Es un secreto a voces en el mundillo de la política doméstica que para Javier Milei —aunque proteste lo contrario— ser reelecto el año próximo es una cuestión de vida o muerte.

Por dos razones de distinta índole, tan importante la una como la otra: por un lado, está la necesidad de un nuevo mandato para completar la serie de reformas estructurales que faltan y hacen las veces de sillares de la revolución que pretende llevar adelante: la previsional, la impositiva y la relacionada con la coparticipación federal; por el otro, al presidente se le hace imprescindible permanecer un periodo más en la Casa Rosada para evitar un largo y penoso recorrido por los estrados judiciales.

Bajar al llano sería peligroso en razón de los intereses creados que ha puesto en caja y de los enemigos acérrimos que se ha echado encima.

Más allá de los actos y discursos de campaña —que representan apenas la punta del iceberg del plan gubernamental— las dos tareas fundamentales a las que están abocados los integrantes de la así llamada Mesa Política de la administración libertaria se vinculan con la eliminación o —en su defecto— la suspensión de las PASO y —claro está— con las alianzas que deberán tejer, primero a los efectos de sacarse de encima a esas odiosas internas obligatorias, y luego a los fines de sumar voluntades de cara a los comicios de octubre de 2027.

No hay que ser un sabio para darse por enterado de las razones que lo mueven al Poder Ejecutivo nacional a embestir contra las mencionadas primarias. En realidad, si hay una fuerza a la cual le conviene hacerlas de lado, es a La Libertad Avanza.

Cualquiera sabe que en la bandería que hoy maneja los resortes del Estado hay un candidato indiscutible. Algo que no sucede ni en el peronismo, ni en el Pro, ni en la Unión Cívica Radical ni tampoco en la izquierda criolla.

Así como Javier Milei tiene en este sentido allanado el camino, en el universo de los peronismos asoman con pretensiones presidenciales —sea con mayor o con menor fuerza—, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac; el actual mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela y quién sabe si Sergio Massa y algún otro de su calado no alientan esperanzas de probar suerte y encabezar la boleta electoral populista.

Otro tanto cabe decir de la agrupación partidaria que preside Mauricio Macri, donde ya han cantado presente Hernán Lacunza y Carlos Melconian. Y lo mismo corresponde afirmar de los seguidores de Alem, Yrigoyen y Alfonsín, sin olvidarnos de los que siguen soñando con la lucha de clases, el control obrero del poder y la socialización de los medios de producción. Lo que para los de color violeta no es un problema, para todos los demás resulta un quebradero de cabeza.

Las PASO, pues, si quedaran fuera del cronograma electoral le crearían al arco opositor completo una complicación no menor en términos de tiempo, peleas y dinero.

Razón de más para que el peronismo haya cerrado filas —y llegado a un acuerdo entre casi todas sus facciones— con el propósito de oponerse en el Congreso a cualquier intento del oficialismo de dejar a la partidocracia sin ese instrumento que le permite, sin costo alguno para ella y con padrones no siempre claros, decidir dentro de un año —en el mes de agosto— qué formula tendrá la responsabilidad de defender los colores partidarios cuando se substancie la primera vuelta de las elecciones generales. Las PASO le facilitan a los distintos partidos el dirimir supremacías con

arreglo a un procedimiento legal gratuito, que no puede discutirse. Si faltaran, se abriría para ellos la caja de Pandora y los pondría a peronistas, izquierdistas, macristas y radicales, a parir. Esto hace que —al margen de los kirchneristas— tanto en las filas de los amarillos como en los de boina blanca y en algunas gobernaciones ya se encuentren haciendo cuentas de cuánto pedirle al mileísmo en contraprestación por sus votos. Nada es gratis y los que están de uno y otro lado del mostrador lo saben sin que nadie deba recordárselo.

Mientras tirios y troyanos se preparan para una ronda de debates y votaciones de singular importancia en las dos cámaras del Parlamento, los claroscuros a los que nos tiene acostumbrados la gestión libertaria siguen a la orden del día.

Podrá discutirse el sentido estratégico que arrastra la cláusula usada a expensas de las empresas chinas a la hora de licitar la Hidrovía o el ferrocarril Belgrano.

Es evidente que a Pekín le interesa mucho más — con razón—que no se metan con la estación satelital de la provincia de Neuquén, que el competir en licitaciones hídricas o de trenes. De lo contrario, habría puesto el grito en el Cielo y jugado la carta del swap de otra manera.

Desde que el kirchnerismo firmó en 2012 los primeros convenios con la cancillería de ese país para la construcción del enclave administrado por la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites —que tantas preguntas sin respuestas ha generado— los orientales han tenido en claro cuáles son sus prioridades.

Lo que no tiene pies ni cabeza —si de exclusiones se trata— es por qué no se utiliza la misma vara cuando toca hacer concesiones de tramos de rutas nacionales que serán administradas por empresas nacionales probadamente corruptas.

Como se sabe, en la causa Cuadernos figuran como procesados los principales integrantes de lo que en la jerga políticamente incorrecta se conoce como la Cámara Argentina de la Corrupción. El conjunto de hombres de negocios que la pueblan —salvo honrosas excepciones—se prestaron a secundar el despreciable plan del matrimonio Kirchner sin decir esta boca es mía.

Para hacer las obras que distribuía a su antojo Julio de Vido por orden del matrimonio patagónico, todos aceptaron de buena gana pagar coimas. Pues bien, algunos de esos personajes son los que hoy se han hecho acreedores de las adjudicaciones que el Ministerio de Economía acaba de decidir, con exigencias mínimas de inversión. ¿No era que Milei llegaba, entre otras cosas, para poner término a los manejos turbios de los dineros públicos y combatir a la parte deshonesta de la casta empresarial? Pero los interrogantes incómodos no terminan ahí. El caso de FlyBondi se ha transformado en un escándalo mayúsculo sin que el gobierno tome cartas en el asunto. La estafa de la citada compañía al vender boletos al por mayor con plena conciencia de que los que pretendían viajar no iban a poder hacerlo porque 90 % de los vuelos se cancelarían, viene de lejos.

Curiosamente, el organismo estatal encargado del control ha mirado para otro lado. ¿Serán simples habladurías que el dueño de esa línea aérea, Leonardo Scatturice, es un íntimo de Santiago Caputo?

¿Habrá coimeado a Dios y María Santísima, como dicen las malas lenguas?

En los días por venir asistiremos a una singular pulseada parlamentaria. El oficialismo, para sostener el superávit, tratará junto a sus aliados tácticos de convertir en ley la reforma del Banco Central y el régimen de inocencia fiscal. Ni lerdos ni perezosos, los kirchneristas —de común acuerdo con la izquierda, un punado de radicales y buen parte de los representantes de Provincias Unidas— buscará impulsar dos proyectos que los libertarios rechazan de plano: un remedio para la creciente morosidad de cientos de miles de personas y la extensión por un año más de la emergencia en discapacidad. Si nos dejamos llevar por lo que en sordina dicen los contendientes, ambos aseguran tener los votos suficientes para consumar con éxito sus respectivos planes.

En este contrapunto el gobierno parece más cerca de la verdad que sus opugnadores.

Hasta la próxima semana.