Los ministros y secretarios de Estado con formación e inteligencia acreditada, deben sentarse a la misma mesa donde lo hacen algunos de sus pares ignorantes, advenedizos y sinvergüenzas. Los hechos que genera, pues, la clase dedicada a la cosa pública nunca son de un mismo tipo: los hay inmejorables y detestables.

Alberto Montes, concejal de San Isidro, perteneciente a La Libertad Avanza, lleva sobre sus espaldas un cargo por abuso sexual probado. Sin embargo, hasta el momento sus conmilitones, a la hora de sacarlo de circulación, miran para otro lado.

En el mismo espacio –cierto que con mucho mayor importancia y poder— está la ministro Sandra Pettovello, que no dudó un instante en pedirle la renuncia a su jefe de gabinete cuando estalló el escándalo de los créditos otorgados a algunos miembros de la casta. Cristina Kirchner es una cara de la moneda.

La otra bien podría ser Patricia Bullrich. Carlos Rosenkratz es el modelo de juez que todos desearíamos, en tanto Ariel Lijo es un impresentable.

El agua y el aceite se confunden entre nosotros de manera pavorosa. En el país donde Vaca Muerta nos ha abierto una puerta de valor incalculable de cara al futuro, las dos cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires —esto es, la de diputados y la de senadores— en lo que va del año no se han reunido más que una sola vez, con un costo por día de $1.035MM.

Los ejemplos que podrían traerse a comento resultan infinitos. Lo que demuestran son las enormes dificultades que existen para un gobierno que —a pesar de sus grandes contradicciones— ha sido el único en plantear la necesidad de producir un cambio revolucionario de la estructura económica, en los últimos setenta años.

Hay un fenómeno que ilustra como pocos la mencionada contrariedad. Se halla a la vista de todos porque precisamente se negocia en estos días en el Congreso Nacional. Dicho sin anestesia: cómo la administración libertaria, para seguir adelante con su plan de reformas, debe valerse de los peores métodos de la viveza criolla.

Cualquiera que siga con un mínimo interés cuanto se encuentra en discusión —en punto al nuevo paquete de 70 nombramientos judiciales presentado por el gobierno— caerá en la cuenta de que al oficialismo le sería literalmente imposible salirse con la suya si no estuviese dispuesto a cambiar cargos de la judicatura por las leyes que apetece. Dicho de manera diferente: si quiere los votos para contar con una legislación que

no disuene respecto de su libreto modernizador deberá ceder ante los gobernadores afines y los aliados tácticos que —a cambio— desearán blindarse a través de la designación de fiscales y jueces que les respondan en cuerpo y alma.

Cuando la ciudadanía azorada no termina de entender las razones en virtud de las cuales hay causas cajoneadas hace décadas —el juez Lijo debe tener el récord mundial en la materia— o por qué solo hay unos pocos magistrados capaces de ponerle coto a los corruptos venidos de la política, el fútbol o el mundillo de los negocios, lo que habría que decirle es que el mal anida en la ley que prescribe la forma de elegir a los jueces. Mientras no sufra modificaciones, la impunidad seguirá al orden del día.

Pero entonces lo que se le plantea al Poder Ejecutivo es una disyuntiva tremenda, propia de la política: la del fin y de los medios. Nadie que no fuera sólo un teórico de la moral decidiría clausurar las negociaciones en danza con los mandatarios provinciales, con las bancadas opositoras y con sus propios seguidores, so pretexto de que así nunca habrá una justicia independiente.

Hay una anécdota que vale más que una tesis doctoral acerca de la cuestión. Durante la gestión de Mauricio Macri uno de sus colaboradores intachables, gran jurista y hombre que se lució en la Cámara de Diputados defendiendo las posturas enarboladas en aquellas épocas por el Pro, le hizo mención a aquél de por qué le daba tanto poder a Daniel Angelici que no era lo que se dice un dechado de virtudes. La respuesta fue clara: “porque conoce y maneja los asuntos de la Justicia como ninguno”.

No existe posibilidad de obrar un giro de carácter copernicano en tema de tanta trascendencia institucional. Lo que está al alcance de los gobiernos en general y de los presidentes en particular —que son los que deciden en última instancia— es tratar de nombrar un número mayor de jueces y fiscales probos para incorporarlos a la judicatura, y uno menor de ignorantes y deshonestos.

En este orden de cosas se inscribe el caso —de tanta resonancia— que involucra al presidente de la Nación, a su hermana, al ministro de Justicia, a la cabeza del bloque de senadores del oficialismo y a una candidata a jueza, la doctora María Verónica Michelli. Sucedió lo que era de esperar en atención al colosal desmanejo que había demostrado el Poder Ejecutivo en el tratamiento de su caso.

Patricia Bullrich percibió con claridad que no tenía sentido quedar pegada a un verdadero capricho presidencial y, en consecuencia, cortó por lo sano, le pidió una audiencia a Javier Milei y le expuso los motivos por los que le resultaba imposible acatar la orden que había bajado a la bancada su hermana.

Su interlocutor, aun cuando lo hubiese deseado, no estaba ni está en condiciones de fulminarla con la mirada o apartarla de la conducción de los representantes de La Libertad Avanza en la cámara alta. Hay que comprender que la ex–titular de la cartera de Seguridad no es más —si acaso lo fue alguna vez— una subordinada sino que ostenta la condición de aliada fundamental en el organigrama del poder libertario. Hubiera sido un error descomunal haberle aceptado la renuncia que ella puso a disposición del primer magistrado con el convencimiento absoluto de que le iba a ser rechazada.

La brecha que Bullrich abrió dio lugar a que los senadores aliados aprovecharan la oportunidad para seguir el mismo camino. Que quien encabezó la rebelión se haya abstenido y que, ni lerda ni perezosa, haya salido luego en una foto junto a Karina Milei, en la que su relación parece miel sobre hojuelas, no quita nada a la procesión que va por dentro y recorre todo el espinel libertario. Bullrich no dio semejante paso para marcarle la cancha al jefe del Estado y hacerle saber que se estaba anotando en la carrera presidencial a disputarse en octubre del año que viene.

Tampoco ha sido un preanuncio del salto de garrocha que habría de dar más adelante. La senadora no tiene un pelo de tonta y sabe medir sus tiempos. Lo que ha hecho es, por un lado, dejar en claro que una cosa es su lealtad a la gestión en que se halla empeñado Milei y su afecto por éste, y otra —harto distinta— es aceptar a libro cerrado todas y cada una de las instrucciones provenientes de Balcarce 50.

Mucho menos si, lejos de obedecer a una razón de Estado o a una convicción ideológica, trasparentan fobias personales. Pato —como la llaman de ordinario sus amigos y seguidores— no piensa en competir con Milei, a menos que el presidente llegue a 2027 escorado y sin fuerzas para encarar con probabilidades de éxito el camino de la reelección.

Por otro lado, lo que no está dispuesta a arriesgar es su capital político medido en imagen e intención de voto. Siempre cabe la posibilidad de que se presente como candidata, pero hoy es harto improbable. Milei no es un presidente a punto de desmoronarse ni cosa que se parezca.

Hasta la próxima semana.