Si no se cruzaba en el camino del gobierno un imponderable, y a condición de no cometer errores no forzados y que la economía lo acompañase, nada que pudiese arruinar los planes presidenciales parecía probable.

Doce meses después de aquellos comicios y sin que un cisne negro hubiese aparecido de la nada en el horizonte, el escenario de un triunfo libertario en la primera vuelta representa una expresión de deseos y el resultado de una segunda vuelta resulta materia de debate.

Los daños gratuitos y autoinfligidos no requieren ser enumerados. Son constantes y visibles. No pasa lo mismo con otro inconveniente que ha impedido que la revolución económica que pretende impulsar la administración libertaria prospere en tiempo y forma. Vayamos a cuentas.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, viene de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que ésta analice cuál juzgado debe quedarse con el expediente que trata de determinar quiénes son los verdaderos dueños de la famosa mansión de Pilar. La cúpula de la AFA —como no podía ser menos— busca por todos los medios que a la causa la retenga el juez federal de esa localidad, Adrián González Charvay.

La presentación del mencionado fiscal apunta, inversamente, a que el máximo tribunal del país revoque el fallo —verdaderamente vergonzoso— de la sala 1 de aquella cámara, integrada por Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, según el cual corresponde entender en el asunto al magistrado amigo de Tapia y Toviggino. No es la primera vez que el dúo Borinsky-Barroetaveña obran de una manera tan llamativa. Meses atrás habían beneficiado a Cristóbal López y a su socio Fabian De Souza en un caso en donde estaban en juego millones de dólares. Mal pensados, abstenerse.