Es de todos conocida la alianza tácita que por espacio de décadas, ha hermanado a la Foreign Office con el Departamento de Estado. Y no se necesita pasar revista hasta dónde, antes y después de la guerra del Atlántico Sur, la principal potencia planetaria ha apoyado, dentro y fuera del ámbito de la Organización de la Naciones Unidas, a su madre patria.

Si de buenas a primeras, más que por una sesuda evaluación de los pros y las contras de tamaña tradición diplomática, el mandamás yankee cambiase la dirección de las velas, ello representaría —casi con seguridad— una decisión pasajera. Pensar que si ese giro sorprendente se produjera obraría una suerte de punto de inflexión favorable a nuestros intereses en aquellas islas es no entender la dinámica del poder mundial. Si se confirmase, no dejaría de resultar una buena noticia.

Tan sólo eso.

La otra novedad de bulto, de puertas para adentro de la Argentina, ha sido la anunciada presentación del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reputando de arbitrario —nada menos— el fallo de ese tribunal en la causa de la lujosa quinta de Pilar atribuida —con fundadas razones— a la mano derecha del Chiqui Tapia.

La resolución de los dos magistrados de la Sala 1 de aquella cámara, Mariano Borinski y Diego Barroetaveña, podría —sostuvo Villar— “sembrar dudas acerca de la imparcialidad” de los dos camaristas y dar lugar a la sospecha de que hubo forum shopping.

Lo curioso del caso —por decir lo menos— es que el juez Borinski incurrió en una flagrante contradicción con un fallo anterior de su autoría y Barroetaveña no se excusó, siendo que hasta el pasado mes de noviembre había ocupado el cargo de presidente del Tribunal de Ética de la AFA. Una verdadera vergüenza. En los ambientes tribunalicios y en el mundo de la política son legión quienes piensan que —para recordar la célebre frase de William Shakespeare en su Hamlet— “algo huele a podrido en Dinamarca”.

El escándalo se va agigantando a medida que pasan los días y la atención está puesta en la postura que adoptará la Corte Suprema si —como todo lo hace pensar— la causa llega por vía extraordinaria a las manos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

De cara a las elecciones primarias que se substanciarán en el mes de agosto del año próximo —si acaso fracasase el propósito gubernamental de eliminar las PASO— y de las presidenciales que se llevarán a cabo sesenta días más tarde, durante el último domingo de octubre, es imprescindible diferenciar los pactos, acuerdos, componendas —o como quiera llamárselos— de los dirigentes políticos, de la decisión final de los ciudadanos cuando deban emitir su voto en elcuarto oscuro.

Si cualquier persona de esa minoría a la cual le interesa la política —según una encuesta reciente sólo 35 % le dedica algún tiempo al análisis de la cosa pública— se toma el trabajo de repasar las noticias referidas al reciente acercamiento de los Milei con los Macri —para citar apenas un ejemplo de los varios que cabría enumerar— pronto caerá en la cuenta de que en aquéllas sólo se hace referencia a conversaciones entre los dirigentes de uno y otro partido.

Cuánto puedan arreglar Cristian Ritondo, Fernando De Andreis y Humberto Schiavoni con Santilli, Lule Menem y Karina Milei, en pos de una alianza que les permita al Pro y a La Libertad Avanza marchar unidos el año próximo, será de fundamental importancia en el plano de lo que cabría denominar —a falta de mejor término— el nivel dirigencial.

Pero tanto si alcanzaran a fumar la pipa de la paz como si terminaran a las patadas y no hubiese reconciliación posible, no querría decir esto que el oficialismo perdería votos imposibles de recuperar. Lo escrito apunta a poner sobre el tapete una distinción que es tan básica como trascendental a la hora de repasar la potencial musculatura de cada agrupación.

