Jueves, 23 Julio 2020 21:00

La tóxica relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner - Por Fernando Laborda

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De acuerdo con la particular concepción del poder de Néstor y Cristina Kirchner, estos solo podían tener esclavos o enemigos. Siguiendo esa lógica, Alberto Fernández únicamente podría ser imaginado por la expresidenta de la Nación como un súbdito, antes que como un aliado.

 

Es probable que para el Presidente, tarde o temprano, su relación de poder con Cristina se convierta en tóxica, como se define a aquellas relaciones de pareja donde al menos una de las partes sufren más de lo que gozan y se ve sometida a un creciente desgaste emocional al intentar autoconvencerse de que se puede salvar esa unión.

         

En una relación como esta y con funciones invertidas, a partir de que la vicepresidenta fue quien ungió a su compañero en el primer lugar de la fórmula presidencial, cualquier observador podría imaginar que Alberto Fernández esté obsesionado por desembarazarse de la tutela de Cristina. En distintos momentos, adláteres del jefe del Estado pensaron en el progresivo armado de un movimiento albertista, sustentado en el apoyo de gobernadores provinciales peronistas que desde hace tiempo no comulgan con el cristinismo. Pero, por varias razones, ese proyecto nunca llegó a ponerse en marcha.

Distintos análisis de opinión pública confirman que, para una importante parte de la sociedad, la vicepresidenta tiene más peso que el Presidente en las decisiones políticas y que la cercanía a Cristina Kirchner le resta a Alberto Fernández apoyos en los sectores independientes del electorado, incluidos aquellos que lo votaron en octubre pese a mantener diferencias con el kirchnerismo.

Sin embargo, cerca del primer mandatario, lejos de alentarse un distanciamiento respecto de la vicepresidenta, se viene sobreactuando la supuesta armonía entre el titular del Poder Ejecutivo y la vicepresidenta.

Se explica en esos círculos que, en todo caso, Alberto Fernández no está corriendo una carrera de 100 metros, sino una prueba de fondo, como se conoce a esas competencias de atletismo que van desde los 5000 metros hasta la maratón de 42 kilómetros. El Presidente no debe moverse, según esa concepción, como un velocista, sino como un típico fondista, que en los primeros tramos de la carrera corra junto al pelotón principal, sin intentar adelantarse para reservar energías con vistas al sprint final y no trastabillar.

De acuerdo con ese criterio, una prematura ruptura con el cristinismo constituiría un error que el Presidente podría pagar muy caro, ya que la vicepresidenta controla al mayor número de senadores y diputados del oficialismo, entre otros resortes de poder. Y, por si eso fuera poco, la situación socioeconómica presente le resta fortaleza al primer mandatario para emprender un camino de mayor autonomía política.

Es difícil que la historia de 2005 se repita. En ese año, Néstor Kirchner optó por divorciarse de su mentor, Eduardo Duhalde, alentando a su esposa Cristina a encabezar la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires en las elecciones en las que derrotó a Hilda "Chiche" Duhalde, provocando el retiro del duhaldismo a cuarteles de invierno.

¿Puede forzar Alberto Fernández una movida semejante para consolidar su autoridad? ¿Podría sufrir Cristina Kirchner lo mismo que padeció Duhalde en 2005? No parece factible por el momento, por dos razones. Primero, porque el actual Presidente carece de voluntad para ejecutar una jugada similar y, en segundo lugar, porque a diferencia de lo que ocurría con el gobierno kirchnerista 15 años atrás, la economía no lo acompaña.

Entretanto, el Presidente es blanco de la presión de Cristina Kirchner para que se encuentre una rápida solución a las causas judiciales por corrupción en las que se encuentra procesada. Es innegable que ese objetivo formaba parte del acuerdo con la exmandataria que llevó a Fernández a la candidatura presidencial del Frente de Todos.

Tanto el intento de derogar traslados de jueces federales durante la gestión de Mauricio Macri como la fuerte presión para que el actual procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presente su renuncia pese a que aún no está designado su sucesor -el oficialismo impulsa para ese cargo a Daniel Rafecas- son movimientos dirigidos a apuntalar el plan de impunidad. Uno de los propósitos de alejar a Casal de su cargo de jefe de fiscales es básicamente avanzar contra algunos de estos que resultan molestos para Cristina Kirchner, como Carlos Stornelli, quien estuvo a cargo de la investigación sobre los cuadernos de las coimas.

La idea de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que no figuraba en los planes originales del presidente de la Nación, y de facilitar su división en salas apuntarían también a mejorar la situación de la expresidenta para el caso de que alguna causa judicial en la que está comprometida llegue al máximo tribunal.

El problema que se le presenta al primer mandatario, que además es profesor de Derecho Penal, es cómo obrar para que el proyecto de reforma judicial que se conocerá la semana próxima sea visto como un intento por tornar más eficiente la administración de justicia y no como lo que aparentaría ser de acuerdo con los presagios de la oposición: una mera batería de instrumentos legales para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner y de otros exfuncionarios de su gobierno.

Fernando Laborda

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