en una catástrofe —escenario harto improbable— cabría imaginar que los votantes pudieran inclinarse en las urnas a favor de un candidato que defiende el recetario socialista.

Lo que es legítimo calificar como hegemonía libertaria será puesto a prueba en el curso de los días por venir, al momento de votarse en ambas cámaras del Congreso de la Nación dos proyectos claves, impulsados desde Balcarce 50. La necesidad imperiosa de una reforma laboral y de la baja de la edad de imputabilidad de los menores de edad son ideas largamente acariciadas por el núcleo duro que rodea al presidente de la República y forman parte de la —así llamada—batalla cultural.

Todo hace pensar que el gobierno se saldrá con la suya, con lo cual habrá demostrado el volumen de su fuerza. No está de más recordar cuántas veces en las últimas décadas se intentó sin éxito modificar las bases de la retardataria legislación laboral vigente, y en cuántas se habló de modificar la ley penal referida a los menores.

En el pasado, el peso de los poderes corporativos —como la Confederación General del Trabajo y la Iglesia— acreditaron el suficiente poder como para torpedear las iniciativas reformistas. Hoy, en cambio, las movilizaciones sindicales enderezados en contra del primero de los proyectos mencionados más arriba y el reciente documento de los obispos referido a la citada baja de la edad de imputabilidad, lograron poco o nada. Signo de que algo ha variado en la relación de fuerzas y en los humores de la sociedad argentina.

Hasta la próxima semana.