Sería no conocer la idiosincrasia del líder libertario suponer que llevaba un libreto, que dejó en el camino sólo por uno de esos ataques temperamentales tan comunes en él. En realidad y conociendo al personaje, decidió llegarse hasta el vecino país con una convicción clara: quebrar una lanza en favor del hijo de su amigo hoy preso, y al propio tiempo destratar a su par brasileño, sin dejar títere con cabeza.

Es cierto que rompió las reglas de la diplomacia, metiéndose de lleno en los asuntos internos de un país limítrofe —en donde se substanciarán comicios presidenciales dentro de tres meses, poco más o menos— para brindarle apoyo al principal contrincante de Lula da Silva y revolearle agravios de toda índole a este último. Que se recuerde, nunca había ocurrido algo siquiera parecido entre uno y otro jefes de estado. Que fue una imprudencia, no hay duda.

Que Milei se excedió al tratar de semejante manera al primer magistrado de una nación extranjera, no admite discusión. Pero rasgarse las vestiduras. como si estuviésemos al borde de un conflicto irresoluble, representa una exageración manifiesta.

Sin llegar a los topes que alcanzaron las acusaciones e insultos del argentino, Lula y algunos gerifaltes de su agrupación claramente habían apoyado, en su momento, a Sergio Massa y visitado y bregado por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, sin que se les moviese un pelo. Si se le aplicara el mismo rasero para medir tamañas acciones, el político de origen trotskista tampoco pasaría el examen de las cortesías diplomáticas.

En realidad, ninguno de los dos tiene derecho a hacer las veces de una vestal injuriada. Que Milei pueda ser más zafio en sus expresiones no transforma a su igual socialista en una carmelita descalza.

Luego del fuego enderezado sobre el candidato de la izquierda brasileña, sus acólitos con toda lógica le contestaron al rioplatense sin morderse la lengua. Lo llamaron ‘payaso’ y actuaron con arreglo a lo que prescribe el manual en estos casos: Brasilia convocó a su embajador en Buenos Aires y le pidió explicaciones a la cancillería argentina. Habrá —como es de esperar—8mucha esgrima verbal y los ánimos se caldearán aquí y allá por unos cuantos días más.

Después todo volverá a la normalidad. Imaginar, pues, que se perderán puestos de trabajo o descenderá el comercio exterior es pecar de ignorantes. Lo que acaba de suceder se parece más a una riña de gallos que a una crisis bilateral.

Mucho más importante que las extralimitaciones del presidente es la investigación que se ha echado a andar en el sur de la Florida referida a los manejos turbios de la AFA. Estrictamente considerada, la causa no atañe —por lo menos, de momento— al Chiqui Tapia ni a su alter ego, Pablo Toviggino. Las razones son de índole procesal y nada quita que, si el Gran Jurado dictamina que hay motivos para iniciar un proceso, los dos máximos responsables de la dirigencia del futbol argentino deban poner las barbas en remojo.

Cualquiera sabe que con la justicia norteamericana no se juega. En aquellas latitudes rigen códigos que nada tienen en común con los nuestros. Más allá de las excepciones que siempre existen, los magistrados no se venden ni alquilan como pasa en estas playas.

La política no invade el campo de la judicatura con el propósito de decidir a qué juez nombrar y a cuál remover. Ello supone algo tan sencillo como trascendental: aunque hay injusticias, lo que no hay es impunidad. Por ejemplo, la vergonzosa voltereta de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña concerniente a la quinta de Pilar —sospechosa por donde se la mire— sería literalmente imposible que tuviese lugar en los Estados Unidos.

Sin ir más lejos conviene repasar el caso de Hugo y Mariano Jinkis, culpables de pagar sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano para obtener derechos de televisión y marketing de torneos internacionales, hace más de diez años.

Desde 2016 padre e hijo, con la ayuda inestimable de un típico magistrado argentino —que no hizo lugar al pedido de extradición presentado por la justicia estadounidense— permanecieron a cubierto de las inclemencias que les habrían correspondido si hubiesen comparecido ante tribunales de aquel país. Recién este año han viajado voluntariamente a Nueva York con la intención de negociar un posible acuerdo en la causa conocida como Fifagate.

El temor de todos los involucrados en la gigantesca red de corrupción organizada desde la AFA y trasparentada por obra del periodismo —básicamente La Nación y Clarín— es directamente proporcional a la intervención de la justicia yankee en el asunto.

Hay que tener en cuenta que, si la investigación iniciada en el país del norte llega hasta el fondo, no sólo saldrán a la luz los nombres de Tapia y de Toviggino. No sería de extrañar que aparecieran también los de políticos conocidos e integrantes de la magistratura criolla, que quedarían salpicados con diferente intensidad, según los casos. Como todo sistema espurio —montado por delincuentes, confiados en la impunidad de la que gozan— estaba pensado para resistir a la justicia argentina.

No obstante, la situación ha cambiado en forma drástica, y el día menos pensado alguien puede recibir la citación a declarar en un juzgado norteamericano.

Mientras baja la espuma del diferendo con Brasil y quedamos a la espera de qué tanto avanza la causa que tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida sobre la documentación comercial de la empresa TourProdEnter —que administra los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino—, siguen a toda marcha las negociaciones del gobierno con parte de los gobernadores, diputados y senadores de distintas observancias para apuntalar la campaña presidencial que el oficialismo ha puesto en marcha de cara a las elecciones presidenciales de octubre del año próximo.

Entre gallos y medianoche y para demostrar que, a la hora de sumar adhesiones o de atemperar oposiciones, la administración libertaria no le hace ascos a nada y no trepida un instante en borrar con el codo lo que antes escribió con la mano, la última puntada se acaba de dar de

común acuerdo con la Confederación General del Trabajo. En teoría, los libertarios venían a ponerle coto a la casta sindical. En la práctica la situación luce diferente. Ya en febrero, cuando se trató la nueva ley laboral, el Poder Ejecutivo dio la orden de dar marcha atrás con el plan de máxima que eliminaba los aportes de los no afiliados a los gremios.

Por lo visto, los popes sindicales exigieron más concesiones y el oficialismo viene de flexibilizar dos puntos de la reforma laboral que afectaban de lleno sus cajas.

Este tipo de medidas de aquí en adelante será cosa —si no de todos los días, porque sería una desmesura afirmarlo— algo que no debería llamar demasiado la atención. En política y, de manera especial, a un año de comicios tan decisivos, la regla de oro del oficialismo será el pragmatismo llevado a su más alta expresión. Aquello que sirva a la causa de la reelección resultará bienvenido, sin importar la procedencia ideológica y sin medir el aporte con criterio inquisitorial.

Para que los Gordos cegetistas se queden quietos y no hagan ruido, abultar sus arcas con miles de millones provenientes de los contribuyentes es un pecado apenas menor. París, después de todo, bien vale una Misa.

Hasta la próxima semana.