El hombre que mandaba a votar por la mona Chita y lograr que ésta bien pudiese ganar se murió hace más de medio siglo y se llamaba —por si alguien todavía no hubiera adivinado su nombre— Juan Domingo Perón. Desaparecido él de la escena, no hubo nadie con el carisma, magnetismo y autoridad suficiente como para elegir a dedo a quien se le ocurriese, sabedor que las mayorías que lo idolatraban lo respaldarían a ojos cerrados.

Sería inimaginable suponer que Javier Milei, Mauricio Macri, Cristina Fernández, Sergio Massa o Axel Kicillof —para nombrar a los más representativos— pudiesen emular hoy al viejo general populista. Claro está que cada uno de ellos tiene —según sean las circunstancias— un así denominado núcleo duro que lo apoyará a sol y a sombra.

Pero sólo con los propios no se gana una elección. Y mucho menos cuando a ese 65 % de los votantes, a los cuales la política no les interesa, no se siente representado por ninguna de las banderías que se aprestan a dirimir supremacías el año que viene.

El compromiso al que puedan eventualmente llegar los líderes de una parcialidad no necesariamente significa que —de manera automática— todos y cada uno de sus seguidores acatarán la instrucción de sufragar por tal o cual lista.

Cuando luego de la primera vuelta de octubre de 2023 quedó en claro que habría un ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei, no fue necesario esperar a que Patricia Bullrich —la cual, contra buena parte de los pronósticos preelectorales, resultó tercera en esa puja— dejase atrás sus diferencias con este último y pidiera a sus partidarios que lo votarán en noviembre.

Con o sin la exhortación de la candidata del Pro, 99 % de quienes la habían acompañado ya tenían decidido a quien respaldar, y por lo tanto era fácil saber cuál sería el triunfador. Básicamente, porque en unos comicios presidenciales en los que se juegan a todo o nada entre sólo dos aspirantes quién será el encargado de manejar los resortes del Estado por espacio de cuatro años no hay recomendación de arriba que sea acatada abajo como una orden militar.

Es difícil pensar que la mayoría de aquellas personas que forman parte de lo que genéricamente se conoce como antiperonismo —y que literalmente odia a los K— vayan a votar a Hernán Lacunza o Carlos Melconian aunque tengan el nihil obstat de Mauricio Macri, salvo en el caso de producirse una catástrofe —posibilidad que parece remota.

Sobre el particular, un abismo separa las consideraciones que los ciudadanos comunes y corrientes hacen de unas elecciones legislativas respecto de aquellas de carácter presidencial. En los casos de una pulseada entre el libertario y Axel Kicillof o Sergio Massa la dicotomía peronismo-antiperonismo recrudecerá de manera exponencial.

Quienes ahora se sienten desilusionados con la deriva de la gestión administrativa libertaria, si considerasen que el kirchnerismo tiene chances de recobrar el poder no dudarían un segundo —aun tapándose la nariz— de inclinarse en un ballotage por el actual presidente.

Nunca está de más reparar en lo antes expuesto, particularmente en atención a lo que comienza a notarse en la totalidad de los relevamientos de opinión pública referidos a la intención de voto. Es cierto —y lo hemos repetido muchas veces— que, faltando catorce meses para los comicios, las encuestas de naturaleza cuantitativa son menos importantes que las cualitativas.

Pero sucede que el acortamiento de la distancia entre Milei y Kicillof —de lejos el mejor posicionado de los opositores al gobierno— que ponen al descubierto las muestras cuantitativas se corresponde en este momento con los números que arrojan las cualitativas.

Si a principios de año la diferencia era de diez puntos, y la insatisfacción con el oficialismo gobernante no llegaba a 50 %, ahora aquélla se acortó a dos o tres puntos y ésta creció hasta llegar en algunos sondeos a 65%.

Lo que significa que la posibilidad de que en noviembre de 2027 hubiese un final de bandera verde —ue era casi impensable tras la contundente victoria de los violetas en octubre pasado— no es un escenario remoto ni mucho menos.

Hasta la próxima semana.